La investigación judicial que sostiene la hipótesis de que en Boca existe una asociación ilícita entre dirigentes y barrabravas se va acercando de la periferia al núcleo. La declaración que le tomarán como testigo el presidente Daniel Angelici el próximo miércoles podría brindar pistas para subir en la escala de responsabilidades. Si el juez Manuel De Campos comparara las indagatorias, la prueba documental de las escuchas, filmaciones, carnets y padrones, con las confesiones públicas del dirigente, tendrá un contexto más amplio de los hechos. Aunque su obligación es establecer responsabilidades penales –si existen–, y no políticas, que sobran en los turbios manejos del fútbol.

La asociación ilícita es un delito difícil de probar. Pese a eso, en el fútbol se usó ese encuadramiento jurídico en otras causas contra barrabravas, aunque nunca alcanzó a directivos de clubes, que a menudo son sus cómplices en ciertos episodios violentos. En una asociación ilícita el delito “se comete por el solo hecho de ser miembro de la asociación”, dice el Código Penal. Un ejemplo de su aplicación se dio el 17 de mayo de 1997. Siete integrantes de La Doce liderada por el fallecido José Barritta, alias el Abuelo, fueron condenados por asociación ilícita tras los asesinatos de dos hinchas de River, Walter Vallejos y Angel Delgado, cometidos tres años antes.

Los tribunales, desde aquel fallo bisagra, han llegado más lejos con el artículo 210 del Código Penal en la mano que con la Ley 23.184 de 1985 sobre Violencia en los Espectáculos Deportivos y sus modificatorias, la 24.192 de 1993 y la 26.358 de 2008.

El artículo 5º de esas normas, en su régimen penal señala que “será reprimido con prisión de uno a seis años el que instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo, la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en el presente capítulo”. También el artículo 11º fija que si el delito “hubiese sido cometido por un director o administrador de un club deportivo, dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, en ejercicio o en ocasión de sus funciones, será reprimido, además, con multa de cien mil (100.000) a un millón de pesos (1.000.000)”. Casi no se conocen antecedentes donde la Justicia haya condenado a dirigentes o empleados basándose en estos artículos.

Angelici dixit

Todo se guarda, nada se pierde, decía un viejo enunciado de la recordada revista Humor. El presidente de Boca, un virtuoso de la dialéctica ligera, tiene algunas perlas sobre el meneado tema de la violencia en el fútbol. El 23 de mayo del año pasado, enfrascado en una polémica pública con el presidente de Independiente, Javier Cantero (quien por entonces enfrentaba a la barra de su club), afirmaba que “por suerte, desde que asumimos, en Boca no tuvimos ni un problema”. También auguraba que “cualquier socio que cometa un hecho de violencia, o algo en contra del estatuto del club, se le va a aplicar el derecho de admisión”.

Tres meses después de aquel contrapunto con su colega, el 27 de agosto de 2012, Angelici se despegaba de la interna de la barra brava que se había tiroteado camino a Santa Fe: “Nosotros nos hacemos cargo de las puertas del club hacia adentro”. Y prometía colaborar –al mismo tiempo que imploraba– porque “solos no lo podemos solucionar, si no nos ayudan es muy difícil”. También pedía del Estado que actuaran “los servicios de inteligencia”, como reflejaron los medios. No aclaró cuáles servicios: si los de la Policía Metropolitana que responden en última instancia a su mentor y jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, o los de la Policía Federal, que se ocupan de la seguridad en el fútbol y se infiltran en las barras, con resultado diverso. En ocasiones para compartir negocios, en otras para conseguir algún éxito circunstancial en la represión de estos grupos.

Afectado por la clausura de la Bombonera tras un partido contra Independiente por la Copa Sudamericana, se quejó: “Boca tiene una responsabilidad, son socios nuestros (los que le habían tirado un cartel de publicidad a los suplentes del rival), pero me parece excesiva la medida”. Cabe agregar: el estadio fue cerrado por apenas una fecha. Victimizado, se siente tan cómodo en ese rol que cada tanto se queja de las omisiones o errores del Estado como garante de la seguridad.

Cuando lo consultaron sobre el derecho de admisión, también por agosto del año pasado (quizá no imaginaba lo que vendría), se preguntó en voz alta: “¿Cuál es el motivo para aplicarlo?”. Y siguió interrogándose: “¿Con qué derecho le digo ‘no entrás’ si no tiene una causa judicial o no hay una norma contravencional o estatuto del club que lo impida?”. Los hechos lo contradicen. Boca se lo aplicó a Mauro Martín después del tiroteo en Santa Fe en 2012, el líder de La Doce detenido en la causa que investiga De Campos. Y el club pidió este año que se lo levantaran a sus lugartenientes Cristian Fido Debaux y el Loco Luis Arrieta, que reemplazaron a aquél en la tribuna cuando cayó preso.

El 28 de marzo pasado, Angelici hizo una de sus últimas declaraciones sobre la patota oficial: “En cuanto a lo que pasa con la barra brava de Boca, me mantengo al margen, pero supongo que deben estar bien porque los veo siempre alentando en la popular”. Habrá que esperar al miércoles para saber qué datos aporta el presidente. Sería interesante preguntarle de qué manera se mantiene al margen de La Doce, cuando La Doce, al menos en el Departamento de Socios del club, parecía hasta ahora la mitad más uno.

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