Si la reunión estaba prevista para las 10.30, mucho antes de eso la operación empezó a desmontarse. Eduardo Duhalde no fue, como se había prometido. No hacía falta. Dos horas antes del cónclave, en su ya habitual programa de radio, trazó la política que sus funcionarios adoptaron más tarde. Bastó que el Presidente dijera “si parar el fútbol fuera una solución, indudablemente habría que parar” para que se entendiera el mensaje: parar el fútbol no soluciona el flagelo de la violencia. Así, la multirreunión política, a la que asistieron tres ministros y tres secretarios, decidió permitir que el fin de semana haya fútbol y, más importante, Superclásico entre Boca y River, pero a cambio de seguir las instrucciones de Duhalde: “Me parece que la solución viene por poner normas que se apliquen, que sean disuasivas”. El Poder Ejecutivo envió, entonces, a última hora de ayer, un proyecto de Ley de Seguridad en espectáculos deportivos, que propone la figura de “odio deportivo” para condenar a cadena perpetua a quienes cometan homicidios en los estadios o su entorno.
Si había voluntad de suspender la actividad futbolística del fin de semana, se desinfló pronto. Ya el lunes por la noche había dudas: la suspensión evitaría posibles tragedias, pero no representaría una solución de fondo; para que aparecieran, había que pensar en un largo parate del fútbol, que no sería lo indicado en términos de pacificación social. Duhalde desempató. Y le dio la derecha al secretario de Deportes, Daniel Scioli, y su proyecto penal, aunque la interna gubernamental con respecto a este tema sigue latente: “Tomamos la decisión que siga el fútbol, pero tenemos claro que no depende solamente de la decisión del Estado sino de toda la sociedad”, dijo el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, uno de los que creen que el problema no se soluciona tanto con más penas sino con la aplicación de la ley.
En la discusión participaron además el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli; el ministro de Justicia, Jorge Vanossi; y el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. La Asociación del Fútbol argentino (AFA) no fue invitada a la reunión, pero sí se le pasó la factura: “Lo que no puede haber es tolerancia, complacencia por parte de los dirigentes del fútbol”, dijo el ministro Vanossi, al solicitarle a la entidad el cumplimiento del reglamento que establece sanciones como la pérdida de puntos y hasta de la categoría para los clubes cuyos seguidores protagonicen disturbios. Alvarez aseguró que en el Gobierno existe “la voluntad política” de terminar con la red de complicidades que ampara en cierta forma la violencia en el fútbol.
“Enviamos el nuevo proyecto de seguridad deportiva al Congreso para que en lo posible sea tratado antes del fin de semana en ambas cámaras”, dijo Scioli. Vanossi detalló que el nuevo proyecto, que modifica la ley 24.192 de seguridad en espectáculos deportivos, extiende su aplicación a los hechos ocurridos en las inmediaciones de los estadios; eleva a delito “la introducción, guarda o portación de armas blancas y elementos punzantes, con penas de tres meses a dos años de prisión, la acción de arrojar líquidos tóxicos o irritantes, con penas de un mes a un año, y la incitación a la violencia por parte de los organizadores, dirigentes o deportistas, con penas de un mes a 9 meses de prisión”. El punto central es la creación de la figura de “homicidio por odio deportivo, siéndole aplicable la pena de prisión perpetua”. Actualmente, los homicidios están penados con prisión de entre 8 y 25 años, penas que sólo pueden convertirse en cadena perpetua en el caso de algún agravante. Pero según un estudio de la fundación Fair Play, el 96 por ciento de las muertes en el fútbol han quedado impunes.
Alvarez admitió que si hubiera nuevos hechos de violencia, “habrá menos margen para seguir argumentando a favor de la continuidad” de los torneos, pero Scioli dijo que el Gobierno insistió en que “la decisión es arbitrar todos los medios necesarios para continuar el campeonato”, pero con “las garantías” que prevé la nueva norma. “El Estado pondrá todo su esfuerzo, inclusive económico, pero el tema no es, por ejemplo, solamente policial, sino que se necesita la colaboración de todos los sectores involucrados”, enfatizó Alvarez.
Las miradas apuntan sobre el operativo de seguridad para el Boca-River del domingo, a las 17.10. Alvarez señaló que el Comité de Seguridad evaluará hoy los pasos a seguir para ese encuentro en particular.