En el Gobierno consideran que el lockout de los productores agropecuarios, con cortes de rutas similares a los que supieron imponer en tiempos pasados los piqueteros más intransigentes, lejos de debilitar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fortalece. No sólo es una percepción que deviene de la intuición política, sino apoyada en encuestas, que según afirmaron fuentes de la Casa Rosada a Página/12, indican que una amplia mayoría de la población se opone a la medida de la Sociedad Rural y las entidades que la acompañan y creen que sus ganancias son suficientemente generosas como para una reacción semejante ante la suba de las retenciones a las exportaciones.

También los principales funcionarios del Gobierno entienden que si la protesta agropecuaria se extendiera después de Semana Santa y esto hiciera peligrar el abastecimiento de carne y otros productos, el enojo de la sociedad contra ese sector se redoblaría. Hay otros dirigentes que ponen en duda esta consideración, porque evalúan que el gran apoyo mediático que tiene la medida de fuerza de los dueños de los campos podría hacer que la lógica irritación que causaría un desabastecimiento sea desviada hacia el Gobierno.

Con una u otra hipótesis, lo concreto es que ante los primeros síntomas de desabastecimiento el Gobierno no se quedará de brazos cruzados, según dejaron trascender en la Casa de Gobierno. Y, para ello, dicen, cuenta con una variada opción de medidas. En tren de barajar alternativas, algunos funcionarios especulaban con quitarles a los productores algunos de los beneficios que les dio el gobierno kirchnerista desde 2003. Pero en los más altos niveles del Gobierno sostienen que, fiel a su estilo de redoblar la apuesta frente a los conflictos que se le presentan, llegado el caso y si los ruralistas no cesan en su actitud, podría, lisa y llanamente cerrar las exportaciones de una parte de sus materias primas, para obligar a volcar los productos al mercado interno. Ya en enero hubo una prohibición de exportar nafta y gasoil para normalizar el consumo interno y en febrero se le había puesto un tope a la exportación de trigo por la misma razón.

Aunque en la Casa Rosada el enojo es muy fuerte porque creen que están ante una reacción injusta en comparación con cómo creció el sector durante el gobierno kirchnerista, también esperan que los productores agropecuarios actúen con sensatez. Es decir, que levanten el lockout para abrir el diálogo con el Gobierno. Ese enojo lo hizo público ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. “Pareciera ser que por la virulencia de la protesta, los que protestan son enormes perdedores, y es el sector que más ha ganado y más gana en la Argentina”, expresó.

El ministro de Economía, Martín Lousteau, también dejó sentado ayer su malestar. Pero a la vez dejó una puerta abierta al diálogo al sostener que “el campo sabe que hay una agenda abierta para discutir la estrategia para los próximos cuatro años, para producir más leche, más carne”.

En medio de su descanso de Semana Santa en El Calafate, la Presidenta está siguiendo el conflicto, según dicen, con mucho fastidio. Todavía no se refirió al tema públicamente. El martes, cuando retome sus tareas, si no ve una actitud positiva de los productores agropecuarios, podría hablar de ello y, algunos aventuran, en términos duros. Hasta ahora la orden que dio a sus ministros se mantiene. “Si no levantan el lockout no dialogamos.” Por eso ni Alberto Fernández ni Lousteau ni el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, atendieron los llamados que les hicieron en las últimas horas varios directivos de las distintas cámaras empresariales agropecuarias.