El poder del fútbol está conmocionado. “Se respira un ambiente de indignación”, sostienen en derredor de Julio Grondona mientras apuran la apelación. A Mauricio Macri le sucede otro tanto. Su procesamiento por administración fraudulenta lo sorprende en plena faena electoral. ¿Qué hubiera pasado si imponía su pensamiento en aquella reunión entre presidentes de clubes efectuada en Ezeiza, el 20 de julio de 1999? “Aquel dirigente que sea procesado, no puede ejercer su cargo”, sugirió. Fernando Miele, hoy ya alejado del gobierno que condujo a discreción en San Lorenzo durante 15 años, el más comprometido de todos en la causa de los sistemas de video, se mantiene a prudente distancia de cámaras o grabadores indiscretos. A tal punto, que es el único de los cuatro imputados por administración fraudulenta que se negó a declarar ante la Justicia. De Romeo Cotorruelo Menta, el ignoto empresario que plasmó la venta de equipos de seguridad para escarmentar a nuestros violentos autóctonos, sólo se sabe hasta ahora que corrió peor suerte que otros hombres de negocios españoles en la Argentina. El doctor Juan José Madhjoubian también lo procesó. Sea como fuere, la causa que tanto incomoda al presidente de la AFA y al conductor del club más popular del país, ha ratificado una sospecha. Que, cuanto menos, los responsables de administrar el fútbol aquí han incurrido en el dispendio y son –en buena medida– culpables de las crisis que atraviesan sus instituciones. El cuerpo probatorio en que apoyó su resolución el juez permite verificarlo con bastante nitidez.
En el expediente que se inició con una denuncia anónima presentada el 24 de abril de 2001 y en el que son querellantes los ex directivos de San Lorenzo, Jorge Aldrey y Alberto Barilari, se tomaron dieciocho declaraciones testimoniales –las de José María Aguilar y Raúl Gamez están entre ellas–, River y Vélez aportaron documentación referida a la adquisición de sistemas de seguridad similares, pero menos onerosos que los pagados por Boca y el club de Boedo, y hasta hubo pericias de la Secretaría de Seguridad y la Gendarmería. Miele y Macri, a quienes se les trabó embargo por 300.000 pesos a cada uno, según el juez cometieron “la grosera omisión de no haber tomado el lógico y mínimo recaudo –ante la envergadura del negocio– a fin de determinar si esos valores también tenían correlación con los existentes en el mercado interno o internacional”. Los precios que se abonaron, para Madhjoubian, demuestran los perjuicios económicos que se les ocasionaron a sus instituciones.
Boca desembolsó 1.214.730,16 pesos y, en el fallo que se acaba de conocer, consta que ese valor “supera en $ 102.566,32 como mínimo y en $ 457.618,44 como máximo el correspondiente a los elementos que integran el sistema contratado en el mercado”. El magistrado argumenta que, al declarar Cotorruelo Menta la inexistencia de “utilidad alguna por problemas de costos originados en este país” –preveía una ganancia del 15 por ciento–, la diferencia entre lo que se pagó y lo que se debía pagar ascendió aún más. Y aporta un detalle adicional: “... los elementos importados fueron eximidos del pago de impuestos aduaneros. Tampoco integra el precio la financiación que efectuara el estado español a través de ‘Probanca’, tal como surge del informe pericial...”
San Lorenzo adquirió los equipos por 1.782.595,79 pesos, suma que, a Madhjoubian, le resulta “superior en un mínimo de $ 263.189,55 y en un máximo de $ 714.423,26”. En la causa de cinco cuerpos, a Miele lo comprometieron aún más los testimonios de Aguilar, Gamez y el ex candidato a presidente de San Lorenzo Carlos D’Alessandro. Los tres dijeron “haber notado un desmedido interés” del procesado “para que se contratara la ejecución de las obras de seguridad con el grupo empresarial español, sin que se conozca la razón de ello, por lo que –concluye el juez– evidentemente, buscaba que los clubes lo eligieran”.
Cabe recordar que River abonó 582.522,16 pesos y Vélez 350.000 pesos por sistemas de similares características, aunque no iguales, según el peritoCésar Antonio Giménez, quien afirmó en el expediente que no encontraba “justificación valedera a la mayor cantidad de cámaras existentes” en Boca y San Lorenzo. Pero en el caso de Miele existe un antecedente que delata todavía más su accionar: Aldrey y Barilari le presentaron dos presupuestos más por 508.782 pesos (Sensormatic de Argentina) y 496.200 pesos (STM).
Por estas circunstancias, Mahd-joubian concluye que “se quiso pactar un precio sobrevaluado con la finalidad de perjudicar o dañar los intereses del club Boca Juniors y el club San Lorenzo de Almagro –respectivamente– beneficiando, por lo menos, a la empresa contratada...” Respecto de Grondona, el fallo le atribuye “un protagonismo esencial en la concreción de las operaciones...” Fue el presidente de la AFA quien firmó un protocolo de colaboración con el fútbol español el 26 de febrero de 1998, junto a quien, por entonces, era su secretario general en la asociación, el propio Miele. Además está probado que, el mismo día, el club de Boedo suscribió el contrato con la empresa Inmark para la instalación de las cámaras. Con posterioridad, la AFA se hizo cargo de las cuotas ya que San Lorenzo abonó apenas dos. Hoy, esa deuda de un millón de pesos figura en la convocatoria de acreedores que el procesado Miele dejó como herencia.
Es por demás duro un párrafo del veredicto respecto de la cooperación de Grondona: “...ya que de no haberse producido esa participación, no se habría podido llevar a cabo la negociación y es, precisamente, en virtud de aquélla, que el sindicado no podía desconocer las alternativas de la gestión ilícita en cuanto a que se concretaba por valores superiores a los existentes en el mercado y con ellos se perjudicaba los intereses de los clubes”.
Los tres dirigentes y el español Cotorruelo Menta tienen tres días para apelar la resolución judicial que vencen esta semana. La sala de la Cámara del Crimen que se pronunciará sobre el fallo del doctor Mahdjoubian todavía no ha sido sorteada y todo indica que el proceso podría continuar hasta el año entrante. Optimistas sobre su desenlace, los querellantes, Aldrey y Barilari, sostuvieron el viernes durante una conferencia de prensa realizada en el sindicato de la televisión –no podía ser de otro modo, tratándose de las cámaras– que ésta “es la causa que más avanzó en la historia del fútbol”.