Como si las necesidades básicas de todos los tucumanos en particular y de todos los argentinos en general estuviesen holgadamente satisfechas, José Alperovich, el gobernador de la provincia en la que actúan como locales San Martín y Atlético, decidió, como regalo de fin de año, el destino de un millón de pesos a cada club en concepto de vaya uno a saber...

Formalmente por lo menos y en términos de manejo del poder, las aguas están divididas. Aunque los dos clubes están gerenciados, es sabido en la capital tucumana que Roberto Jiménez, uno de los vicepresidentes de Atlético, la institución que –secreto a gritos mediante– banca Alperovich, es el secretario de Trabajo de la provincia, y que quien tiene el poder real en San Martín es la corporación de los conductores de remises, claramente identificada por cinco estrellas amarillas en la parte superior de los parabrisas de sus automóviles.

Lo detestable del procedimiento, ineludiblemente vinculado con el clientelismo electoral –¡basta de mezclar política con elecciones, es clientelismo electoral, no política!– en un año de comicios, es “darles a los dos por las dudas”, sin analizar necesidades ni prioridades.

Parte de la coparticipación federal que le corresponde a Tucumán fue entonces por partes iguales a la barra del pejotismo oficial tucumano y a la barra de los remiseros de las estrellas amarillas en el parabrisas.