La tensa situación planteada en torno del Instituto Nacional del Teatro a partir de la aparición del decreto 815/2003 que lo constituía como “ente público no estatal”, con plena vigencia de la autarquía, comenzó a definirse esta semana con la derogación de esa norma. El decreto 1022/2003, publicado el miércoles en el Boletín Oficial, da cuenta de los motivos de la derogación, sustentada en la protesta generalizada de representantes de la actividad teatral, con lo cual se retrotrae a la situación previa.
El organismo, dice el decreto, estará conducido por un Consejo de Dirección de 12 miembros, integrado por un director ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo, un representante de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, un representante del quehacer teatral por cada una de las provincias y cuatro representantes del quehacer teatral a nivel nacional. En un segundo decreto (1024/2003), el Gobierno designó además como director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro a Rafael Guillermo Bruzza, que asumirá en reemplazo de José María Paolantonio, que renunció como consecuencia de la crisis desatada cuando una parte del mundo teatral rechazó la decisión del Gobierno, presentada en sociedad por el secretario de Cultura, Rubén Stella.