El Gobierno se dispone a rescatar las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral sin aportar dinero adicional al que ya desembolsó para sostener esas compañías. La estrategia todavía se está puliendo en las oficinas de Planificación, donde impera el criterio de no revelarla hasta el próximo miércoles, día en el que se de-sarrollará la asamblea de accionistas. Las variantes consideradas por estas horas no son muchas y están basadas en la propia ley de rescate accionario votada en septiembre. Según la interpretación oficial, esta norma le permitiría al Estado capitalizar el equivalente a poco más de 200 millones de dólares que puso desde julio hasta ahora y recuperar por la vía de una eventual intervención el “servicio público”, cuya prestación está en riesgo por cuestiones imputables al accionista privado. De esta manera, Marsans debería irse declinando su pretensión de cobrar algo y el Gobierno eludiría el recurso de última instancia, como la expropiación lisa y llana, que luego debería avalarse por una ley específica.

El accionista español es aún formalmente el dueño mayoritario y soberano en la asamblea de accionistas. En virtud de esa potestad, durante el último cónclave aprobó el balance 2007 y pasó a cuarto intermedio hasta el 12 de noviembre, cuando inevitablemente debería considerarse el “de corte”, que cerró a mediados del 2008. El primero descubre que la empresa tiene un rojo operativo de 82 millones de pesos, monto que subiría a 1004 millones seis meses después.

Ese rojo genera un dilema: si para esto es válida la Ley de Sociedades, la empresa se capitaliza o se disuelve. Aquí un elemento que podría utilizar el Gobierno para forzar una solución con Marsans, en apariencia imposible por una vía consensuada.

Que Aerolíneas está en quiebra técnica y eventual disolución no es un secreto para nadie. Pero hasta ahora, ninguna instancia estatal actuó de oficio como hubiera correspondido ante esta situación. La Inspección General de Justicia podría tomar cartas en el asunto, lo que comprometería la personería de Interinvest, sociedad jurídica que los españoles crearon para poder operar en el mercado argentino como socios mayoritarios de una línea aérea. El juez que entiende en el concurso, Jorge Sícori, tampoco se avino a disponer la intervención de la empresa, aun cuando supo que el pasivo post concursal rozaba los 1000 millones de dólares. Todos esperan una solución política, hallazgo del máximo nivel del Gobierno.

Esto estaría animando al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al subsecretario Legal de Planificación, Rafael Llorens, a una jugada más audaz, que comenzaría a instrumentarse el miércoles, pero que podría coronarse luego con una ley. Cuentan a favor con la ley 26.410 de rescate accionario, que nadie objetó formalmente.

La norma proporciona dos herramientas clave. Una consiste en haberle devuelto a la actividad aerocomercial el carácter de “servicio público”, lo que le da al Estado mucho más margen de maniobra para recuperar la empresa, argumentando el incumplimiento de la prestación de parte de los españoles. La drástica pauperización del servicio y probada falta de inversión son dos pruebas contundentes en este sentido, que habilitarían una eventual intervención, vía Inspección General de Justicia.

Pero la ley también precisa en carácter de qué se hacen los millonarios aportes que vino concretando el Estado para cuestiones tan básicas como el pago de sueldos o los leasing o, al menos, abre la puerta para una eventual capitalización. Este será otro elemento de presión: o los accionistas privados resuelven el problema del patrimonio negativo aportando fondos frescos para evitar la liquidación o lo hace el accionista minoritario que, por la vía de un asiento contable, aumentará drásticamente su participación accionaria, que hoy es de sólo el 5 por ciento.

Según la interpretación oficial, la mentada ley habla de “rescate”, en primer lugar, y “compra” sólo en segundo término. El orden en el que se dispusieron ambos pasos no sería indiferente a la estrategia para resolver una situación compleja, en la que es imposible que el Gobierno se ponga de acuerdo con Marsans sobre un eventual precio. En la lógica oficial, la prioridad es rescatar y no comprar.

Jaime quiere ir a la Comisión Bicameral para hacer saber a los legisladores que la única cotización coherente es la del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que fijó un valor negativo: éste oscila entre los 832 y 622 millones de dólares, según el método de valuación utilizado. Pero básicamente pretende expresar in situ por qué el trabajo del Credit Suisse, contratado por Marsans, no puede considerarse como algo serio.

La tasación negativa le impide al Estado pagar algo. Si a esto se suman los descomunales aportes para sostener a las compañías y un pasivo voluminoso del que tendría que hacerse cargo el Estado (en rigor, más de un tercio corresponde a acreencias estatales que nunca serán honradas), Planificación descuenta que sólo restan trámites formales para recuperar Aerolíneas y Austral.

La posibilidad de que los españoles acudan a tribunales internacionales reclamando una indemnización, no preocupa. En instancias como la del Ciadi, los accionistas extranjeros invocan tratados bilaterales que protegen las inversiones foráneas. Ahí el talón de Aquiles de Marsans. “No invirtieron”, sentencian en el Gobierno, lo que invalidaría el planteo privado. Luego, habrá que probarlo.