Los “neoconservadores” de la Casa Blanca no hacen la guerra gratis. Decididamente. El londinense The Observer (11-5-03) revela que James Woolsey, ex director de la CIA y hoy miembro prominente de la Junta de Políticas de Defensa del Pentágono, dirige una empresa que vive de la llamada guerra contra el terrorismo. Se trata de la Paladin Capital y sus ejecutivos están seguros de que el atentado a las Torres Gemelas abrió “sustanciales posibilidades de inversión en materia de seguridad en el país”: estiman que el gobierno gastará en los próximos años 60 mil millones de dólares en ese campo y que las grandes corporaciones invertirán el doble para defenderse de eventuales ataques terroristas. Creada tres meses después del 11 de septiembre, en poco más de un año ganó presencia en ámbitos tan diversos como las telecomunicaciones, servicios financieros, producción de cables y sistemas de fibras ópticas, transporte, astilleros, salud, industrias armamentistas, otras.
Una de las primeras inversiones de Paladin fue de 10,5 millones de dólares para la AgLON Technologies, que aspira a ser empresa líder en tecnología contra ataques con armas biológicas. Casualmente –o no–, Woolsey fue uno de los más ardorosos denunciantes de la presunta intervención del régimen de Saddam Hussein en la diseminación de ántrax ensobrado en EE.UU. El FBI más bien piensa que fue el científico norteamericano al que sigue interrogando. Claro que Woolsey, buen amigo del superhalcón Paul Wolfowitz, no es el único funcionario público que medra con el clima de terror impuesto por la lucha contra el terror. El Center of Public Integrity de Washington detectó –como se ha informado en estas páginas– que nueve colegas de Woolsey en dicha Junta del Pentágono conservan sus estrechas relaciones con transnacionales a las que el Pentágono mismo otorgó contratos por un valor total de 76 mil millones de dólares en 2001 y 2002.
En tanto, la Kellogg Brown & Root (KBR), filial del gigantesco conglomerado Halliburton del que Dick Cheney fuera director ejecutivo hasta que asumió la vicepresidencia de la nación en el 2000, sigue acaparando contratos jugosos (véase Página/12 del 30-3-03), tal vez apetitosos: ha embolsado ya 89,5 millones de dólares por alimentar y prestar otros servicios a las tropas yanquis ocupantes y a los escasos civiles iraquíes empleados para trabajos de reparación. Este es un contrato peculiar: fue adjudicado a la KBR en exclusividad y sin licitación, su presupuesto no tiene techo y su duración es de 10 años. Pero su característica saliente es que se firmó en diciembre del 2001, cuando comenzó el despliegue de tropas estadounidenses en Medio Oriente y más de un año antes de la invasión a Iraq, y estipula que la empresa debe actuar “en un plazo de 72 horas después de ser notificada y proporcionar apoyo de combate y servicios de combate a 25.000 efectivos militares”. El número de los que se aprestaron para Iraq fue diez veces mayor. También se incrementaron en consecuencia los beneficios de la KBR. Seguirán creciendo: aumenta aceleradamente la cantidad de funcionarios estadounidenses y de exiliados iraquíes que regresan y laboran para la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria (sic) del Pentágono. Un vocero de la empresa reconoció que de las millonadas recibidas sólo unos 100.000 dólares han ido a parar a la economía iraquí.
Los capitalistas iraquíes también tienen apetito. Khalil Bunnia, casi seguro heredero del grupo industrial de su padre, con intereses en la construcción, ganadería, producción alimentaria, bancos y seguros, declaraba a The International Herald Tribune del pasado 10 de mayo: “Ahora todos pelean por una tajada del pastel... Denme la recolección de basura. Denme la publicidad. Denme el embotellamiento de la Pepsi”. Las familias iraquíes tradicionales –los Khudairy, Duleimi, Janabi, Kubba– constituyen una elite empresarial que navegó con flexibilidad bajo Hussein. Su riqueza es considerable. El Herald apunta que poseen inversiones en Siria, Jordania, Arabia Saudita, Dubai y Gran Bretaña. Y esperan sin pasividad una participación en el banquete.
Pero la mayoría del pastel es para Estados Unidos, claro. El proyecto de resolución que el 9 de mayo la Casa Blanca presentó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deja todo el poder en manos de los ocupantes y muy poco espacio al organismo mundial. En una conferencia de prensa que tuvo lugar el mismo día Donald Rumsfeld, el jefe de James Woolsey, manifestó que era sencillamente “imposible saber” cuánto tiempo permanecerán en Iraq las tropas de los vencedores. Apenas el necesario para establecer “un clima de seguridad y tolerancia”, agregó. ¿Sólo para eso? ¿No además para que las transnacionales también tengan su clima? La ocupación no será corta. Pareciera.