Ante la imposibilidad de llegar al acuerdo que se busca con Marsans, el Gobierno comenzó a avanzar en un proyecto para expropiar las acciones, el resto de activos y la marca de Aerolíneas Argentinas. Los impulsores de la iniciativa saben que a cambio las arcas públicas tendrían que afrontar un pasivo hoy superior a los 1000 millones de dólares, aunque con el atenuante de que la mitad de esas acreencias son a favor del propio Estado. Tampoco descartan que este eventual camino pudiera conducir a un dictamen adverso de algún tribunal arbitral internacional al que acudan los accionistas privados. Esto preocupa menos que la chance de generar alguna tensión con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que la Casa Rosada sí quiere evitar.

Hasta ahora, la idea de expropiar era casi privativa del Congreso e, inclusive, estuvo fogoneada por legisladores de la oposición más que del oficialismo. Pero en esta instancia de tanta dificultad para cerrar un acuerdo con los españoles en torno del valor para recomprar las acciones de AA y Austral, los técnicos de Legal y Técnica comenzaron a trabajar en el borrador de la iniciativa. Se trata de un recurso de última instancia para clausurar este pleito, bien sea expropiando o utilizando la iniciativa como herramienta de presión para negociar.

Ese posible proyecto de ley debería derogar la ley de reestatización sancionada en septiembre, ya que el segundo artículo de ésta prevé transferir las empresas al Estado mediante el mecanismo de compraventa accionaria. A su vez, la norma de expropiaciones general no prevé como objeto de captura por esta modalidad a las acciones. Así las cosas, la alternativa que se vislumbró más factible es la de avanzar en un proyecto particular que contemple las especificidades del caso.

La idea oficial es fijar el precio a pagar por los bienes expropiados, el que surge del trabajo del Tribunal de Tasación, que estipuló valores negativos para cualquiera de los métodos de cotización empleados: 832 millones de pesos, según el valor patrimonial, 622 millones, según el del flujo de fondos. Sobre esta base, el Estado se quedaría con la marca, rutas, los escasísimos aviones propios y los inmuebles sin necesidad de pagar nada a los españoles, a diferencia de lo que se comprometió el Ministerio de Planificación en el acta acuerdo suscripta con Marsans en julio pasado.

Aun así, es una operación onerosa. De movida, el Estado ya de-sembolsó varios centenares de millones de dólares desde mediados de julio para garantizar la operatividad de la compañía y seguirá haciendo aportes para cubrir su déficit operativo.

Marsans podría ir al Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, para denunciar el incumplimiento de aquella acta que les permitía a ellos participar en la fijación de un precio por las acciones a vender. En su reclamo añadirían el presunto perjuicio que les ocasionó no tener las autorizaciones de subas tarifarias y desgravaciones comprometidas por el Gobierno.

La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones analizará en una reunión de hoy las tasaciones oficial y la del Crédit Suisse, contratada por los españoles, que dio un valor positivo a Aerolíneas y Austral de unos 350 millones de dólares promedio. Para Transporte, este trabajo carece de seriedad, entre otras cuestiones porque arbitrariamente asigna a Austral todos los vuelos de cabotaje ponderándolos en más del 80 por ciento del mercado cuando, “junto a Aerolíneas, hoy no tienen más del 70”. Para Marsans, a su vez, la valuación del Tribunal de Tasación sería igualmente endeble, ya que no habría valorizado la marca y computó flotas diferentes a las reales, entre otros supuestos defectos. Algunos miembros de ese cuerpo legislativo esperan que Ricardo Jaime los visite hoy para discutir esta cuestión y la de otra posible iniciativa parlamentaria.

Ni siquiera el caso extremo de la expropiación parece clausurar por sí mismo todo el conflicto. Entre otras cosas, está el hecho de que AA es una empresa concursada y, estrictamente, en quiebra técnica. Por eso en el Parlamento da vueltas la idea de que sería mejor transferir todos los activos a una nueva sociedad del Estado, dejando que la actual sociedad anónima quiebre.