Promulgada la ley para la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, y a punto de vencer el acta acuerdo que habilitó el gerenciamiento mixto de las empresas, son magros los avances para formalizar esta compleja operación, cuyo marco legal es cada vez más difuso. La fijación de un precio consensuado se transformó en una misión imposible. Marsans insiste con una valuación en base a las hipotéticas ganancias que en los próximos años tendría la línea de bandera, mientras que los funcionarios del área se resisten a convalidar ese criterio como base de trabajo para la tasación oficial. Estas dificultades habrían quedado expresadas en la reunión de directorio de ayer.

La flamante ley 26.412 atribuye al Congreso la potestad de aprobar la cotización en la que hoy están trabajando el Crédit Suisse, por Marsans, y el Tribunal de Tasación, con la asistencia de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica de Haedo. Pero esa ley no invalidó el acta acuerdo firmada por las partes el 17 de julio, en virtud de la cual el precio debe surgir de consenso o, en su defecto, ser fijado por un tercero a través de un fallo inapelable.

Esa acta, que generó mucha antipatía en los legisladores oficialistas y opositores, creó un comité de transición mixto, hoy a cargo de Julio Alak, habilitando la participación de funcionarios en el gerenciamiento de la compañía, que no tiene un dueño preciso pero sí al Estado como único aportante para la cobertura de millonario déficit operativo, o como “créditos”, posibilitando su eventual ejecución, otro camino para hacerse de esos títulos sin tener que aportar dinero adicional.

Formalmente, Marsans es dueño y por eso amenaza con recuperar el gerenciamiento exclusivo de Aerolíneas y Austral si no hubiera un acuerdo con el Gobierno antes de que expire la vigencia del acta. Contando los sesenta días de validez como hábiles, eso ocurriría el 9 de octubre, según calendario, o el 17, según conjeturaban ayer fuentes ligadas a la negociación. En cualquier caso, aún no se previó ninguna prórroga.

Pero la realidad es que la compañía se está sosteniendo gracias a las contribuciones estatales hasta para gastos operativos elementales como el pago de sueldos, que hasta la intervención fueron concretadas sin dejar en claro en condición de qué se formalizaban. Tan así es que el juez que entiende en el concurso, Jorge Sícori, reclamó al accionista privado y al Estado que le precisen importes de esas contribuciones y concepto. Aún espera.

No es la única incógnita a despejar. Tampoco está claro qué pasará cuando se venza el acta acuerdo y el comando de transición –integrado por dos representantes privados y tres estatales– pierda el respaldo formal que le da ese documento. Marsans desafía con asumir el control absoluto y esperar una eventual expropiación que luego discutiría en el Ciadi. Pero los españoles bien saben que ese camino les conviene poco.

Por eso la semana pasada el español Vicente Muñoz llegó a Buenos Aires con varias cajas de documentación, presuntamente útiles para poner un precio. Los gerentes –en su mayoría designados por Marsans, según enfatizan las fuentes oficialistas– bosquejaron un plan de negocios que daba por supuesto que en un año Aerolíneas podría tener una rentabilidad superior al 1 ciento anual, algo que el propio Alak sugirió en sus informes al Congreso cuando se discutía la ley.

Cruzado el dato con el de la facturación, habría surgido cuánto dejarían de ganar los españoles por ceder el paquete accionario, poniéndole un número a su pretensión. Una visión que Alak no quiso rubricar, dejándolos sin un documento clave para tasar la empresa en función del flujo de fondos. El otro camino de la valuación es el de confrontar los voluminosos pasivos con los menguados activos al 1º de julio, presumiblemente menos favorable a los vendedores.

Estas cuestiones volvieron a analizarse en la reunión de directorio de ayer, cuerpo que formalmente también integran los estatales Alak y Vilma Castillo, aunque en este caso, en minoría. Lo que en las oficinas de Bouchard no se considera es que Julio Cobos pueda prestar oídos a la advertencia de legisladores de la oposición sobre la “nulidad intrínseca” del acta acuerdo, que ganó soberanía desde que se anunció la voluntad de reestatizar.