Las entidades del campo ratificaron ayer públicamente que mantendrán el lockout y los cortes de ruta hasta que se eliminen las retenciones móviles, pero en privado algunos dirigentes rurales buscan la forma de destrabar el conflicto porque reconocen que se les fue de las manos. La alternativa que evalúan es levantar el paro por 48 horas y esperar una respuesta oficial durante esa impasse. Las fuentes consultadas aseguraron que no sería un salto al vacío porque el Gobierno les hizo saber a los empresarios que está dispuesto a hacer alguna concesión en ese lapso. Los principales obstáculos son la efervescencia de la gente y las internas gremiales existentes dentro de las entidades.

El presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, es uno de los más interesados en ponerle fin al conflicto. Eso explica el perfil bajo que mantuvo la entidad en los últimos días. “Si hubiéramos querido obtener algún rédito político con los cacerolazos hoy a la mañana (por ayer) habríamos convocado a una conferencia de prensa y sin embargo no lo hicimos”, señaló a este diario una fuente de la entidad.

En el Gobierno reconocen la voluntad dialoguista del dirigente, con el que dicen haber conversado por teléfono. Sin embargo, aclaran que el principal freno que tiene Miguens es su vicepresidente, Hugo Luis Biolcati. “Biolcati extrema su postura porque quiere ser presidente de la Rural y eso le reduce el margen de acción a Miguens, porque si aparece haciendo una concesión pública frente al Gobierno va a perder posiciones de cara a las próximas elecciones de la entidad.”

Un problema similar tiene Federación Agraria. Públicamente celebran la movilización popular de los chacareros y dicen que el discurso de la presidenta Cristina Fernández y la irrupción del dirigente social Luis D’Elía en Plaza de Mayo durante el “cacerolazo” fortalecieron su posición. “La capacidad de convocatoria de D’Elía es admirable porque desde que se empezaron a ver esas imágenes donde aparece patoteando a los manifestantes se nos sumaron muchos productores más a los cortes”, aseguró ayer el vicepresidente Ulises Forte.

Sin embargo, detrás de las consignas triunfalistas hay preocupación. Eduardo Buzzi reconoció a algunos funcionarios del Ejecutivo que su intención es encontrar una salida, pero les recrimina haber recibido promesas en el pasado que luego no se cumplieron. Por ejemplo, Federación Agraria esperaba con ansias la creación de una subsecretaría que se ocupara de los pequeños productores. Otro problema que surge en el medio de la negociación es la interna gremial. Al igual que Miguens, Buzzi dice que tiene la obligación de ponerse al frente de la protesta rural porque si no la protesta seguiría viaje sin él y cualquiera de los dirigentes de la Federación que hoy copan las asambleas en las rutas se quedaría con la presidencia de la entidad. El problema es que, a diferencia de Miguens, Buzzi no sólo apoya la protesta sino que se ha convertido en uno de los principales voceros, desconcertando al Gobierno.

Por el lado de Coninagro también hay voluntad de llegar a un acuerdo. La entidad que preside Fernando Gioino expresa fundamentalmente los intereses de los productores relacionados a Sancor y en la actualidad esa empresa depende del Gobierno más que de ningún otro actor. Confederaciones Rurales Argentinas, por su parte, es la que se ubica más lejos del Poder Ejecutivo. Las diferencias ideológicas minaron la relación desde un inicio y la situación no ha cambiado. Sin embargo, para el gobierno lo importante es fortalecer los puentes con Sociedad Rural y Federación Agraria para destrabar cuanto antes la situación.