Las mujeres que habían sido apropiadas, junto a familiares, en el inicio del juicio.
Imagen: Télam.

Empezó el juicio contra una partera acusada de apropiarse de bebés y venderlos. El caso empezó a configurarse cuando, en 2005, una joven de 27 años se enteró, casi por casualidad, de que quien había creído su madre en realidad se había apropiado de ella: la había comprado. La joven, llamada Clara Lis Pereyra, acudió a la Dirección de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires. El nombre de la partera que firmaba su partida de nacimiento dio una pista y mediante Internet Clara ubicó a varias mujeres en su misma situación. Luego de idas y vueltas judiciales, la Corte Suprema de la Nación ordenó que la Justicia Federal investigara a la partera. Ayer declararon tres de las chicas apropiadas y también una mujer de 56 años a la que, cuando tenía 14, le fue sustraído su bebé en el momento del parto. Según advirtió la directora de Búsqueda e Identificación de Personas, “mucha gente piensa que anotar como propio un chico ajeno es un acto de bondad o una ‘adopción irregular’, pero no: es un delito; son bebés sustraídos y ocultados: sigue sucediendo, porque hay gente que lo hace. Y no se toman medidas estrictas para evitarlo”.

“Cuando terminé de declarar, me desarmé. Me puse a llorar como un bebé. Lloraba a gritos. Pero cuando empecé a respirar con más normalidad dije: ‘Siento alivio’”, contó anoche a este diario Clara Lis Pereyra. En la tarde, había declarado durante una hora y media ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín, en el juicio por supresión, sustracción y ocultamiento de identidad de tres niñas contra Nilda Civale de Alvarez, obstétrica.

La acusada tiene 80 años y los delitos por los que se la acusa fueron cometidos entre 1969 y 1978: sus defensores habían interpuesto un recurso de prescripción, pero la Justicia lo rechazó. Adriana Gallo –directora de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, que asesoró a Clara Lis Pereyra– comentó que “se trata de un delito continuado, que se sigue cometiendo hasta el día de hoy: las víctimas probablemente nunca sepan quiénes son”.

Además de Clara, declararon Andrea Belmonte y Patricia Uriondo, que también fueron vendidas al nacer. La acusada ejerció su derecho de negarse a declarar. También dio testimonio Marta Pérez, de 56 años: contó que, cuando tenía 14 años y estaba por dar a luz, la madre –la familia era muy pobre– le dijo que la partera iba a ir a buscarla; ella recuerda que la hicieron subir a un auto y la llevaron a un lugar, donde dio a luz. Ella recuerda perfectamente haber escuchado el llanto del bebé, ella quiso incorporarse para verlo, pero alguien, un hombre, le puso una mano en el pecho y le dijeron que no, que se quedara quieta; después la volvieron a subir al auto y la llevaron a su casa y nunca más supo de su hijo; ella recuerda que estuvo días y días llorando, que la mamá le decía que ya está, que ya pasó, pero ella lloraba día y noche.

Como Patricia Uriondo y Andrea Belmonte nacieron por la misma época en que Marta Pérez dio a luz, se hicieron cotejos de ADN por la posibilidad de que fueran hijas de ella, pero dieron negativo. “Ese también es un momento muy duro –observó Clara–: todas las partes se ilusionan y se empiezan a generar vínculos, sólo por el deseo de que el otro fuese tu pariente, hasta que llega el resultado negativo.”

Clara se había enterado de que la que creía su mamá era en verdad su apropiadora cuando, en 2005, un médico indagó qué tipo de cáncer había tenido su madre y, a partir de medias palabras de una tía, terminó por averiguar la verdad: el padre de la apropiadora la había comprado para que su hija –que ya padecía la enfermedad de la que falleció cuando Clara tenía un año y medio– realizara, antes de morir, su deseo de ser madre. Mediante Internet, Clara hizo contacto con otras mujeres cuya partida de nacimiento había sido firmada por la partera Civale. Cuando se hicieron estudios genéticos, resultó que no eran hijas de quienes habían creído sus padres. Hasta ahora son ocho: tres son testigos en este juicio, y los otro cinco casos están en etapa de instrucción.

Adriana Gallo explicó que “cuando se produce una compra-venta de bebés, es prácticamente imposible encontrar a la madre; los testigos suelen ser reacios a dar información y los apropiadores rechazan nuestra intervención”. Pero en este caso, por cuestiones de competencia el caso llegó a la Corte Suprema, que ordenó intervenir a la Justicia Federal.

La funcionaria señaló que “mucha gente piensa que anotar un chico ajeno a nombre propio es un acto de bondad, o a lo sumo una ‘adopción irregular’, pero no es adopción: es un delito; son bebés sustraídos y ocultados. ¿Qué merece más castigo: el que le quita la cartera por la fuerza a una mujer o el que le quita su hijo? Es una cuestión cultural: si esto sucede es porque hay gente que lo hace. Y tampoco se toman medidas estrictas para evitarlo. No está reglamentada la norma que obliga a registrar la huella de la planta del pie del bebé en el parto. Los médicos suelen oponerse a la presencia de personal de identificación, y la huella muchas veces está mal tomada”.

“En cuanto a este juicio –agregó Gallo–, tal vez termine con condena, pero los caminos de la búsqueda de la identidad de origen siguen cortados. Apelamos a que, así como se presentó Marta Pérez, se presenten mujeres que hayan tenido hijos en esas condiciones: nadie las va a juzgar y sus datos serán resguardados.” El teléfono de la Dirección de Búsqueda e Identificación es: 0800-333-5502.