Es el apoderado de una empresa proveedora de facturas truchas. El juez argumentó que se trata de quien “insinuó una imputación” contra Julio De Vido y que ya hubo un conflicto con el Ejecutivo por su traslado.
LO QUE DIRA EL CONSEJO
El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, le dijo a Página/12 que el Gobierno puede pedir una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero que, en este caso, no se trataría de un fallo obligatorio. Asegura que no hay “conflicto de poderes”.
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