El juez federal Claudio Bonadío resolvió levantar antes de lo previsto la medida cautelar que impedía a las AFJP operar en los mercados. Ayer envió oficios a cada una de las administradoras para informarles que quedan liberadas a partir del lunes. Esta vez, sin embargo, deberán estar vigiladas de cerca en todo momento. El magistrado intimó a la Superintendencia de AFJP para que distribuya interventores que monitoreen los negocios de cada una de las empresas y eleve un informe por semana.

El bloqueo iba a durar siete días hábiles, según la resolución original de Bonadío, pero al final se extendió por tres. La marcha atrás responde a dos motivos. Por un lado, explicaron a PáginaI12 allegados a la causa, en los allanamientos la Policía Federal secuestró todo el material que los investigadores pretendían obtener, con el que estiman que podrán analizar si las administradoras incurrieron en maniobras ilegales y/o especulativas a comienzos de esta semana apenas trascendió que el Gobierno anunciaría el fin de las jubilaciones privadas.

Pero tal vez la principal razón fue un reclamo de las propias AFJP, que le venían planteando al juez que si seguían impedidas de operar normalmente tampoco podrían pagarles a los jubilados en los primeros días del mes. El jueves hicieron presentaciones donde se quejaban de eso y de las dificultades prácticas para hacer sus pagos habituales (impuestos, proveedores, salarios).

El objetivo primordial de inmovilizar los recursos era evitar que las AFJP modificaran sus carteras de inversiones. De hecho, es lo que se sospecha que comenzaron a hacer el lunes último, a través de la venta de bonos y acciones, en cuanto se conoció la decisión oficial de estatizar todo el sistema jubilatorio. Así lo advertía la denuncia del fiscal Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), que señaló que uno de los principales indicios de la posible existencia de esas maniobras fue la caída de la bolsa y el valor de los títulos públicos. Cumplida la meta, en el juzgado lo último que querían era ser responsables de que no se abonaran las jubilaciones.

Los oficios que mandó Bonadío a las administradoras incluyen también un anuncio: la instrucción al superintendente de las AFJP –que ahora es el titular de la Anses, Amado Boudou– para que “en cumplimiento de los artículos 118 y 119 de la ley 24.241 (que creó a las AFJP) destaque personal de auditoría a los efectos de controlar que los procedimientos comerciales, financieros y bursátiles cumplen con los requisitos que la ley establece”. La medida pretende garantizar que haya una vigilancia constante sobre las operaciones, pero también es un mensaje, ya que en realidad ese control debería ser ejercido siempre por la Superintendencia. Bonadío pidió que le envíen una vez por semana un informe de los movimientos registrados.

El tribunal estaba terminando ayer de inventariar toda la documentación secuestrada en los dos allanamientos que se hicieron a las diez AFJP. Será trasladada a los peritos contadores de la Corte Suprema para que estudien si hubo operaciones ilegales y/o perjudiciales para los afiliados y para el Estado. Estos expertos no tienen un plazo para sacar conclusiones.

Simultáneamente seguirá con su análisis la fiscalía de Miguel Angel Osorio, que –como ya informó este diario– en base a un primer vistazo sobre el volumen de venta de activos ya contaría con elementos para suponer que al menos cuatro AFJP habrían concretado negocios de dudosa legalidad. Si se aplica la ley específica que regula a las administradoras, los delitos no son excarcelables para quienes sean considerados responsables.