Producción: Tomás Lukin

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Mucho para pocos

Por Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo *

Más de medio siglo atrás, Michael Kalecki afirmaba, certeramente: “El grado de monopolio tiende a elevarse durante la depresión de la actividad económica general, y a volver a disminuir durante el período de auge” (1). La evolución reciente de la economía argentina corrobora esa apreciación. En 2002 las ventas de las 200 mayores empresas del país (excluidas las agropecuarias y financieras) fueron equivalentes a casi el 60 por ciento del PBI a precios corrientes; porcentual que durante la década de los años noventa, inscripto en un sostenido sesgo creciente, se ubicó entre el 26 y el 37 por ciento. En consonancia con Kalecki, en la posconvertibilidad, después del abrupto incremento registrado en 2002, ese elevado grado de concentración tiende a morigerarse y a estabilizarse en un estadio inferior (en torno del 50 por ciento), pero que resulta muy superior al vigente en la convertibilidad. En otras palabras, los años de la posconvertibilidad revelan una consolidación de la cúpula empresaria del país como parte constitutiva esencial y decisiva en el comportamiento del conjunto de la economía.

Diversos factores potencian esta nueva y superior gravitación de las grandes empresas del país. Los profundos reacomodamientos en la estructura de precios relativos –incluyendo el tipo de cambio– de la economía les permitieron, a parte de ellas, fortalecer aún más su liderazgo a partir de crecientes exportaciones (ventajas comparativas naturales y muy bajos costos salariales a escala mundial; en un mercado internacional muy favorable para las ventas externas del país). A la vez, y en consonancia con tales mutaciones, también se han verificado alteraciones sustantivas en la propia conformación de la cúpula empresaria, tanto en lo que se refiere al origen de capital de las firmas que la integran (a favor de las transnacionales) y al principal sector de actividad en el que operan (con significativos avances de las hidrocarburíferas, las mineras, y algunas agroindustriales junto a comercializadoras de granos y sus primeras fases de elaboración manufacturera).

En ese marco, y a favor del llamado “dólar competitivo” y de la propia inserción sectorial de buena parte de esas empresas líderes, las 200 firmas más grandes del país explican, en la posconvertibilidad, más del 70 por ciento de las exportaciones totales del país, porcentual que en los noventa, enmarcado en un ligero sesgo creciente, se ubicaba en torno del 50 por ciento del total. En los últimos años, las ventas al exterior de la cúpula industrial superan holgadamente los 30.000 millones de dólares.

Esa creciente gravitación de las grandes empresas del país también está influida por las acciones y omisiones oficiales (beneficios fiscales redundantes a grandes firmas exportadoras y/o complacencia frente a fusiones y adquisiciones que las involucran y/o creciente ejercicio de prácticas oligopólicas), que han contribuido a profundizar el proceso de concentración y centralización del capital.

Al respecto, basta hacer referencia a quienes fueran los beneficiarios por excelencia del régimen de promoción instaurado, a fines de 2004, por la Ley 25.924. Así, poco más de una decena de grandes firmas, todas integrantes de las 200 más grandes del país, recibieron casi el 90 por ciento del costo fiscal asociado a los beneficios impositivos otorgados al amparo de dicha ley. Se trata de, entre otras, Aluar y Fate (ambas del grupo Madanes), Siderca y Siderar (Techint), Aceitera General Deheza, Cargill, Molinos Río de la Plata, Y.P.F., Peugeot, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Acindar, Louis Dreyfus.

En un contexto de franca y sostenida recuperación del mercado interno, con una considerable baja relativa en los costos salariales y precios internacionales en alza de los principales rubros de exportación, a partir de 2003 el elevado grado de concentración de la economía argentina produjo, o al menos estuvo asociado con, una tasa de rentabilidad sobre ventas por parte de esa cúpula empresaria que se ubica holgadamente por encima de los mejores registros de los años noventa. En efecto, en la posconvertibilidad la tasa media de ganancias de esa elite, de acuerdo con los balances empresarios, se ubica en torno del 9-12 por ciento, mientras que en los años noventa los niveles más elevados se registraron a mediados de la década (1994 y 1995), sin llegar a alcanzar el 6 por ciento anual. Más aún, la rentabilidad obtenida por las grandes firmas que cotizan en Bolsa se elevó significativamente entre 2007 (11 por ciento sobre ventas) y en el segundo trimestre de 2008 (más de 16 por ciento sobre ventas), lo cual indica cuál es el desenlace distributivo de las tensiones inflacionarias que se despliegan actualmente en la economía interna.

* Economistas de Flacso.

(1) Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía capitalista, FCE, México, 1977.

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Regular y controlar

Por Roberto Dvoskin *

Desde hace más de dos años, la sociedad argentina vuelve a discutir el tema de la inflación, apareciendo ésta como eje central del devenir económico. Inclusive, por su prolongación en el tiempo se ha convertido en un tema más serio que el proceso más abrupto, pero acotado vivido durante la crisis del 2002, dado que en ese momento la inflación estaba más vinculada a una situación coyuntural y muy derivada de la situación cambiaria.

Hoy, en cambio, la inflación pareciera ser la responsable de “todos los males” y si ésta se resolviera, todos nuestros inconvenientes se terminarían mágicamente, olvidándonos muchas veces de que en la década de los noventa la inflación no era un tema aunque los males no fueron resueltos.

En este marco vuelve a ser importante plantear la discusión sobre la necesidad de controles de precios sí o controles de precios no, cual si uno o el otro fueran, según las distintas posiciones ideológicas, soluciones mágicas o demoníacas.

Creo que es una oportunidad de poner los conceptos en orden. Todos los países del llamado mundo desarrollado tienen mecanismos de “control de precios”, sin ir más lejos en la serie televisiva Friends (para citar temas mundanos) se habla de precios de los alquileres regulados en la mismísima Nueva York y los precios de los medicamentos en la “liberal” Alemania están bajo la supervisión y el control de la Comisión de Defensa de la Competencia. Por ello debemos acordar qué significa control de precios y distinguirlo de otro concepto que es el de la administración de precios.

A mi entender, el Estado debe controlar los precios, si por control se entiende que el Estado (y sus gobiernos) tienen la necesidad y la obligación de saber lo que pasa. Ello no significa que siempre y en todos los casos él deba decir a qué precio se vende y se compra cada producto o servicio, lo que convierte el Control en Administración, y es allí, en su rol de administrador de precios, donde el Estado fracasa, o al menos tiende a fracasar en el corto plazo. En el caso de la serie Friends, el Estado estaría administrando, mientras que en los medicamentos de Alemania estaría controlando.

Pero más grave aún es lo que ocurre en la Argentina. Se pretende administrar los precios sin controlarlos. Es decir, se pretende desde el Gobierno, cuyos recursos humanos han sido diezmados en la década del ‘90, realizar tareas de fijar precios (Administrar) sin conocer (Controlar) los mecanismos por los cuales, (ya sea costos, demanda o competencia) los precios tienen el comportamiento que tienen. Vaya paradoja (o no): un buen sistema de control logra evitar situaciones de administración, algo similar a cuando decimos que prevenir evita la necesidad de curar.

Para poder realizar los controles, es necesario en primer lugar tener los recursos y la capacidad técnica que permita comprender las situaciones particulares de cada sector económico, y en segundo lugar (y al solo efecto de un orden y no por su importancia) es imprescindible tener estadísticas confiables, fundamentalmente las que hacen a precios. La situación del Indec es sumamente grave porque los indicadores de precios no son creídos ni por el propio Gobierno.

Pero el controlar los precios (el saber de su evolución y definir la existencia o no de situaciones que alteren el normal funcionamiento de los mercados) podría estar facilitado gracias a la concentración económica en la cual está inserto no sólo nuestro país sino “nuestro mundo globalizado y posmoderno”. La concentración no es ni buena ni mala, solamente es. Es una realidad fuertemente vinculada a la necesidad de enormes recursos de capital para generar productos y servicios eficientes. Frente a ello los gobiernos pueden (y deben) limitar el uso de poder dominante en aquellos sectores altamente concentrados y evitando la generación de monopolios, generados muchas veces por los propios marcos regulatorios, los cuales fomentan aun más, la concentración económica y la riqueza. Obviamente, no me estoy refiriendo a los monopolios naturales como pueden ser parte importante de los servicios públicos. Los marcos regulatorios son necesarios cuando ayudan a los procesos de transparencia y fomentan economías competitivas.

Pero aun así podría aprovecharse esta economía concentrada para que el propio Estado pudiera obtener información fidedigna de costos, competencia y niveles de demanda. El Estado debe regular y controlar, porque ése es su rol, y así evitar desvíos, abusos e inequidades. En casos extremos también puede llegar a administrar. Lo que no puede es administrar sin información. Es decir, administrar sin controlar y menos aún en entornos de alta concentración económica.

* Economista de la Universidad de San Andrés.