Mientras Economía estudia cómo instrumentar una tarifa social, los diputados oficialistas ya presentaron más de una iniciativa en ese sentido. Una de ellas prevé reducir compulsivamente a la mitad el precio de los servicios para los menores consumos de luz y gas, quedando la rebaja a cargo de las empresas, y admite la imposición de precios máximos para estas prestaciones. El criterio difícilmente sea admitido por las privatizadas o por Roberto Lavagna, quien también se resiste a la pretensión parlamentaria de que sea el Congreso el que tenga la última palabra en el tema tarifario. Así, el futuro de las tarifas públicas amenaza generar otro cortocircuito entre los poderes. Economía, a través de sus propios técnicos y los de los entes reguladores, analiza de qué modo podría excluirse de la suba a los consumidores más modestos. La idea es acompañada por algunas prestadoras, que saben imposible aplicar un ajuste sobre usuarios que ya, con las actuales tarifas, son morosos porque no tienen capacidad de pago.
Pero lo que el Palacio de Hacienda aún no ha definido es por debajo de qué nivel de consumo no habrá aumento ni quién soportará el costo de ese subsidio: si el Estado, resignando parte de los gravámenes que pesan sobre las tarifas, o el resto de los usuarios, soportando un aumento mayor. La alternativa no considerada hasta ahora por Lavagna y, menos aún, por las empresas es que sean éstas las que sacrifiquen ingresos. Por otro lado, en la propia bancada del PJ surgieron proyectos de tarifa social contrapuestos y ninguno muy acorde con las ideas del ministro. Una de las iniciativas fue redactada a pedido de las distribuidoras de luz y plantea reducir a la mitad la alícuota del IVA. La otra habilita a los entes de control a reducir a la mitad las tarifas de quienes no superen los 100 kilowatts de luz o los 50 m3 de gas por mes. Aunque no lo dice expresamente, en este caso el costo cargaría sobre las espaldas empresarias.
Pero lo más llamativo del texto firmado por la diputada del PJ Norma Pilati son los considerandos, expresados en duros términos hacia las distribuidoras de luz y de gas, “cuya acumulación de rentabilidad y capacidad de contribución les posibilita realizar también un aporte para amortiguar” los problemas de los sectores de menores ingresos. Esos mismos fundamentos ponen de relieve otras cuestiones polémicas, como que las tarifas residenciales de gas se incrementaron un 227 por ciento desde comienzos de la concesión, mientras que las eléctricas subieron un 101 por ciento, en tanto los ingresos medios se mantuvieron estables.
Según aseguran fuentes del bloque, éste es el proyecto que se impulsaría en primer lugar, con la intención de moderar el impacto de las inminentes subas, que, según voceros parlamentarios, podrían superar el 20 por ciento. De ser así, el tenor de aquellos fundamentos da la pauta de que el Congreso puede no ser un aliado fácil para convalidar la suba.
En la madrugada del viernes, la presión desde la Casa Rosada logró abortar la sanción de un proyecto que transformaría en vinculante el dictamen del Congreso sobre el tema. Según la secuencia prevista, los aumentos que pretenden las empresas serán discutidos primero en audiencia pública, cuyas conclusiones deben ser giradas al Parlamento.
En un escueto comunicado difundido el jueves por la noche, Economía detalló cuáles serán a su juicio los pasos a seguir, acotando expresamente las potestades de los legisladores: “La Bicameral producirá un informe no vinculante y, por último, la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo”. Algunos legisladores interpretan que el Parlamento es otro de los escenarios de la interna partidaria y que los criterios del duhaldismo, en este tema expresado a través de Economía, se contraponen con los del resto, supuestamente más proclives a desafiar a las privatizadas con la bandera de proteger a los más pobres. La última partida podría dirimirse esta semana, si la bancada del PJ insiste con la sanción de un proyecto que dé fuerza de ley a sus opiniones sobre el futuro de las tarifas.