La Ley de Radiodifusión que regula los contenidos de los medios audiovisuales, y que establece quiénes pueden ser los dueños de esos medios y de qué forma, fue sancionada en 1980 y lleva la firma del ex presidente de facto Rafael Videla. Se trata de una ley que imposibilita el acceso a una licencia de radiodifusión a cualquier entidad que no tenga un fin meramente comercial o al propio Estado, entre otros artículos que sugieren que el único derecho a la información al que puede aspirar el ciudadano es el de cambiar de canal o de frecuencia. Cuando quiera, por supuesto, para eso está el pluralismo del rating. Por qué en 21 años de democracia no se pudo llegar a una ley que postule un nuevo acuerdo sobre un tema tan central para esa democracia, es algo que tiene que ver con intereses comerciales contrapuestos y quedó demostrado con los pocos anteproyectos de ley que llegaron a circular. Este año, por primera vez, representantes de un variado espectro de más de mil organizaciones vinculadas a la comunicación y a los derechos humanos acordaron la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, que ya presentaron ante autoridades nacionales. Y el segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, que se desarrolló hasta el sábado pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA bajo el título Desde lejos no se ve. Una mirada sobre lo público desde la comunicación, sirvió de marco para discutir las formas que debería adquirir la tan demorada nueva ley.
El tema fue debatido en un panel integrado por Sergio Fernández Novoa, coordinador general del Comfer; Juan Mariotto, subsecretario de Medios de la Nación; Daniel Rosso, subsecretario de Comunicación de la ciudad de Buenos Aires; Damián Loreti, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y Rogelio Suárez, director del proyecto de televisión pública regional TAL (Televisión de América Latina). Todos los panelistas coincidieron, palabras más, palabras menos, en el lema que guía la Iniciativa Ciudadana: “Negar el acceso a la información pública es negar el acceso a la democracia”. “Aun cuando hubiera parecido que en los ‘90 no hubo política de medios, sí la hubo”, comenzó aclarando Loreti. “Desde el empobrecimiento de Radio Nacional hasta el despojo de la frecuencia 710 a Radio Ciudad, la política implementada fue muy clara.” Respecto de la concentración intensificada en los ‘90 en conglomerados multimedios que hoy ya forman parte del paisaje, Loreti destacó que “el problema de la concentración no es sólo económico, es un problema de pluralismo, de hacer oír voces, de respeto a las diversidades”.
Al describir las condiciones en las que funciona el sistema de medios públicos de la ciudad, compuesto por Radio Ciudad, La 2x4 y la señal de cable Ciudad Abierta, Rosso concluyó que “el estado de estos medios es una metáfora de los ‘90, cuando quedamos en los márgenes del sistema”. “Radio Ciudad funciona actualmente en la 1110, con dificultades de recepción en varios puntos de la ciudad, cuando debería tener su frecuencia original, la 710, mucho más central. Cuando finalmente el sistema de cables cumplió con la ley y nos otorgó una señal, también fue en los márgenes de la programación”, detalló el funcionario.
Mariotto admitió que “las presiones para evitar que la ley se cambie son enormes” y adelantó que el gobierno nacional buscará instalar repetidoras de Canal 7 en todo el país, algo que actualmente no existe, a pesar de algún slogan del canal. “Ocurre que los holdings impiden las frecuencias. Estamos trabajando para que Mar del Plata sea un caso testigo, y esperamos que antes de fin de año allí se pueda ver el 7 por un canal de aire”.
Durante el debate también se relató cuáles son los próximos pasos a dar en la Iniciativa Ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia, que el viernes pasado fue presentada ante el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli y el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur. Durante el encuentro Parrilli reconoció que la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión es “una deuda pendiente de este gobierno”, aunque admitió que no es un tema prioritario en su agenda actual.