Hoy, 9 de octubre, se cumple un año desde que el Tribunal de La Plata decidió de manera unánime condenar al sacerdote católico Christian von Wernich por delitos de lesa humanidad. Fue luego de un juicio prolongado, ajustado a derecho y con todas las garantías para el acusado, más allá de las afirmaciones que, en sentido contrario, hacen sus incondicionales. Frente al repudio de gran parte de la sociedad, la institución eclesiástica católica a través de la Conferencia Episcopal dio a conocer un más que tibio comunicado insistiendo en su línea argumental en la materia: dijeron que el cura actuó “bajo su responsabilidad personal”. Traducido: no hay responsabilidad institucional. El superior inmediato de Von Wernich es el obispo de Nueve de Julio, Martín de Elizalde. El pidió “perdón” en nombre de la Iglesia por los delitos de Von Wernich, pero pateó la pelota para adelante respecto de las sanciones al cura violador de los derechos humanos. “Oportunamente se habrá de resolver, conforme a las disposiciones del Derecho Canónico (la ley eclesiástica), acerca de la situación de Christian von Wernich”, afirmó entonces el obispo.

Hace ya un año de tales afirmaciones y no se conoce que el proceso eclesiástico contra Christian von Wernich haya avanzado. No se conoce sanción canónica (ajustada al derecho eclesiástico) contra el cura. Eso hace pensar o que todo ha quedado congelado y la “oportunidad” de la sanción no llegará nunca o bien que cualquier medida en este sentido ha quedado en secreto. Esto último es improbable porque, de acuerdo con las informaciones que trascienden desde el lugar donde se encuentra recluido el cura condenado por delitos de lesa humanidad, el sacerdote sigue ejerciendo sus funciones religiosas y ni siquiera se le han retirado las licencias (autorizaciones) eclesiásticas para actuar como ministro de la Iglesia Católica.

Está claro que para las autoridades eclesiásticas de Von Wernich las pruebas de la Justicia civil no son suficientes, por más categóricas que éstas hayan resultado para los jueces. Quizás hasta pueda decirse que, aunque nunca lo haya manifestado públicamente de esa manera, para su obispo el cura es inocente, lo cual lo convertiría en presunta “víctima” de alguna “conspiración contra la Iglesia”. Si no fuera así es difícil explicar por qué la Iglesia “experta en humanidad”, como lo sostiene la doctrina social católica, sigue sosteniendo a alguien que con sus prácticas ha demostrado exactamente lo contrario. “Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón (el de la Iglesia)”, se dice en el documento conciliar Gaudium et Spes (Nº 1).

Un año después de su condena, el cura torturador está preso y en su lugar de reclusión sigue gozando de todas las atribuciones y consideraciones de su condición sacerdotal. Para el obispo de Nueve de Julio y para la jerarquía de la Iglesia Católica todavía no ha llegado la oportunidad para aplicarle las sanciones eclesiásticas que podrían corresponderle a Von Wernich por los cargos de violación de los derechos humanos que se le probaron en la Justicia civil.

Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina pueden decir, en términos estrictos, que sólo al superior de Von Wernich, en este caso el obispo de Nueve de Julio, le corresponde adoptar las eventuales sanciones. Pero más allá de las cuestiones formales existe también una responsabilidad ética y moral que les cabe a todas las autoridades eclesiásticas, que deben responder ante toda la sociedad y ante su propia feligresía. La pregunta entonces es: ¿hasta cuándo la institución eclesiástica seguirá actuando de una manera que sólo puede entenderse como complicidad con uno de los suyos que es claramente un violador de los derechos humanos? El problema ya no es ni siquiera Von Wernich, sino una vez más la Iglesia misma y la credibilidad de sus autoridades frente a la sociedad.