–¿Cómo analiza la situación política y social de Paraguay, después del golpe institucional al ex presidente Fernando Lugo?

–El clima es muy tranquilo. Yo hubiera esperado mayores movilizaciones por la ruptura de un proceso político que, con sus virtudes y defectos, apuntaba a culminar el mandato de un gobierno cuyo signo político era diferente al que gobernó durante 32 años. No hubo una movilización importante por parte de la población, ni siquiera de quienes adherían al proyecto político que encabezaba Lugo.

–¿Por qué cree que la gente no se movilizó?

–Eso habla de dos cosas. En primer lugar, aquellos que eran contrarios a la destitución son una parte minoritaria: las clases medias de las grandes ciudades, las clases medias-bajas (especialmente de Asunción, que son quienes se movilizaron) y una parte importante de la población rural, que no se movilizó por razones logísticas. En segundo lugar, esta situación muestra una gran responsabilidad de los sectores de izquierda, que en estos cuatro años de gobierno de Lugo han sido demonizados y estigmatizados. Las manifestaciones que se dieron los días próximos a la destitución fueron pacíficas y se realizaron en torno a la Plaza Congreso. Y posteriormente continuaron alrededor de la televisión pública, que era un espacio de gran valor simbólico para los sectores socialdemócratas, ya que la TV pública es un proyecto básicamente instaurado por Lugo, y esos sectores veían necesaria la democratización de la comunicación en un país donde los medios de comunicación y los grupos empresariales tienen no sólo el oligopolio de los medios sino, también, del discurso legítimo. Pero más allá de esto, la política sigue su curso.

–En términos de construcción política, ¿qué le faltó al ex presidente Lugo para contar con un mayor respaldo popular?

–Cuando hablo del grado de responsabilidad me refiero a la situación actual y al gran fantasma, si en aquellos días la izquierda y los sectores populares se hubieran levantado o creado un clima de tensión social muy fuerte. En otro sentido, la responsabilidad –la implementación de una serie de políticas por parte de la coalición Alianza Patriótica para el Cambio, que eran esperadas– fue a medias. Hubo voluntad de desarrollar políticas sociales que atendieran a la necesidad de bienestar por parte de la población más desfavorecida. Sin embargo, no hubo una capitalización política de las mismas, que por cierto fueron muy tímidas. Y esto es paradójico, porque en Paraguay este tipo de políticas ha sido acompañado por un contenido clientelista muy fuerte de los partidos tradicionales, fundamentalmente del Partido Colorado (PC). La gran cuestión es la manera en que el gobierno de Lugo implementó las políticas sociales. Para apartarse del carácter clientelista que las políticas sociales han tenido durante veinte años, el ex mandatario no capitalizó las políticas que ejecutó.

–¿Qué implica que no las haya capitalizado?

–El sentido de asociar el proyecto político –y la lógica detrás de estas políticas sociales– con políticas de la izquierda, con logros del gobierno, para que en elecciones posteriores pudieran sostener a la Coalición. Hubo problemas de comunicación muy fuertes: se implementaron políticas que no se capitalizaron y tampoco se comunicaron de manera clara y amplia los logros de su política. Por otra parte, hubo también un error en cuanto a que no se apuntó a fortalecer las bases sociales de apoyo a este proyecto socialdemócrata.

–¿Qué diferencia a las políticas de Lugo de una metodología clientelar?

–Estas políticas estuvieron enmarcadas desde un enfoque de derechos, eso fue clarísimo. Es la primera vez que se implementan políticas públicas orientadas a los sectores más desfavorecidos de la población con un enfoque de derechos, según el cual cada uno de los individuos y de las familias pueden acceder a determinados servicios, e incluso a transferencias monetarias por el hecho de ser ciudadanos, y no por pertenecer a tal o cual partido, o ser leal a tal caudillo local. A eso, Lugo lo marca. Claro, la prensa lo presenta como un enfoque de derechos porque no podía negarlo, pero dice que, en cualquier momento, Lugo y sus partidarios convertirán esto en un mecanismo clientelista. La prensa siempre amenazaba con eso. Es decir, ponía en tela de juicio el carácter ciudadano que tenían estas políticas. Por eso digo que es algo paradójico: porque lo que habría esperado un sector de partidarios de Lugo es que lo capitalizara en sentido clientelista. Y de hecho algunos partidarios de Lugo, como también algunos cercanos a él en el Parlamento, han implementado medidas clientelistas, como el reclutamiento en la función pública de diferentes allegados a la izquierda. Esto pasó también, aunque no fue la constante, ni lo predominante.

–¿Qué significa que una política pública tenga una orientación ligada a un “enfoque de derechos”?

–El supuesto que yacía detrás de esto, sobre todo para varios sectores de clase media e intelectuales, era que la expansión de servicios (como las transferencias monetarias) estaría condicionada, por ejemplo, a que las familias enviaran a sus hijos a la escuela o que fueran al centro de salud al menos una o dos veces al año. La izquierda, el sector que claramente se distingue de la oligarquía, está capitalizando estas políticas más cercanas a una reivindicación de derechos de ciudadanía que clientelares, con el objetivo de que se tengan en cuenta en elecciones generales posteriores. Por eso creo que no hay mal que por bien no venga, porque si el gobierno de Lugo hubiera finalizado su período –más allá de que es una pena lo que sucedió–, habría terminado muy desgastado.

–¿Por qué?

–El golpe institucional le da a Lugo y al sector de la izquierda un viso de víctima. Por eso puede capitalizarse. Por simple descontento con la derecha y por cómo se hizo el golpe, es muy probable que en las próximas elecciones muchos vayan a votar a la izquierda. Y esto tendría que capitalizarlo, y utilizar la comunicación de una manera que no supo previamente. Porque no lo hizo, aun cuando tenía los medios y la capacidad institucional y técnica para hacerlo.

–¿Por qué no lo hizo entonces?

–Es difícil responder por qué no lo hizo o por qué no supo comunicar los logros de sus políticas. Porque tuvo errores, pero también logros, como las políticas en salud pública (sobre todo la vinculada con “Atención Primaria de Salud”). Por primera vez en Paraguay se instaló la salud pública gratuita con un enfoque territorial a partir del cual muchas familias que en su vida habían visto un médico, sí lo vieron en ese período gubernamental. Veían al médico al menos una vez por mes y tuvieron la posibilidad de acceder a medicamentos gratuitos. Eso se dio en todo el territorio de la república. Fue una marca registrada del gobierno de Lugo. Otras cuestiones positivas han sido las transferencias condicionadas o el tema de la protección de la infancia, a través del programa Abrazos. Además hay logros que venían del anterior gobierno colorado y Lugo los expandió.

–¿Cómo evalúa las estrategias de la oligarquía en el proceso de destitución y en el momento actual?

–Hace rato que la oligarquía anunciaba que le iba a hacer un juicio político a Lugo, y lo decía ante cualquier mínima excusa. Fundamentalmente veía como un problema el enfoque de las políticas sociales de Lugo, que estaban generando que parte de la población cuestionara los mecanismos clientelistas, algo que iba en detrimento de los principales partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal. Este es un primer aspecto. Y molestaban además porque Lugo –en un país machista y tradicionalmente moralista– abrió y habilitó una serie de discusiones sobre la diversidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto es inédito. Otro aspecto que se pensaba como un problema, y que explica por qué debían “deshacerse” de él y de su proyecto, es que Lugo generó una relación externa en un marco de integración regional, algo también inédito.

–¿A qué se refiere puntualmente?

–No es sólo el caso de la relación de Paraguay con el resto de los países del Mercosur. En la renegociación que se dio del Tratado de Itaipú de 2009, Paraguay se sentó de igual a igual con Brasil a replantear la triplicación de la compensación de la energía. Fue una renegociación en torno a un tratado injusto que Paraguay hizo con un equipo técnico muy profesional y comprometido en la lucha contra la dictadura. Se trató de un equipo que se sentó frente a Brasil y le planteó francamente: “Esto no es solamente un debate político, es también un debate ético. Por razones éticas, ustedes tienen que considerar una serie de reclamos que hace Paraguay y, además, nosotros no vamos a aceptar un centavo por debajo de la mesa. Porque todos los que estamos acá, de este lado de la negociación, hemos sufrido el destierro, la persecución y el exilio por defender la libertad”. Imaginemos entonces cómo Paraguay, un país históricamente rezagado, se empieza a posicionar en política exterior. En ese contexto aparece ante el Mercosur como un interlocutor válido, porque es un gobierno que ciertamente responde a una afinidad política con los signos políticos de la región. Y esto último implicaba un avance en materia de democratización y de derechos que hacía que Paraguay fuera un interlocutor válido.

–¿Cuál fue la postura de la oposición respecto del posicionamiento paraguayo frente al bloque?

–La oligarquía, específicamente, vio mal todos estos avances del gobierno de Lugo. Los vio como un problema capaz de limitar su base de sustentación. En parte porque, históricamente, la relación con el exterior se caracterizó por la dependencia y el rezago. La oligarquía se organiza para decir que, al interior de la realidad social paraguaya, fueron méritos a medias.

–¿En qué sentido “a medias”?

–Según ellos, la renegociación del Tratado de Itaipú no fue tan importante. Dijeron: “Lugo nos dice que va a renegociar, pero al final no lo hace”; “Lugo utiliza las políticas sociales para construir su clientela”; “Lugo habilita estos discursos de igualdad entre hombres y mujeres contra la tradición de nuestro pueblo”. Ese sentimiento de la oligarquía se traducía en los medios de comunicación, controlados absolutamente por sectores vinculados con los grupos económicos. La estrategia apuntó a atacarlo constantemente en el Parlamento y en las diferentes instancias, y desgastando su figura en los medios. En cierta medida, Lugo contribuyó con esto a partir de las cuestiones vinculadas con su paternidad en momentos en los que era obispo. En una sociedad tan conservadora, la oligarquía lo presenta ante la prensa como alguien que no tiene altura moral para ser gobernante. De hecho, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) salió a atacarlo a través de los medios. También la jerarquía de la Iglesia, que es muy conservadora. En los últimos veinte años, la jerarquía eclesial ha tenido una clara afinidad con la oligarquía paraguaya. En ningún momento fue a hablar con los diferentes actores relacionados en el proceso de destitución sino que fue directamente a hablar con el ex presidente para decirle que renunciara. El mismo Lugo decía: “Yo hablo con los obispos, pero, ¿por qué me dicen a mí? ¿Por qué no le dicen al Parlamento que pare el juicio político?”. Tampoco es que fueran todos los obispos, pero sí los dirigentes de la Conferencia. Hay que notar que existen posiciones muy diferentes al interior de la Iglesia, muchas de las cuales se declararon contra el juicio político.

–¿Qué evaluación hace del gobierno de Federico Franco, en términos de avances y retrocesos con respecto a la gestión de Lugo?

–Lugo llega al gobierno como aliado del Partido Liberal Auténtico. No habría llegado a la presidencia sin ese apoyo, es importante notarlo. El gobierno de Federico Franco ve que muchos de los proyectos en pie habían sido concebidos en el marco de la coalición de la cual ellos también formaron parte, de ahí que no pueda echarse demasiado atrás. No va a desmantelar todas las políticas sociales. Este es un programa emblemático que empezó durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, pero que Lugo expandió y que Franco, según declaró, no va a desmontar. Pero, por ejemplo, no dijeron nada sobre Atención Primaria en Salud, que es marca registrada de Lugo. El ministro de Salud actual alega que el sistema de salud está en estado de caos y abandono, lo cual no condice con un programa de atención primaria en salud que se expandió bastante efectivamente. Franco responde a intereses de la oligarquía. Tanto que, a una semana de la destitución, se aprobó en Paraguay la entrada de la semilla transgénica de algodón, que estaba parada por el gobierno de Lugo. Que se haya aprobado de inmediato a la destitución evidencia también hacia dónde apunta Franco, en un país donde la soja y el avance del algodón transgénico van en detrimento de una población empobrecida que migra a las ciudades o a la Argentina. Además es claro que va a favorecer proyectos económicos en coherencia con los intereses de los inversores.

–¿Hay algún ejemplo que confirme esta afirmación?

–Uno de estos casos es el de Río Tinto Alcan (RTA), una empresa canadiense de producción de aluminio, que no tomará en cuenta garantías sociales y ambientales. La compañía tiene demandas en Tribunales Internacionales por daños al medio ambiente y por el incumplimiento de garantías sociales.

–¿Quiénes son los principales beneficiarios del golpe?

–Soy de los que creen que el Partido Colorado será el principal beneficiario, aunque en la actualidad no se lo vea así. Antes del golpe, el PC reunió una cantidad de intereses, con el que incluso el mismo Lugo ya estaba pactando. Esto último constituyó uno de los grandes errores del ex presidente: llegó a acuerdos con la presidenta del partido para el ascenso a cargos públicos, y evitar de esa forma ser sometido a juicio político.

–¿Qué motivó ese acercamiento?

–El punto es que estaba por comenzar una campaña muy desgastante entre los diferentes sectores, y Lugo ya venía con su imagen desgastada. Entonces, el acercamiento con el Partido Colorado fue pensado para garantizar que no se lo atacara. Un error, porque no se trataba de cualquier partido sino del que tenía las mayores intenciones de recuperar el poder.

–¿Por qué ese acercamiento sería conveniente para el Partido Colorado?

–Lo que hay que tener en cuenta acá es que el Partido Colorado tiene una interna muy fuerte dentro de la cual su presidenta es económica y políticamente la más débil. Lilian Samaniego pertenece a un sector político al interior del PC que no tiene los mismos recursos económicos que Horacio Carter, un empresario multimillonario que hizo dinero a través del tráfico de drogas, contrabando y triangulación, junto al intendente de Ciudad del Este, un personaje muy importante al interior del partido. No es el caso de Samaniego. Entonces, el acuerdo consistía en que, a cambio de un cierto respaldo y de no percibir demasiados ataques, Lugo destinaría algunos cargos al sector afín a Samaniego. Cuando se produjo la matanza (el enfrentamiento en el nordeste del país), saltó la posibilidad del juicio político. Lugo aceptó la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y en el marco de las conversaciones que se venían dando, nombró al primo de Samaniego. El Partido Liberal le pidió que repensara ese nombramiento. Pero como Lugo quería blindar la posibilidad del juicio político, amenazó a Lilian con hacer visible la alianza que mantenían si apoyaba el juicio. Y ella hizo una declaración por la cual su primo abandonó el puesto.

–¿Entonces Samaniego se benefició con el juicio político a Lugo?

–Se benefició el PC, a excepción de Samaniego. Cuando acompañaron el juicio político lo hicieron para consumar la ruptura que se venía dando entre el Partido Liberal y la Coalición de Centroizquierda. Por otro lado, el proceso de destitución fue corto para generarle problemas al gobierno de Federico Franco en el posterior proceso de destitución. Calcularon el contexto externo al gobierno de Franco, que no encuentra solidaridad en ninguna parte, y salieron beneficiados y fortalecidos. Estoy seguro de que, gane quien gane, van a salir fortalecidos y van a capitalizar el hecho de que la izquierda ya no está en alianza con el Partido Liberal.

–En ese sentido, ¿cómo ve la decisión de los miembros del Mercosur de suspender temporariamente a Paraguay?

–La oligarquía siempre se mostró contraria a los acuerdos de integración regional. Pero el Parlamento no ve mucho más allá de lo que le afecta directamente, porque está cada vez más aferrado a defender intereses de clase. Para ellos, el ingreso de Venezuela tenía un connotado tinte político e ideológico para favorecer a los sectores de izquierda del sistema político paraguayo. La oligarquía no ve la suspensión como una afrenta al país sino a sus propios intereses. Hay un aspecto importante sobre la suspensión de Paraguay en el Mercosur: la oligarquía paraguaya alega que, en términos de derechos, no se respetó la cláusula Nº 4 del Protocolo de Ushuaia.

–¿Qué dice esa cláusula?

–Según esa cláusula, el Estado parte que se vea concernido en un proceso de suspensión o expulsión, cualquiera fuera, puede presentar defensa. Lo que no cuentan ni la oligarquía ni los medios de comunicación es que Paraguay ya había sido convocado: los cancilleres del Mercosur y de la Unasur visitaron el país en pleno proceso de quiebre institucional, como una medida cautelar para ver si podían incidir en ese quiebre político, y evitar el quiebre y la futura suspensión. Y para evidenciar también que no se estaban respetando las garantías institucionales del ex presidente y que tampoco se trataba de un proceso democrático. Las reuniones y visitas previas a lo ocurrido demuestran que Paraguay fue tenido en cuenta para que se cumpliera todo un debido proceso. El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado por todos los demás cancilleres, se acercó a uno de los militares y le dijo que estaban haciendo mal el proceso y que eso les podía valer una suspensión en el contexto regional. En realidad, la cláusula Nº 4 sí se cumple, la suspensión se ajusta a derecho. Es interesante que la suspensión no tenga un tinte económico; es una sanción política.

–¿Por qué?

–Porque, de esa forma, la oligarquía paraguaya se embarca en una campaña sorprendente de descrédito y marca el contexto externo como la nueva Triple Alianza, la nueva versión contra nuestra soberanía en asociación a un discurso nacionalista, conservador y anacrónico. Más allá de las posiciones de unos y otros con respecto a Lugo, todos los que acompañamos y creemos en procesos que implican avances significativos en la democracia política, económica y social, somos considerados enemigos internos. Para la oligarquía somos legionarios, en referencia a la Legión Paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza.

–Dentro de este proceso de suspensión de Paraguay en el Mercosur, ¿cómo ve el ingreso casi paralelo de Venezuela, resistido hasta entonces por el Parlamento paraguayo?

–Mi posición no se corresponde, ni le hace el juego a la derecha paraguaya que lo resistió, aunque sí creo que hay algunos aspectos que no se cumplieron de forma y de fondo para el ingreso de Venezuela, y que fueron viciados. Considero que es conveniente que Venezuela entre en el Mercosur, lo será también para Uruguay. También me parece que la suspensión de Paraguay se ajusta a derecho. Sin embargo, no coincido con la manera en que se dieron las cosas.

–¿Cómo se dieron, según su punto de vista?

–Hacer entrar a Venezuela justo durante la suspensión de Paraguay no se ajusta a derecho. Creo que es un proceso viciado porque se aprovecha una coyuntura y se viola una normativa según la cual todos los miembros tienen que estar de acuerdo. Eso efectivamente no se cumple. Allí sí hay un punto que en algún momento debe ser subsanado, y no solamente en el ámbito jurídico sino también político. Lo que no quiere decir que esté mal que haya entrado. Al mismo tiempo, es cierto que Paraguay nunca comunicó oficialmente su rechazo al ingreso de Venezuela al Mercosur, razón por la cual queda en el limbo jurídico si la manera en que Venezuela entró se ajusta o no a derecho. Cuando digo que no se ajusta a derecho es porque no se realizó considerando a todos los miembros presentes, a Paraguay entre ellos. Pero en términos técnicos se puede justificar, porque el Congreso paraguayo nunca trató oficialmente ese ingreso; lo negó en voz alta, demoró su tratamiento y nunca se expidió sobre el tema. Por eso pienso que, al mismo tiempo, el acto que se hizo está dentro de cierta legalidad.