Los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio se movilizaron ayer hasta el Congreso para reclamar, bajo la lluvia de media tarde, por la sanción de una ley que nunca consigue prosperar y que tiene como punto medular impedir a las petroleras la comercialización minorista y forzarlas a garantizar el abastecimiento en ciertas condiciones. La marcha tuvo el apoyo de cámaras patronales, que reconocen en la movida un intento de reforzar sus propios reclamos al Ejecutivo para mejorar la rentabilidad. Todos saben, sin embargo, que la verdadera partida sobre estos temas se seguirá jugando en el despacho de Guillermo Moreno.

Con la ayuda de algunos –sólo algunos– empresarios, la Federación liderada por Carlos Acuña redactó una nueva versión del proyecto de ley para la comercialización de combustibles, cuyo texto original hace tiempo perdió estado parlamentario, cajoneado desde hace años. La renovada propuesta reitera la utópica exigencia de que las refinadoras no tengan red propia. Pero este punto nunca logró el necesario consenso parlamentario y tampoco responde a una línea de trabajo del Gobierno. Así, parece más una consigna que un enunciado con posibilidades de ser sancionado.

Pero el proyecto impulsado añade o pule algunas otras cláusulas. Entre ellas, la que exige que se les renueven los contratos de provisión a los expendedores. Un agregado de último momento, basado en el dato de que muchas petroleras están rescindiendo esos acuerdos porque no tienen combustible suficiente para atender ni a su propia red. Y quedar sin ese paraguas, a decir de los empresarios, es casi como estar condenados a muerte. Aunque haya muchas condiciones de esos convenios que aspiren a cambiar, prefieren tenerlos a engrosar el universo de estaciones blancas.

Hace pocas semanas, los expendedores y las refinadoras discutieron en el despacho de Guillermo Moreno sobre cómo se puede garantizar la provisión de naftas y gasoil. Ahí surgió el presunto plan de que las refinadoras fueran incorporando a su red a aquellas estaciones que no tenían marca, algo a lo que todos dijeron que sí salvo Shell, que se negó con el mismo argumento que hoy sostienen muchos operadores del sector: no hay carburante suficiente para comprometer el embanderamiento.

Otro punto polémico, también discutido en la órbita de Comercio Interior, es el de la diferencia de precio que existe en la geografía del país. La Federación de Empresarios de Combustibles, Fecra, la entidad que lidera Rosario Sica, trató de convencer a Moreno de que promueva alguna resolución para “homogeneizar” los valores que, a su juicio, favorecen la reventa. Algunos empresarios del rubro comprarían todo el stock de aquellas estaciones que tienen naftas o gasoil a más bajo precio, para venderlos luego a un valor superior, a veces en forma directa a clientes en el interior.

Pero mientras para aquella federación es necesaria la intervención oficial para uniformar precios, para la nacional Cecha (Cámara de Expendedores de Combustibles e Hidrocarburos) sería un intento inútil. “¿La leche o el pan tienen, acaso, el mismo precio en todo el país?”, se pregunta el dirigente Raúl Castellanos, defendiendo la heterogeneidad de valores, el mismo que según Sica propiciaría el negocio de reventa.

“Se perdieron veinte mil empleos” por estaciones que cerraron, lamentaba ayer el gremio, promotor de la iniciativa parlamentaria que defiende el negocio de sus empleadores, muchos de los cuales contribuyeron con el aporte de entre 200 y 500 pesos para costear los micros utilizados en la movilización de ayer. Como fuere, los ingresos de las estaciones están mejorando. Representan alrededor de un 8 por ciento del precio de venta de los combustibles, que en las últimas semanas se han encarecido primero gradual y luego bruscamente, bajo la mirada acrítica de Moreno.