El Gobierno mantiene diferencias con el FMI en cuatro aspectos sustanciales, pero Roberto Lavagna estimó que podrán superarse en “dos o tres semanas” y que finalmente se firmará un acuerdo. “Si logramos estabilizar la situación sin ayuda y pagando a los organismos de crédito, imagínense cómo será cuando recibamos ayuda y dejemos de pagarle a los organismos”, se entusiasmó el ministro, transparentando el clima de excitación contenida que se vive en el Gobierno ante la inminencia del cierre de las negociaciones. La cartera económica envió ayer a Washington las últimas correcciones a la Carta de Intención. Entre ellas, se rechazó el pedido de aumento de impuestos nacionales y la profundización del ajuste fiscal en las provincias. Otros puntos en conflicto son el porcentaje de aumento de las tarifas de servicios públicos y el momento en que se dejarán de aplicar ciertos controles cambiarios.
El equipo económico terminó ayer otra etapa de la negociación, al transmitir a las autoridades del Fondo su versión de lo que debería ser el acuerdo. El próximo paso es la discusión, durante las próximas dos o tres semanas, de ese documento y la redacción de uno definitivo. La firma del convenio llegaría justo a tiempo para evitar que el Gobierno caiga en cesación de pagos con los organismos de crédito. Eso es lo que supone Lavagna. El ministro ofreció ayer una conferencia de prensa para detallar los avances y los puntos todavía no resueltos en la negociación:
- Tarifas. “El Gobierno descarta subas del 20 al 30 por ciento como pide el FMI”, remarcó el jefe de Hacienda, y dijo que hasta el momento “no se pudo salvar la disidencia sobre el monto del ajuste”. Economía está dispuesta a autorizar aumentos en torno del 10 por ciento para electricidad y gas, a partir de diciembre próximo. A pesar del debate, Lavagna afirmó que el tema no obstaculizará el acuerdo.
- Ajuste fiscal en las provincias. “Otro punto en que hay diferencias es el nivel de ajuste en las provincias”, confirmó Lavagna. El gobernador bonaerense, Felipe Solá, se había quejado por la mañana por el reclamo del organismo de mayores recortes de gastos. “Viven en una nube”, protestó. El titular de Economía estuvo de acuerdo en que no es posible cumplir con la demanda de Washington. La controversia es importante, pero Lavagna le restó trascendencia y sostuvo que será salvada en las próximas semanas. El Gobierno apuesta a que el FMI cederá o que, a lo sumo, se encontrará una solución intermedia, aunque más cercana a la postura argentina. La confianza surge porque se supone que la decisión política de Washington, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, es acordar con Argentina.
- Impuestos. En este tema Lavagna también fue contundente en su oposición al pedido del FMI. “En 2003 no habrá nuevos impuestos ni aumento de los existentes. A fines de 1999 hubo una suba de impuestos que ahogó la reactivación. Creemos que no es el momento de repetir errores del pasado”, subrayó. De este modo, el Gobierno mantendrá la pauta de superávit primario (previo al pago de la deuda) en torno del 1,8 por ciento del PIB. El ministro admitió que podría elevarse alguna décima, lo que obligaría a algún recorte del gasto, pero indicó que la cifra final estará mucho más cerca de aquel número que del 2,5 por ciento que reclama el FMI.
- Control de cambios. “Estamos de acuerdo en que debemos ir levantando los controles, pero tenemos una apreciación distinta sobre el momento en que conviene hacerlo. A veces una buena medida tomada a destiempo termina ocasionando los mismos perjuicios que una mala medida”, explicó. En conclusión, Economía pretende mantener los controles cambiarios por algún tiempo, mientras que el FMI solicita que se levanten en el corto plazo. Lavagna afirmó que “hubo avances sobre el tema en las últimas horas”.
Por el lado de las coincidencias, Lavagna mencionó las siguientes:
- Banca pública. Habrá auditorías externas al Banco Nación para inspeccionar la asignación de créditos y proponer mecanismos de ajuste. El Gobierno invitará a Felipe Solá y a Aníbal Ibarra a hacer lo propio con los bancos Provincia y Ciudad. A mediano plazo se estudiará la incorporación de capital privado al Nación.
- Compensación a bancos. Las entidades financieras serán compensadas por la condonación del CER para los créditos de hasta 250 mil pesos y por los pagos en dólares de los amparos. Lavagna descartó que se trate de 9000 millones de pesos, como había trascendido.
- Amparos. “Siguen siendo una fuente de preocupación”, reconoció. La salida sería establecer metas de emisión atadas a la salida de dinero del corralito.
- Cuasimonedas. “Para que haya rescate de cuasimonedas hace falta la asistencia financiera del FMI”, señaló. El Gobierno pide 1000 millones de dólares, que seguramente llegarán. En cambio, Lavagna admitió que todavía no hay definición sobre el reintegro de los 4000 millones de dólares que Argentina les pagó a los organismos durante el año.
- Petroleras. “Se está negociando con las empresas un esquema amplio, que incluye la discusión sobre mayores liquidaciones de exportaciones en el país”, anticipó.