“Se entiende por estrategias de reducción de daños al conjunto de acciones sanitarias, sociales y comunitarias para disminuir los efectos perjudiciales del consumo de drogas y su vinculación con la infección por vih-sida. La meta principal no es el abandono del consumo sino la minimización de los riesgos, daños sociales y sanitarios asociados con el uso de drogas.” Así define el Proyecto Lusida, que depende del Ministerio de Salud, la estrategia de reducción de daños que en teoría debe ser aplicada en nuestro país ya que, vaya a saber por qué descuido de la reacción, muy saludable por cierto, fue aprobada una ley en ese sentido. En su versión más común esta estrategia se aplica entregando jeringas descartables a quienes las usan para inyectarse drogas, para evitar que las compartan y corran el riesgo de contagiarse vih. Parece una utopía en un país donde la portación de un porro te puede llevar a la cárcel, pero a lo mejor ésta es una de esas famosas grietas del sistema por las que podría colarse una manera distinta de ver al otro, de considerarlo, de respetarlo. El otro podría ser esa persona que elige una forma de vida que no se comparte, que hace elecciones distintas, que decide sobre su propio cuerpo aun cuando se pueda pensar que lo hace en contra de su salud, de su vida en general, de lo que se supone correcto. Pero aun así, ese otro me importa, más allá de lo que haga. “Hace lo que quieras, pero cuidate lo más posible”, eso es lo que teóricamente le estaría diciendo el Estado, por ejemplo, a ese pibe que se inyecta y no quiere dejar de hacerlo. Insisto, suena a utopía, pero la verdad es que la ley existe y sería bárbaro que se aplicara también en distintos sentidos. Que sirviera para que de una vez se dejaran de lado mensajes contradictorios –fidelidad, pareja estable, conductas de riesgo, etc., etc.– sobre las formas de prevenir el contagio de vih y claramente se dijera “hacé lo que quieras, cuando quieras, pero hacelo con forro”. Que sirviera también para alentar a quienes están marginados de los sistema de salud como las travestis, a que se acerquen. En ese caso no se les pediría su DNI para atenderse en hospitales ni se los llamaría por su nombre de varón. Se les diría “viví como elegiste vivir, pero no te niegues el derecho a la salud”. Podría servir también para que los y las adolescentes tuvieran acceso a la información sobre sexualidad sin tener que pedirles permiso a sus padres, porque ellos también hacen lo que quieren, se les dé permiso o no, y de todos modos necesitan protección y cuidado. Claro que la esquizofrenia está a la orden del día y, si bien se aprobó la Ley de Reducción de Daños, la de salud sexual y reproductiva quedó trabada en el Senado, justamente, porque no hubo acuerdo para que los adolescentes puedan recibir información y anticonceptivos sin la autorización de sus padres en los servicios públicos. Es una lástima que no se pueda ampliar la reducción de daños a muchos otros ámbitos, y que además se aplique –si es que así– en un marco de secreto tal que muchos no saben que no hace falta caretear en la farmacia para conseguir una jeringa, basta solicitarlas en algún centro de salud. Pero, ya sabemos, las grandes marchas empiezan con un primer paso, y éste puede ser uno. Siempre que esto se entienda no como la ayuda a alguien que no puede decidir por sí mismo, sino como una forma de respeto y protección de la vida de las personas más allá de sus elecciones.

marta dillon
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