Es lo que al parecer escucharon los miembros del jurado de Texas que en 1999 condenó a la pena capital a Khristian Oliver, de 22 años entonces, por asesinar a un anciano para robarle. Según el testimonio de un cómplice, Oliver mató a la víctima a balazos antes de golpearle la cabeza con la culata de su rifle. No está en cuestión la gravedad del delito que, desde luego, merece castigo. Lo notable es que los miembros del jurado se apoyaron en la lectura del Antiguo Testamento para acordar el tipo de penalidad –muerte, en vez de prisión perpetua, por ejemplo–, según reconocieron varios de ellos. No deja de ser algo novedoso. Y violatorio de la Constitución de EE.UU., que invalida los juicios en los que, más allá de las pruebas, se detecta alguna “influencia externa”.

La fecha de ejecución de Oliver se ha fijado para el 5 de noviembre próximo y esto ha reverdecido la actualidad del caso. Dos pedidos de apelación fueron rechazados, aunque una Corte federal reconoció el año pasado que la referencia a la Biblia en la habitación donde deliberaban los jurados era inadecuada, pero confirmó la sentencia con el argumento de que no se había probado que esa lectura había influido en la decisión final. Sin embargo, algunos componentes del cuerpo juzgador no ocultaron el papel que sus creencias religiosas desempeñaron en el fallo.

Los abogados de Oliver presentaron como testigos a cuatro componentes del jurado en las sesiones de una primera apelación. Uno de ellos, Kenneth McHaney, relató que otro miembro, Kenneth Grace, leyó en voz alta textos de la Biblia durante las deliberaciones y que en el lugar de reunión había cuatro ejemplares del libro. Donna Matheny le mostró al primero un ejemplar con pasajes subrayados y Maxine Symmank reconoció que había recitado este pasaje de Números: “Y si con instrumento de hierro lo hiere, y muere, homicida es; el homicida morirá” (www.guardian.co.uk, 15/10/09). En el 2002, un quinto jurado reveló a un periodista danés que “aproximadamente el 80 por ciento” de los miembros del grupo había “introducido las Escrituras en la deliberación” y que todos las habían consultado “mucho antes de llegar a un veredicto” (www.amnesty.org, 9/10/09). Oliver estaba condenado de antemano a la inyección endovenosa que se aplica en Texas.

En abril del 2009, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó estudiar el caso, pese a que cincuenta ex fiscales estatales y federales la instaron a hacerlo. A Oliver sólo le queda una posibilidad remotísima: la conmutación de la pena de muerte por Rick Perry, gobernador del estado. Hace ocho años que ejerce el cargo y al mes de junio de 2009 había firmado la orden de ejecución número 200 de sus tres mandatos. Le ganó a su predecesor George W. Bush, que apenas autorizó 152.

Texas es muy particular en la materia. La pena capital se volvió a legalizar en ese estado en 1976 y en diciembre del 2005 ya habían tenido lugar mil ejecuciones. En términos generales, es en los estados del sur de EE.UU. donde se registra el mayor número de ejecuciones: el 95 por ciento de todo el país en el 2008. Tal vez esto se deba a la herencia de los tiempos de la esclavitud, los linchamientos y la segregación. A las 428 que hubo en Texas desde 1982, W. Bush y Rick Perry han contribuido con largueza.

Ninguna administración admite que ha ejecutado a un inocente y Perry pasa ahora por semanas tormentosas. La Comisión de Ciencias Forenses del estado había comenzado a investigar el caso del texano Cameron Todd Willingham, ejecutado en el 2004 por haber incendiado su propia casa y causado así el fallecimiento de sus tres hijas, dos mellizas de un año y la mayorcita de dos. Su condena a muerte se basó en análisis científicos equivocados o falsos y en presuntas tendencias homicidas que sus tatuajes probarían (www.alternet.org, 19/10/09). En el 2008, la Comisión contrató a un experto que examinó el caso con otros cinco colegas y llegó a la conclusión de que un accidente había provocado el incendio y que, por ende, Willingham era inocente. Perry despidió a Sam Basset, director de la Comisión, y a otros dos de sus miembros y está haciendo todo lo posible para tapar el escándalo.

El anuncio de la fecha de ejecución de Khristian Oliver se produjo días antes de que el 10 de octubre se celebrara por séptima vez el Día Mundial contra la Pena de Muerte, una iniciativa de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte que agrupa a ONG internacionales, asociaciones de abogados, sindicatos y administraciones locales de todo el mundo. Demandan el cumplimiento de la resolución 62/149 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en diciembre del 2007, que exhorta a los gobiernos del planeta a declarar una moratoria de la aplicación de la pena capital, que por ley o de hecho no se practica en 139 países (www.mnadvocates.org, 10/10/09). EE.UU. y China no se encuentran entre ellos.