Una de las razones que llevaron a las entidades agropecuarias a resolver la continuidad del lockout es que sus bases tienen espaldas para seguir. El núcleo de manifestantes y piqueteros rurales está integrado por productores de soja, que más allá de los motivos que encuentran para sus reclamos, en su mayoría atraviesa una situación desahogada. A diferencia de otras épocas, se encuentran sumamente líquidos, no están acosados por deudas y disponen de capacidad financiera para retener la cosecha. De acuerdo a estimaciones de analistas privados, coincidentes con otras que hacen en el Gobierno, la media de productores en conflicto podría mantenerse sin comercializar granos por un mínimo de dos meses a un máximo de seis.

Esa proyección toma en cuenta sólo el aspecto económico financiero. El costo de esa retención es bajo. La mayoría de los productores de soja empezó la cosecha hace un mes y ya la levantaron en un 85 por ciento. Algunos entregaron sus cereales a acopiadores, otros la guardan en silos de cooperativas y otros la almacenan en silobolsas, que a raíz del lockout se han convertido en un furor. Los granos resisten sin problemas algo más de un año en esas bolsas gigantes de 25 metros, sin perder calidad. Los productores que tienen la máquina para cargarlas con soja gastan un promedio de 4,5 dólares por tonelada, mientras que aquellos que contratan el servicio pagan unos 7,5 dólares una sola vez. Ese es el único gasto directo de sentarse sobre la soja.

El próximo desembolso fuerte de muchos de esos productores vendrá con la siembra de trigo, que debería empezar el próximo mes. Sin embargo, esos cultivos se están demorando por problemas de sequía. Pero si efectivamente empezaran en un par de semanas, el grueso de los ruralistas podría afrontar el gasto sin despeinarse. A la vez, cuentan con la posibilidad de financiarse con sus proveedores de insumos y pagar cuando cosechen. Casi nadie recurre a esa opción porque disponen del efectivo para comprar al inicio, con la doble ventaja de esquivar el costo financiero y quedar a salvo de los fuertes aumentos de precios en fertilizantes y herbicidas.

Si es por el bolsillo de la mayoría de los sojeros, el lockout agropecuario podría extenderse hasta bien entrado el invierno. En zonas mixtas, adonde se desarrolla la agricultura pero también la ganadería o la lechería, los productores resuelven su situación de caja diaria con la liquidación de hacienda o la venta de leche a las usinas. Esto ocurre, por ejemplo, en el centro oeste de Buenos Aires o en la región de mar y sierras.

El mayor problema para llevar el conflicto mucho más allá en el tiempo es la situación de quienes perciben ingresos por actividades asociadas con la producción primaria y, de manera indirecta, los comerciantes y proveedores de servicios en las localidades del interior. Ellos también han crecido los últimos años de la mano de la explosión de la agricultura, pero están lejos de ostentar billeteras tan abultadas. Página/12 informó el último lunes que en Gualeguaychú, por ejemplo, los vecinos viven la contradicción de apoyar la protesta rural pero sufrir en carne propia las consecuencias del menor nivel de actividad y el aumento de precios, producto del desabastecimiento por los cortes de ruta. En Pergamino, la capital de la soja, también se notó una caída en las ventas y una postergación de proyectos inmobiliarios. En ningún caso su futuro es sombrío, pero en el día a día esos sectores son el eslabón más débil de la protesta rural.

Si el respaldo que brindan las ciudades del interior se transforma en lo contrario, las corporaciones agropecuarias verán que los plazos de su lucha se acortarán significativamente. Los primeros que están exteriorizando su mal humor son los fleteros. Los transportistas rurales registran caídas de facturación que llegan al 50 por ciento y eso los pone en una situación complicada.

Dentro del campo de la producción agropecuaria, los ganaderos –tanto los de invernada como los de cría– y los tamberos pueden seguir conviviendo con el lockout, ya que ellos sí están comercializando. Un lockout de cualquier otro sector, tanto industrial como comercial o de servicios, no podría durar tanto como el que están llevando a cabo los productores más favorecidos del mundo rural. Las pérdidas que sufrirían por parar sus actividades serían enormes. De hecho, las principales cámaras patronales les exigieron a los ruralistas que se sienten a dialogar con el Gobierno, porque sus negocios se están viendo afectados por la medida de fuerza. El sector del campo en conflicto, a pesar de sus quejas, puede darse un lujo de una protesta larga que nadie más –mucho menos los trabajadores– podría realizar.