Entre el 17 y el 20 de octubre pasado, en la ciudad de Barcelona, España, el Memorial Democrático catalán efectuó su primer Coloquio Internacional centrado en Políticas Públicas de Memoria, en un clima signado por la inminente aprobación de dos leyes sobre la memoria histórica. Los temas abordados, y el nivel y rigor con que se los trató, lo convirtieron en el inicio de un debate imprescindible para países como la Argentina.

Las fraguas de la memoria otra vez relumbran en España. Después de casi 40 años de la dictadura que a sangre, hostias y garrote vil instaurara Francisco Franco, y de los más de treinta transcurridos desde que el Caudillo exhalara su último suspiro, la conmemoración del pasado comienza a resquebrajar la losa de silencio y olvido que durante siete décadas sepultó crímenes y luchas. En menos de ocho días, entre el 24 y el 31 de octubre, vieron la luz dos leyes poco imaginables tiempo atrás –la que creó el Memorial Democrático de Cataluña y la denominada Ley de la Memoria Histórica, aprobada siete días después por el Congreso de los Diputados de España– que, más allá de limitaciones y polémicas, incorporan el reconocimiento a las víctimas de la dictadura franquista, la ilegitimidad de los tribunales y sentencias de excepción y el compromiso de desarrollar políticas públicas de memoria.

El Memorial Democrático catalán es en España la primera institución del Estado dedicada específicamente a la restitución de la memoria democrática y también la que hizo punta en la inclusión explícita de la condena a la dictadura franquista. Surgió como producto del compromiso adoptado hace tres años por la coalición de centroizquierda gobernante en Cataluña de instituir una política pública de memoria que reconociera a los luchadores por la democracia durante la Guerra Civil y la dictadura. Era una deuda pendiente: ya el nuevo Estatuto establecía la necesidad de resguardar la memoria democrática, un reclamo cada vez más potente.

Pensado como sitio de rememoración, conservación e investigación y como centro de difusión y recursos; concebido no como museo o centro documental sino como un ágora que deje fuera las narraciones únicas y posibilite la inclusión y contrastación de cualquier versión democrática, el Memorial estará abierto tanto a quienes desde hace años se dedican a la memoria antifranquista como a grupos nuevos cuyas iniciativas apuntan a las experiencias democráticas de los actuales movimientos sociales.

El Primer Coloquio Internacional Políticas Públicas de Memoria, celebrado en Barcelona entre el 17 y el 20 del pasado mes de octubre, supuso un fuerte respaldo al Memorial, a pocos días de que el Parlamento Catalán considerara su creación por ley. Inaugurado por José Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña, y por Marius Rubiralta, rector de la Universidad de Barcelona, el Coloquio contó con la presencia de figuras como Isabel Allende Bussi y Elizabeth Lira, de Chile, el respetadísimo jurista español Carlos Jiménez Villarejo y el periodista de Página/12 y director del CELS, Horacio Verbitsky, entre muchas otras personalidades relevantes en los temas abordados.

Organizado por la Dirección General de la Memoria Democrática, que comanda con firmeza María Jesús Bono, el Coloquio constituyó un rico espacio de exposición y debate para medio centenar de participantes procedentes de once países ante una concurrencia heterogénea profesional y generacionalmente, de cerca de más de 400 personas. No sólo se trataron cuestiones conceptuales. También fueron abordadas las experiencias de memoriales en diferentes partes del mundo. Entre ellas, la recuperación de la Villa Grimaldi y las acciones desarrolladas en Colectivo Londres 38, en Chile, y las que, en Argentina, donde a partir del 2004 memoria, verdad y justicia son políticas de Estado, llevan adelante el Archivo Nacional de la Memoria y el Instituto Espacio de la Memoria en la ESMA y ex Centros Clandestinos de Detención, la Red Federal de Sitios de Memoria y la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Una experiencia pionera, iniciada en la ciudad de Buenos Aires en 1997 –la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado– fue la que por primera vez reunió en un mismo espacio a representantes de organismos de Derechos Humanos, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo local, sobreviviendo a cambios de gobierno y crisis como la del 2001. Frente al Río de la Plata, el Monumento, con los nombres grabados de los desaparecidos y asesinados, será inaugurado el próximo 7 de noviembre. El Coloquio, efectuado en el marco generado por las polémicas sobre las leyes de memoria, aportó elementos valiosos tanto en información como en elaboraciones conceptuales y generación de interrogantes para el debate en curso –y en buena medida pendiente– que comenzó a darse en Argentina. El evento incrementó con fuerza la necesidad de intercambios y discusiones fecundas. Faltó tiempo en Barcelona para llevarlas adelante y ya se plantea un espacio informático que anticipe la red de memoriales que fue apareciendo como imprescindible.

Mientras tanto, creado ya por ley y fortalecido en su presencia pública, el Memorial Democrático catalán busca su espacio físico. “Se requiere ahora una entidad, una sede, un programa de actividades, una oferta permanente de servicios, un presupuesto”, señaló el urbanista Jordi Borja. Las palabras pronunciadas en el cierre del Coloquio por Joan Saura, consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, permiten alentar cierto optimismo. “Es irreversible la política iniciada en Cataluña”, dijo, ante un lleno total de sábado a la tarde tras tres días de sesiones.

Presente y pasado (1)

Como siempre ocurre, y como ha señalado Pilar Calveiro, “es el presente o más bien son los peligros de nuestra sociedades actuales los que convocan la memoria. En este sentido se podría decir que ella arranca de esta realidad nuestra y se lanza al pasado para traerlo, como iluminación fugaz, al instante de peligro actual”. Y así se expresó nítidamente en el Coloquio.

Ricard Vinyes, catedrático de la Universidad de Barcelona y coordinador de la comisión redactora del Memorial Democrático, abrió las sesiones con una elaborada intervención que ubica al particular modelo español de impunidad (que no equivale a la ausencia de juzgamiento a los responsables de la represión y crímenes franquistas sino a la negativa del Estado a destruir política y jurídicamente la vigencia legal de Consejos de Guerra y sentencias dictadas por los tribunales especiales) como generador de “un reclamo imbuido de un fuerte y conflictivo contenido ético y político” y de que “recuperar la memoria histórica sea una metáfora social que expresa un desacuerdo moral, una insurrección ética a este modelo de impunidad”. Vinyes sostuvo que “este desacuerdo ha hecho crecer el interés social por el pasado reciente y que, a la vez, va demostrando que el conflicto pasa por la trasmisión de la memoria y su constante resignificación”.

Desde otro lugar, decía hace dos años a Página/12 Jordi Borja al comentar las grandes movilizaciones montadas por la derecha política y la Iglesia Católica que se registraban entonces en España: “Hemos tenido una democracia cobarde, devaluada por la impunidad. Al pactar con la injusticia, los valores e intereses de la dictadura quedaban a salvo y han reaparecido”, enfatizando la necesidad urgente de dar la batalla cultural. Frente a una democracia española devenida “frígida, frágil, economicista... debemos apropiarnos de nuestro pasado, hay que ‘resimbolizar’ la vida política democrática para enriquecerla, para que la sociedad vuelva a sentirse implicada en proyectos colectivos”.

Afrontar este presente es hoy el desafío de la política pública de memoria que, según Vinyes, no es sino la combinación entre un objetivo (“asumir como patrimonio de la Nación los esfuerzos, conflictos, luchas y memorias que han hecho posible el mantenimiento de los valores éticos de la sociedad que nos hemos dado”, es decir los valores democráticos constitutivos del antifranquismo), un programa (“las actuaciones para preservar y difundir ese patrimonio material e inmaterial”) y un instrumento (el Memorial Democrático). Se requiere, señala, dirigirse a toda la sociedad transversalmente (y no sólo a los colectivos de afectados) para implementar acciones de trasmisión de ese patrimonio.

Pero, ¿cuál es el núcleo de la memoria a trasmitir? Vinyes subrayó su rechazo a la tríada “imperativo de la memoria-discurso único-centralidad del dolor” como constitutiva de un difundido guión canónico que “convierte al pasado fecundo, utilizable, en una memoria seca y acabada”. Y apostó a sustituir el dolor (que no es sino una experiencia) por la transgresión (que es un valor): “Aunque hasta ahora casi siempre el capital ha sido el dolor –explica Vinyes–, yo estoy cada vez más convencido de que el núcleo de la resistencia, de las luchas democráticas, de la oposición, es la transgresión, es decir esa vulneración de las leyes y reglas que se da a partir de tomar conciencia de la existencia de una situación opresiva, de la injusticia... Además, en un caso como el nuestro, en que la dictadura duró tantos años y afectó a todos los aspectos de la vida impidiendo que la mayoría de los ciudadanos realizara sus proyectos, ya no se trataba sólo de la transgresión política clásica de militar en un partido sino de la transgresión que echó raíces en la agenda cotidiana, plagada de prohibiciones y de proyectos de vida frustrados. Por eso creo que el núcleo de la memoria trasmisible pasa por la transgresión y porque en tanto es sublevación ante la injusticia, une el pasado con el presente”.

Memoria: ¿deber o derecho?

El Memorial Democrático sostiene la existencia de un derecho civil a acceder y a reinterpretar al patrimonio ético que conforman las luchas y sus memorias. Y de lo que se trata, afirma, es de que el Estado garantice el ejercicio de este derecho a través de las políticas públicas de Memoria. Vinyes lo fundamenta en el rechazo al deber de recordar.

“La memoria democrática no es un imperativo, es un derecho civil que forma parte constituyente del estado de bienestar como el resto de derechos civiles, conseguidos o no. Nosotros entendemos que el deber de memoria no existe. No es otra cosa que un postulado moral que, entre otras consecuencias, ha llevado a la creación de un dilema falso y engañoso –¿es preciso olvidar o es preciso recordar?– cuyas respuestas afirmativas a uno u otro extremo paralizan cualquier decisión y acción. Pero lo más grave es que se plantea como una decisión estrictamente individual que, por consiguiente, exime a la Administración estatal de cualquier responsabilidad... De ahí que sostengamos que el deber de memoria nunca puede fundamentar una política pública. Y, en cambio, que el conocimiento de los esfuerzos para alcanzar relaciones sociales equitativas y democráticas, de los valores éticos que han animado esas luchas, de las experiencias y proyectos de quienes las protagonizaron, del terror de Estado en contra de ellos, que el conocimiento de todo ello constituye un derecho civil, que eso sí funda y basa la responsabilidad de la Administración pública, porque es ella quien debe garantizar a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho, poniendo los medios que posibiliten hacerlo.”

Presente y pasado y (2)

El Memorial no se define como una institución sobre el conocimiento histórico de cualquier pasado, sino como una institución sobre la responsabilidad civil y ética de la ciudadanía.

“Se trata –dice Vinyes– de una institución absolutamente transversal que usa el conocimiento histórico como un medio, pero también otros saberes y expresiones de reflexión. No se trata exactamente de ‘explicar’, sino de provocar la reflexión que conduce a la conciencia: la cuestión no es ¿qué sabía antes de entrar y qué sé ahora? Más bien es otra: ¿qué pensaba antes de entrar? ¿Qué pensaré a partir de ahora? La actuación del Memorial, su programa, debería orientarse a mantener esa pregunta.”

Vinyes deslinda “comunidad de víctimas” y “responsabilidad ciudadana”. “Los relatos del antifranquismo –dice– son tan sólo –que no es poco– pretextos para provocar la conciencia democrática en la ciudadanía. En caso contrario tan solo habrá comunidad de víctimas, pero no conciencia ciudadana de los valores democráticos de los que eran portadores aquellos que fueron sometidos a represión por la dictadura.”

Otra vez, la memoria trae desde el presente al pasado. “En definitiva –afirma Vinyes–, hemos propuesto una Institución para convertir la memoria del antifranquismo, la memoria democrática, en nuestro recuerdo productivo, en nuestro pasado utilizable. Un instrumento de socialización que contribuya a construir ciudadanos en nuestro pequeño y frágil país.”