A propósito de la nota de Horacio Verbitsky publicada el día 16 del corriente bajo el título “Los jueces quieren saber”, creo oportuno informarle que jamás me he desempeñado bajo dependencia del Dr. Ricardo Recondo. He sido director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Interinstitucionales de la entonces Secretaría de Justicia de la Nación mientras estuvo a cargo del Dr. Ideler S. Tonelli y bajo su dependencia directa. El Dr. Ricardo Recondo fue subsecretario de Justicia en esa gestión; pero la Dirección de Asuntos Jurídicos no estaba en su área. Posteriormente, Ideler Tonelli fue designado ministro de Trabajo de la Nación y me llevó como secretario de Trabajo. No es sólo formal la inexactitud sino que tampoco tengo con el Dr. Recondo vínculo político. En todo caso, mantenemos una relación respetuosa, pero tenemos opiniones opuestas. Es exacto, en cambio, que he sucedido al Dr. Rafael Gutiérrez en la presidencia de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y CABA, aunque no comparto su opinión acerca de la actitud del Dr. Gutiérrez respecto de la independencia de los jueces. Creo que para tener una visión acabada se debe contemplar su desempeño en diversas situaciones en las que los poderes judiciales sufrieron presiones de los poderes ejecutivos. Desde luego, no estoy hablando del Poder Ejecutivo Nacional, sino de los de varias provincias. La comunicación fue unánimemente aprobada por la Comisión Directiva de la Jufejus. Ciertamente, no está concebida como un documento opositor, puesto que no busca enjuiciar la marcha de un gobierno, menos aún desde una perspectiva partidaria o competidora en cualquier sentido. Tampoco se concentra en acciones de gobierno, sino que advierte acerca del impacto de las influencias, de toda especie; ni en lo que hace a actitudes gubernamentales, al nacional, sino que parte de lo que indica como perturbador para la independencia judicial son acciones de gobiernos o políticos cuyo mandato emana de provincias. Finalmente, lo que se busca asegurar es la confianza que susciten los fallos judiciales. Cuando son pronunciados después de comunicaciones públicas, de orígenes diversos, que enjuician gravemente a los jueces, según el contenido de la decisión que luego adopten, es muy probable que muchos ciudadanos sospechen de los efectos de esas comunicaciones sobre el ánimo de quienes juzgan; y en esas condiciones pueden interpretar los fallos más como el fruto de móviles, siempre personales, en lugar de razones jurídicas. Todo ello, dejando expresamente a salvo el derecho de criticar cualquier sentencia, aun duramente, en el momento en que la crítica no constituye ni puede constituir una manera de condicionar el pronunciamiento judicial.

Doctor Luis Lozano

Presidente de Jufejus