Se asiste a un vuelco inesperado de la opinión pública en EE.UU.: cada vez disgustan más los programas de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) que Edward Snowden está dando a conocer por intermedio del periodista Glenn Greenwald en el diario británico The Guardian. Una reciente encuesta del Pew Research Center revela que un 56 por ciento de la población opina que “los tribunales federales han fracasado en poner límites adecuados a la recolección de datos telefónicos y de Internet por parte del gobierno como un elemento de sus esfuerzos antiterroristas” (www.people-press.org, 26-7-13).

Otras opiniones apuntan en la misma dirección, pero tal vez convenga antes señalar que Snowden usó una estrategia diferente a la de Assange: brindó la información en exclusiva a un solo periódico importante y no a cinco, como hizo el último; al parecer, sus resultados son más contundentes y no sólo por la diversa densidad de lo que cada uno filtró.

La mayoría de los encuestados por el Pew Center, un 70 por ciento, sospecha que el gobierno espía a todos y usa esos datos con otros fines que la lucha antiterrorista y un 63 por ciento piensa que el gobierno acumula información sobre el contenido de las conversaciones telefónicas y de los correos electrónicos y no se limita al acopio de los llamados “metadatos”, como afirman los funcionarios, es decir, sólo de los números de teléfono y de las direcciones de email. Lo cual entraña un fuerte rechazo a las afirmaciones oficiales en defensa de tales programas: que están sujetos a una supervisión adecuada, que no se investiga el contenido de las comunicaciones y que su único propósito consiste en reforzar la seguridad del país.

“Es la primera vez en su actividad encuestadora sobre el tema, iniciada en el 2004, que el Pew Center registra que la mayoría expresó más preocupación por las libertades civiles que por el terrorismo.” Apoya esta afirmación en un cuadro-síntesis de sus investigaciones: en el 2004, el 49 por ciento opinaba que el gobierno “no había hecho lo suficiente para proteger al país” contra un 29 por ciento que declaraba exactamente lo contrario. En el 2013, las tendencias se invirtieron: el 47 por ciento considera que el gobierno ha ido muy lejos en materia de restricción de las libertades civiles contra el 35 por ciento en la posición adversa.

Se trata, en definitiva, de dirimir si estas medidas de seguridad son más importantes que el derecho civil a la privacidad personal. Hasta la mayoría de los interrogados que pertenecen al ultraconservador republicano Tea Party juzga que al gobierno se le ha ido la mano con los programas de la NSA: 47 por ciento contra el 35. Esta situación repercute en los representantes y senadores nacionales. El miércoles 31 se produjo un acalorado debate en la sesión del Comité de Inteligencia del Senado: dirigentes de los dos partidos cuestionaron la veracidad de las informaciones que la comunidad de espías de EE.UU. proporciona (www.theguardian.com, 31-7-13).

La NSA había afirmado que, gracias al programa de acopio de datos telefónicos y al que se ocupa de espiar los hábitos y el uso de las computadoras, se habían desbaratado 54 complots terroristas. En la sesión del miércoles del comité senatorial, sin embargo, el subdirector de la NSA, John Inglis, concedió que a lo sumo una sola conjuración terrorista fue impedida merced al espionaje telefónico. Los senadores demócratas Ron Wyden y Mark Udall, miembros del Comité de Inteligencia, siempre han reiterado que no hay evidencias de que dicho programa haya servido para detectar algún complot. La presidenta del Comité, la demócrata Dianne Feinstein, declaró: “Pondríamos a la nación en peligro si anulamos estos programas”.

El prestigioso periodista Dave Kravets documentó la relación entre el apoyo a la NSA de muchos parlamentarios con el dinero que reciben de las industrias del ramo contratadas por la Agencia (www.wired.com, 26-7-13). En particular, señala Greenwald, los que presiden los dos comités de inteligencia –Feinstein en el Senado, el republicano Mike Rogers en la Cámara de Representantes– “son tan absolutamente leales a la NSA... que habitualmente es imposible diferenciar sus conductas, posiciones y comentarios de los que caracterizan a los funcionarios de la NSA” (www.theguardian.com, 29-7-13).

Los jóvenes son los más preocupados por la invasión de la privacidad que practica la NSA, según la encuesta del Pew Center: una mayoría del 60 por ciento evalúa que el gobierno se ha excedido en las restricciones a las libertades civiles con sus políticas antiterroristas. No pocos parlamentarios han comenzado a pensar en sus votantes.