Los intentos de censura (y muy pocos logros) que sufrió el sitio Wikileaks después de la filtración de 250 mil cables diplomáticos demostraron hasta dónde depende Internet del humor de los gobiernos de cada país, y sobre todo de los proveedores de Internet. Como es sabido, desde la liberación de los cables, el dominio wikileaks.org fue dado de baja, su cuenta en PayPal (usada para recibir donaciones y que pertenece a Meg Whitman, perdedora candidata republicana a la gobernación por California) fue “frizado” y siguió sufriendo ataques de denegación distribuida de servicio (Ddos) por parte de los hackers. Mientras, el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó “No tweetear sobre Wikileaks”, ya que podría ser algo “peligroso para las búsquedas laborales”, una recomendación tomada por la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, aunque finalmente la decisión fuera revertida ayer.

Hay algo curioso: todas estas decisiones que han afectado el funcionamiento de Wikileaks han sido tomadas por empresas privadas que rescindieron contratos con la excusa de violación de cláusulas, aunque bajo presión política. Según la prestigiosa organización Electronic Frontier Foundation, debido a la existencia de la Primera Enmienda, “el gobierno no puede tomar acciones oficialmente para silenciar a Wikileaks, pero una compañía de web hosting no es el gobierno”. Ante la ausencia de su dominio original, Wikileaks se las arregló para organizar un sistema de espejos (al cierre de esta nota ya eran más de 500 servidores que replicaban los documentos), ha distribuido la información a través del protocolo peer-to-peer y puso a disposición archivos encriptados como una especie de póliza de seguro de vida del creador del sitio Julian Assange. Twitter es la fuente principal de divulgación oficial de Wikileaks: de hecho, hoy la cuenta de Wikileaks tiene más de 400 mil seguidores, aunque ayer diversos blogs especializados aseguraban que Twitter estaba sacando a Wikileaks de los llamados “trending topics”, o los temas más mencionados.

Estos esfuerzos absurdos por enterrar a Wikileaks (con el dominio que sea, albergado en el país que sea) son apenas una muestra de la fragilidad de Internet como estructura política. De hecho, podría haber un problema mayor en un futuro no muy lejano: el fin de la neutralidad de Internet (net neutrality, en inglés), ofreciendo una zambullida de las corporaciones hacia la censura y el monopolio. El concepto de neutralidad de Internet acuñado por Tim Wu, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, presupone que las compañías que ofrecen los servicios de Internet (Arnet, Speedy, Fibertel, Telecentro, Sion, en el caso de Argentina) deben tratar de la misma manera cualquier tipo de “dato” que se envía o se recibe. El debate en los últimos tiempos, según el diario The New York Times, se centró en la idea de que “las compañías proveedoras de Internet pueden darles trato preferencial a quienes paguen por una transferencia más rápida, o hacia su contenido, creando algo así como dos tipos de web, o incluso blockear contenidos que representen puntos de vista controversiales”.

Mientras en Argentina el uso de datos tanto con conexiones cableadas como inalámbricas no está regulado, y se han registrado discriminaciones de servicios p2p en proveedores como Fibertel o Arnet, en Estados Unidos la situación está un poco más “avanzada”: la propuesta conjunta de Google y la compañía proveedora Verizon, publicada en agosto pasado en la web, propone que Internet sea neutral para las conexiones “alámbricas”, aunque no así en las conexiones “inalámbricas”. Es decir, en pocas palabras, Google recibiría un trato preferencial por parte de Verizon y viceversa en el caso de telefonía móvil. La inesperada declaración del buscador de Internet (conocido por su diatriba a favor de los sistemas abiertos y que jamás se hubiese convertido en Google de haber existido estas limitaciones en el pasado) generó una fuertísima reacción por parte de otras compañías de la web y de organizaciones no gubernamentales, así como organizaciones de usuarios, algunos de ellos viajaron incluso hasta la puerta de Google para manifestarse en contra.

Tiempo atrás, Mitchell Baker, representante de la Fundación Mozilla, le pidió una reunión al jefe de la Federal Communications Commission (F.C.C.), Julius Genachowski, donde le exigió una intervención concreta en el mercado a favor de la neutralidad de la red. La Justicia estadounidense no les dio cabida a los intentos de regulación de la F.C.C., aun así, y contra lo que se preveía –teniendo en cuenta el expreso “compromiso” con la neutralidad de la red del presidente Barack Obama durante su campaña presidencial– dos días después de la liberación de los cables de Wikileaks, el 1 de diciembre pasado, Genachowski abrió una puerta sinuosa a la regulación del tráfico: por un lado, pretende prohibir a los proveedores de Internet bloquear “contenidos legales”, pero deja abierta la puerta para cobrar “diferentes tarifas” para diferentes tipos de servicios. La propuesta también permitiría a los proveedores “gestionar sus redes para limitar la congestión del tráfico”. Esta discutida propuesta se votará los últimos días de diciembre en Estados Unidos.

En esas palabras, la regulación de la neutralidad de la red les daría a las corporaciones privadas la posibilidad de definir “contenidos legales” y, a su vez, permitiría a las grandes corporaciones hacer uso “discriminado” por posibles congestión de tráfico, y –amparados en la libre empresa– tendrían una mayor libertad para “censurar” filtraciones, algo que el gobierno no puede hacer. Mientras el senador Joseph Lieberman ingresa al Congreso de Estados Unidos legislación anti Wikileaks que pretende convertir en crimen federal a todo aquel que publique el nombre de una fuente de inteligencia militar, está claro que los vientos que soplan sobre la neutralidad en la red están más bien en contra, aunque son absurdos. Porque como dijo Barry Diller, gestor general de Expedia, Ticketmaster y Match.com entre otros sitios al The New York Times, una legislación contraria a la neutralidad “sería el equivalente a pedirle a la tostadora que pague para tener la posibilidad de ser conectada al sistema eléctrico”.

[email protected]
@cult_digital / @blejman