El juez en lo criminal porteño Mariano Bergés recomendó a las autoridades de la AFA suspender la actividad futbolística en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 15 días, lapso en el cual –y como para reforzar esa sugerencia– ordenó a la Policía Federal se abstenga de intervenir en la seguridad de los partidos de todas las categorías programados en ese ámbito. El juez recomendó además a las autoridades del área suspender los encuentros deportivos en el ámbito porteño por esas dos semanas, “salvo que la AFA encuentre otro modo de seguridad que no sea la que brinda la Policía Federal”.
De esta manera, en Primera no se jugarán los partidos Chicago-San Lorenzo (programado para el viernes a las 17) y River-Quilmes (programado para el viernes a las 19). Sin embargo, la AFA procedió ayer al sorteo de árbitros de toda la fecha, incluidos esos dos encuentros. Hoy habrá una reunión en el Ministerio de Justicia que podría desembocar en una suspensión generalizada.
Una fuente del juzgado aclaró que “no fue suspendido el fútbol, sino la intervención de la Policía Federal para garantizar la seguridad de los partidos organizados por la AFA”, lo cual de todos modos supondría una virtual prohibición. “La AFA puede hacer lo que quiera. Se supone que va a suspender los partidos pero puede, por ejemplo, contratar seguridad privada. En ese caso no habría ningún impedimento legal.”
Para convocar a otras fuerzas de seguridad, como la Gendarmería o la Prefectura, la AFA debería concurrir al Ministerio de Justicia. “En la práctica, sería imposible que intervenga personal de Prefectura o de Gendarmería, porque no hay suficientes efectivos y porque no es su función específica. Pero no hay prohibición alguna, por parte del juzgado, para que se provea seguridad mediante esas fuerzas”, concluyó la fuente.
Ese “otro modo de seguridad” a que se refiere Bergés es el que propone el titular de la Secretaría de Seguridad en Espectáculos Deportivos, Javier Castrilli, quien apunta a que los clubes contraten empresas privadas para que se ocupen de ese tema dentro de los estadios. La medida se tomó 24 horas antes de la reunión que hoy sostendrán Julio Grondona, titular de la AFA, con Castrilli, en el Ministerio de Justicia, para tratar a fondo el tema a partir de los incidentes del partido Boca-Chacarita. A raíz de esos episodios, Bergés libró una orden de captura para ocho hinchas de Chacarita que se encuentran prófugos.
El juez libró el oficio correspondiente al secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y al encargado de seguridad deportiva, Javier Castrilli, en el que consideró que “la actividad futbolística debería suspenderse por el mismo lapso”, porque es “imposible que se desarrolle sin mínimos controles”. Luego explicó que tomó esa decisión porque resolvió citar a declaración indagatoria a varios jefes de la Federal que estuvieron a cargo del operativo de seguridad en ese partido. Para el juez, la “barra brava” de Chacarita “habría sido acompañada luego de finalizados los sucesos, en pesquisa hasta San Martín, sin disponer alguna detención preventiva”.
Castrilli y sus asesores se reunieron ayer en el Ministerio de Justicia con el gerente de AFA, Hugo Cotz, y el titular del Tribunal de Disciplina, Luis Grisetti. Las autoridades afistas escucharon los pedidos de Castrilli para modificar el Reglamento de Transgresiones y Penas, aplicar sanciones deportivas para los clubes cuyos hinchas cometan actos de violencia, implementando la quita de entre cinco y veinte puntos, y promover la clausura de estadios. Para la AFA es el Estado es el que debe garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos. “Los clubes pueden acompañar, pero no ejecutar”, se escuchó en la reunión.