Creo que, sin perjuicio de la coherencia, los detalles y los porcentajes, las formas de pensar y los modos de vivir pueden reducirse a dos tendencias: la solidaridad vs. el egoísmo. Existen unas personas que privilegian la solidaridad, no importa ahora en qué medida, y lo privilegian mediante la estimación de un valor –no sólo– humano que reconocen en primerísimo lugar. Esas personas, si son sinceras con ellas mismas, miden en relación con ese valor sus propias acciones y el de aquellas acciones de quienes por razones temporales, espaciales o simplemente culturales conviven con ellos o a quienes, por alguna otra razón, les toca apreciar. Existen otras personas, en cambio, que prefieren el egoísmo, esto es, juzgan su vida y la de los demás desde ellos mismos, es decir, desde el individuo que realmente son y nadie discute, en más o en menos distinto a los otros, vara de medición de lo bueno y lo malo no sólo de los hechos propios, sino también de los ajenos. Solidaridad significa sentir por los otros, sufrir por ellos, pero también alegrarse por sus realizaciones; el egoísmo, en cambio, traduce toda alegría o sufrimiento al destino propio, si es ventajoso ese emprendimiento será bueno para ellos, si los perjudica lo desecharán, lo tacharán de inconveniente o inútil, como mínimo.

En términos políticos esta disonancia se traduce en individualismo vs. cooperativismo. Los unos estiman que el individuo, la persona individual, es la medida de todas las cosas. De allí que el presidente actual opine que cada uno de nosotros, los gobernados por él, debe encontrar o ubicar por sí mismo el lugar en el que es feliz, y que otro gobernante piense que la organización de un movimiento social, creado para cooperar entre todos para vivir mejor, significa la creación de un Estado dentro del Estado institucional. Los otros piensan que es más sencillo y más virtuoso hallar esa felicidad entre todos, cooperando en la obtención del lugar y los medios para lograr el resultado ansiado. No extraña entonces que la idea política del socialismo conduzca como de la mano a la cooperación y, en cambio, su contraria, hoy el liberalismo, sobre todo el económico y social, desconfíe del cooperativismo y apunte al ser individual. Como alguien dijo vulgarmente “todos unidos triunfaremos”, sentencia que vale tanto para expresar directamente una de esas ideas y, por negación, también la contraria.

De allí también que, en términos jurídicos, el personalismo se exprese con preferencia mediante el principio inmaculado, supremo, de la propiedad privada, al punto de que alguien afirmó públicamente hace días, como si fuera lo más natural del mundo, que los agricultores de este país podían disponer de su cosecha como mejor les viniera a su voluntad, en tiempo –cuando quieran– y, digamos, modal o espacialmente –como quieran–, y se sintieran absolutamente sorprendidos por la negación de estas posibilidades; mientras que los otros, aun sin saberlo, fundaban esa negativa en valores de solidaridad superiores a ella, como seguramente hubiera acertado quien concediera un valor social al derecho de propiedad.

Planteadas así las cosas, todo conduce, a mi juicio, a medir el valor o el disvalor de una acción de gobierno en términos de la lucha de valores entre la igualdad y la discriminación. Por supuesto, esta disidencia sólo se expresa aquí sin detalle alguno, y, sin embargo, ella aparece con toda claridad. Más allá de las medidas concretas y el modo en que ellas han sido o se ven realizadas, los diferentes funcionarios del gobierno actual tienen por cierto que las acciones de los gobernantes anteriores provocan la terrible necesidad de sincerar costos y precios antes subsidiados por el Estado. Así, por ejemplo, el ministro de energía asegura que el costo de la energía eléctrica debe subir en una proporción nunca antes vista para el usuario, con el fin de que las empresas que producen esa energía, la transportan y la distribuyen ganen lo suficiente como para invertir en modernizaciones que redunden en mayor y mejor producción y distribución de energía eléctrica, olvidando que los diques y usinas, y buena parte del trasporte y distribución pertenecen, en general, al Estado, lo mismo que el petróleo de nuestro subsuelo, y estima que el subsidiar esas actividades fue un error quasi corrupto del gobierno anterior. Por otra parte el mismo ministro y el mismo gobierno al cual pertenece toma medidas que empobrecen al Estado y favorecen a los individuos, especialmente a aquellos que no lo necesitan imperiosamente, como la disminución de impuestos para solventar aquellas necesidades conocidas bajo el nombre genérico de subsidios; no advierte, de esta manera –al menos claramente–, que tanto unos, como otros, quitan a unos aquello que dan a otros y, para el caso, su gobierno privilegia al egoísmo, la individualidad, la propiedad privada. y la discriminación social por sobre la cooperación del fuerte con el débil para una relación de vida más feliz y más equitativa para todos.

Q Profesor titular consulto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Ex juez del Tribunal Superior de Justicia de la CABA.