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Como estímulo para la participación del sector privado en la producción cultural de la Ciudad de Buenos Aires, el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, cerró en la Legislatura porteña la jornada “Regímenes de Patrimonio Cultural”, en la que presentó el proyecto de ley de mecenazgo, que se está debatiendo en ese ámbito legislativo con otros tres proyectos similares. En ellos se explican los mecanismos con los que el gobierno intentará establecer esa relación. Telerman, en diálogo con Página/12, aseguró que “en los proyectos queremos trabajar en una doble cuerda: pedagogía sobre los sectores empresariales y particulares para acercarlos al ámbito de la cultura, pero también estimulación a hacerlo a través exenciones impositivas”.
La idea del Gobierno de la Ciudad es que se apruebe alguno de los proyectos de ley en discusión. “Lo que más queremos es contar con una ley, queremos que salga la que pueda salir, pero que salga. Una ley, aunque no sea la ideal, es mejor a que no haya ninguna. Es más fácil modificar una ley que aprobarla, por lo que después la podríamos mejorar. Lo importante es que la Ciudad tenga legislación al respecto”, explicó Telerman.
El mecenazgo históricamente consistió en el aporte de dinero de empresas o individuos a distintas actividades culturales, una forma de patrocinar a los artistas o intelectuales para que desarrollen sus proyectos, aunque Telerman aclaró que “de ninguna manera estas leyes significan una privatización de la actividad cultural de la Ciudad sino que la participación privada en el fomento de la cultura tiene que entenderse como un complemento y no como un reemplazo de la actividad estatal. El proyecto es de índole cultural y no una reducción de impuestos disfrazada de cultural”. “En la Argentina, en las primeras décadas del siglo XX, los excedentes de la clase acomodada se dirigieron a obras de patrimonio como el Colón y el Auditorio Belgrano, que todavía hoy podemos disfrutar. No hay que olvidarse de que estos edificios estuvieron relacionados con un involucramiento social, aunque elitista, del sector privado. Lo que buscamos en este momento es que vuelva a aparecer ese espíritu empresarial”, explicó el funcionario.
En los cuatro proyectos de ley, la aplicación estará a cargo de un Consejo creado para tal fin, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad, que se encargará de evaluar los trabajos presentados y aprobar o rechazar los pedidos de patrocinio; las personas que integren el Consejo deberán tener una acreditada trayectoria en el ambiente cultural. El dinero aportado por los patrocinantes se depositará en una cuenta del Banco Ciudad, para mayor control de los fondos.
Telerman aseguró que la sociedad debe participar tanto para controlar como en el rol de beneficiaria del trabajo del Consejo. “Ahí estarían representadas las tres patas: sociedad, sector privado y Estado. Mi posición es que no pensemos en un espacio para evaluar si es buena o mala cultura, no queremos que se convierta en una producción de cultura oficial sino conformar espacios de criterios de evaluación de proyectos y no de calificación de las actividades culturales”, remarcó.
Los beneficios para aquellos que participen en el programa de promoción cultural como patrocinantes tienen que ver con exenciones impositivas, contándose como pago de impuestos un porcentaje del dinero que aporten. Sin embargo, los proyectos de ley no apuntan sólo a que los privados paguen menos impuestos sino fundamentalmente a propiciar la participación del ámbito privado en cuestiones sociales. “En la actualidad no hay ninguna ley de Promoción Cultural –sostuvo el vicejefe de Gobierno–. Lamentablemente, en el sector privado, salvo excepciones, no existe una cultura empresaria que vea su participación en este campo como una forma de involucrarse más en lo social ni como conveniencia institucional para promocionar e instalar una marca. En la Argentina ahora comienza a haber movimiento en este sentido, aunque todavía no tiene volumen. Además creemos que, en leyes de mecenazgo, la exención de impuestos para proyectos culturales produce una reactivación de la actividad económica,ya que conlleva beneficios de reconocimiento identitario, desarrollo turístico, creación de puestos de trabajo en distintos ámbitos, ya que habría más movimiento tanto en espacios culturales como comerciales”, concluyó.

Reportaje: Sebastián Ackerman.