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Lo que sigue son fragmentos de diferentes capítulos de Futbol limpio, negocios turbios, en que la investigación de Veiga pasa revista a distintos momentos y circunstancias reveladoras de los oscurosa vericuetos y en-trelazamientos entre negocios y fútbol en los últimos años.
“Yo no hablo de Mascardi”
(...)Aquella tarde, Grondona ingresó al salón seguido por Nicolás Leoz, el titular de la Confederación Sudamericana, Eduardo Deluca, su amigo y “canciller” de la asociación desde hace varios años, el gerente de la AFA, Roberto Lorenzo, y los directivos Roberto Digón, de Boca, y Rubén Raposo, de Lanús. Se aguardaban anuncios trascendentes como, por ejemplo, los nuevos controles que ejercería el Tribunal de Cuentas sobre los clubes, alguna reflexión sobre un serio incidente protagonizado por el técnico del seleccionado, Marcelo Bielsa, con el delantero Gabriel Calderón durante el regreso de la Copa disputada en Paraguay y las respuestas de Grondona a duros ataques que había recibido de Mauricio Macri y Luis Barrionuevo, los presidentes de Boca y Chacarita, respectivamente.
Pero había otro tema, quizá tan conflictivo como los mencionados, que guardaba relación con el empresario futbolístico Gustavo Mascardi. El mismo que había inducido a no participar en el torneo sudamericano con la selección, a algunos de sus más importantes representados (Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo y Claudio López, por ejemplo). Cuando se le requirió a Grondona una opinión sobre las interferencias del intermediario en el trabajo del equipo nacional que los medios habían difundido por doquier, el dirigente respondió con demasiada cautela: “Yo no hablo de Mascardi. Ni pasa por mi mente que él haya pedido que sus jugadores no intervengan en la Copa. Por cuestiones de plata nadie se puede meter en esta casa y para los que perturban tenemos a mano las disposiciones de la FIFA”.
La mesura del presidente con el empresario tenía una explicación. Mascardi, por intermedio de su hermano, Alejandro Enrique, se había asociado a la AFA para montar un potencial gran negocio a mediados de 1997: los juegos telemáticos de fútbol a realizarse por medio de una línea 0600. Este proyecto había derivado en un contrato que firmaron la asociación y Fútbol Game SA, la compañía ideada por los Mascardi, con sede en Gurruchaga 830, Capital Federal, y en la que era director Gustavo Mario Meller. Incluso, gozaba de los servicios de lobby del ex guerrilero devenido en empresario, el fallecido Rodolfo Galimberti.
El convenio de ocho carillas firmado en representación de la AFA por Grondona y Rubén Raposo, el secretario administrativo, estipulaba en su artículo 1 que la asociación cedía a Futbol Game “en forma exclusiva los derechos de explotación y uso sobre los resultados y/o alternativas de los partidos de fútbol de los torneos que organiza AFA (Primera División A,Torneo Clausura y Apertura, Primera Nacional B y Primera B) y selecciones nacionales en la medida que los derechos de explotación y uso puedan ser cedidos y los que organice en el futuro, cualquiera fuera su denominación, para que con ellos se implementen los juegos de apuesta que se formalizarán mediante un servicio telemático”.
Esta cesión violaba el artículo 8º de la Ley del PRODE (24.199) ya que todo juego que contiene pronósticos deportivos debe ser regulado por la Lotería Nacional, lo que motivó un pedido de informes al Poder Ejecutivo del diputado nacional Normando Alvarez García. Por otra parte, Fútbol Game se había constituido tres días antes de la firma del contrato que tenía una extensión de tres años y hubiera comenzado a regir desde el primer partido del torneo Apertura 1997-98. De la lectura de las cláusulas se desprende que la empresa podría haber alcanzado una facturación promedio bruta de 35 millones de pesos anuales, que le habría permitido prolongar el vínculo comercial por tres años más.
El ascenso de Avila
(...) Moneta, Menem y Grondona parecerían eslabones de una misma cadena si se analiza el contenido de la denuncia presentada ante el juzgado federal del doctor Gabriel Cavallo.
Aquel dinero que salió del hoy liquidado República y que permitió la finalización del paro de futbolistas en 1997, también significó un mojón en la estrecha relación que mantendrían desde entonces el banquero Raúl Moneta y Avila.
Cuando el CEI (Citicorp Equity Investment) irrumpió en la Argentina con el beneplácito de la administración menemista para realizar inversiones de todo tipo en telefónicas, distribuidoras de gas y electricidad e industrias diversificadas, sólo los especialistas en temas económicos podían sospechar una cosa: que su expansión llegaría a convertirlo en uno de los dos grupos más grandes con intereses en medios de comunicación.
Casualmente, corría 1997 cuando en Estados Unidos se ideó la constitución de una alianza comercial que derivó en una nueva y significativa etapa para TyC. La empresa pasaba a ser propiedad de TCI (Tele-Communications Inc. International) con un 40 por ciento, el CEI y Telefónica Internacional con el 33 por ciento, Avila retenía para sí el 24 por ciento y su socio Nofal el 3 por ciento.
En la transformada megaproductora, las autoridades quedaron conformadas así: Carlos Avila como presidente, Fred Vierra (TCI) como vicepresidente y Heriberto Ricardo Handley (CEI), Raúl Moneta (CEI), James Cheek (el ex embajador de EE.UU.), Marcial Portela (Telefónica Internacional), Tony Coello (TCI), Luis Nofal, Diego Avila y Juan Cruz Avila como directores.
De pronto, el empresario que cuando niño había llegado desde su Paraguay natal en 1946 sumido en la pobreza y el desarraigo, se hallaba rodeado de algunos personajes del establishment nacional y extranjero que él admiraba.
La dimensión de los negocios que Avila estaba en condiciones de encarar a partir de ahí superaba con holgura el arrendamiento de un humilde club de fútbol, los torneos veraniegos y el afán de obtener más puntos de rating con la contratación de personajes famosos para sus programas. Pero así como crecieron sus expectativas comerciales, también empezaron sus dificultades.
Las inferiores millonarias
(...) Desde la época en que el peronista Santilli gobernaba River en los años ‘80, no han cesado las acusaciones, denuncias y procesos judiciales por corrupción. Algunos casos emblemáticos, como el affaire con el pase de Enzo Francescoli al Racing Matra de París, prescribieron por la extinción de una causa en la que nunca hubo demasiado afán de investigar. Ese hecho, que salpicaba al ex presidente y dirigente justicialista, se originó en el supuesto desvío de dinero a dos cuentas bancarias, en Suiza y Luxemburgo, respectivamente.
Podría afirmarse que, con el transcurso del tiempo, casi nada cambió. A lo sumo, se modificaron los nombres de los sospechados. Y, sin embargo, casi ningún dirigente importante que ha pasado por la conducción del club en los últimos dieciocho años –desde que Santilli venciera en elecciones a Rafael Aragón Cabrera– se sintió inhibido de participar en los comicios de diciembre pasado por cuestiones judiciales, el mismo que ungió a José María Aguilar como presidente. Ese es el gran contrasentido que no alcanza a comprenderse del todo. O sí...
Entre tanto, nunca desaparecieron las versiones sobre un mercado cautivo en las divisiones inferiores que sería regulado por el poder adquisitivo del ex vocal César Traversone, a quien se atribuye la propiedad de por lo menos veinte futbolistas juveniles. Uno de ellos es un pibe de grandes condiciones al que apodan “la Gata” Fernández. El usufructo de los derechos económicos de estos jugadores lo ejercerían determinados testaferros.
Aguilar, durante una larga entrevista concedida al autor el 30 de julio pasado, sostuvo que ese tema había “dejado de ser una sospecha, porque es una realidad que advertimos día a día. Se han desarmado carpas, aunque seguramente se han generado otras nuevas. El poder del dinero es notable. El tráfico de influencias a partir de contar con el sostén de determinado dirigente es una conducta que se repite, que se vive y no hay que ser exageradamente audaz para observar la facilidad del trámite”.
El actual presidente, incluso, fue más allá: “Yo no descarto que pueda haber directivos que se vean tentados de llevar adelante este tipo de conductas. El tema pasa por tener la decisión política suficiente como para apartarlos del camino”.
La aventura de Nuevos Clubes Argentinos
(...) El 6 de mayo de 1997 estaba convocada la Asamblea de Representantes del club para tratar el denominado “Convenio de Préstamo, Financiamiento y Comercialización” con la empresa Nuevos Clubes Argentinos (NCA) que pretendía controlar Racing, a cambio de inyectarle a su resquebrajada economía la suma de 20.000.000 de pesos que sanearían sus finanzas. NCA -una firma subsidiaria del desmantelado Banco Patricios– proyectaba manejar las cuotas de los socios, la televisación de los partidos de fútbol, la publicidad estática en el estadio y la venta de jugadores por un período de cinco años, extensibles por otro igual.
Aquella asamblea se truncó cuando se produjo una bochornosa situación en el segundo piso de la sede social. Barrabravas que respondían a Lalín les impidieron sesionar a los sesenta asambleístas que habían reunido Otero y De Stéfano y a los gritos acusaron a los nuevos aliados de “ladrones”. De ese modo concluía el primer intento de delegarle a una empresa privada el manejo de los principales recursos del club mediante un preconvenio de 19 cláusulas que debían firmar el presidente, el secretario general y el de Hacienda. Pero que, además, debía autorizar no sólo la asamblea, sino el juez Gorostegui, a cargo por entonces del Concurso Preventivo de Racing.
Quienes acabaron con la iniciativa de Otero, seguramente no imaginaban que NCA, con el tiempo, sería denunciada en el preinforme de la ComisiónEspecial Investigadora sobre lavado de dinero que encabezó la diputada nacional Elisa Carrió, máxima referente de la agrupación política ARI. En el apartado “Vaciamiento y Liquidación de Bancos. Círculo clandestino de dinero: Patrones comunes”, cuando se refiere a los fondos entregados por el Banco Patricios a Nuevos Clubes Argentinos la investigación parlamentaria sostiene que esta empresa “al 31 de agosto de 1997 registraba una deuda de $ 8.818.000 y al 28 de febrero de 1998 $ 11.616.000 sin garantía. Posteriormente se le otorgó un préstamo de 1.042.000 cuando ya el Banco atravesaba una etapa de crisis de iliquidez gravísima. El préstamo a NCA SA es considerado irrecuperable. El destino final de esta enorme cantidad de dinero no ha sido establecido, lo cual sustenta la posibilidad de haberse generado un circuito clandestino de fondos a través del cual se derivaban recursos genuinos del Banco...”
NCA y Otero, por fortuna para Racing, no se salieron con la suya.