Lo que comenzó como un debate legislativo terminó como una discusión jurídica que podría continuar en la Justicia. El punto que despertó la polémica fue la aprobación en particular de la moratoria impositiva, votada antenoche en Diputados. Ese capítulo del proyecto, que trataba sobre la repatriación de capitales, fue aprobado con 128 votos a favor y 100 en contra. Para la oposición, ese punto del proyecto requería el voto favorable de la mitad más uno de los miembros de la Cámara (lo que se llama mayoría especial: 129 diputados). Con ese argumento, varios bloques opositores anticiparon que se presentarán ante la Corte Suprema para que decrete la nulidad de lo aprobado. “Todos los que estamos en contra vamos a ir a la Justicia”, prometió el peronista hoy disidente Felipe Solá. Por el kirchnerismo salió a contestar el jefe del bloque, Agustín Rossi: “Son impuestos que van a ser coparticipados con el actual sistema de coparticipación, por lo tanto no requieren de ninguna mayoría especial sino de mayoría simple”.

El debate jurídico se concentró en el título III del proyecto oficialista, que promueve la repatriación de capitales con una generosa moratoria impositiva. Según el PRO y la Coalición Cívica, un eventual blanqueo afectaría ingresos de impuestos coparticipables, como Ganancias e IVA, por lo que hubiera correspondido, aseguran, aprobar el capítulo III con una mayoría especial. “Con ese proyecto se afectan recursos de la coparticipación federal. Por eso vamos a presentarnos con un recurso ante la Corte para que resuelva si es válida o no la ley aprobada en el título de blanqueo”, adelantó Federico Pinedo, jefe de la bancada PRO. En abierta oposición al planteo del macrismo y la Coalición Cívica, el oficialismo considera que ese capítulo debía ser aprobado por mayoría simple porque su contenido no modifica la distribución actual de los fondos coparticipables.

El argumento del kirchnerismo fue defendido por Rossi y también por el ministro del Interior, Florencio Randazzo. “La Constitución dice que se necesita una mayoría especial cuando los impuestos que se generan son impuestos de asignación específica. Esto es, impuestos que modifican el actual sistema de coparticipación”, argumentó el santafesino Rossi. También Randazzo citó a la Constitución: “Cuando no existen cambios en la Ley de Coparticipación ni afectación específica de recursos coparticipables, el Congreso necesita sólo mayoría simple”, aseguró. La posición del ministro tuvo un eco impensado en el constitucionalista Félix Loñ: “Es una ley que crea un impuesto y, como tal, es una ley común que se aprueba con la mayoría más uno de los presentes. Eso significa que el quórum mínimo en Diputados son 129, y de ésos se requiere la mayoría”.

El paquete de medidas anticrisis aprobado en general por Diputados consta de tres capítulos. El primero lleva como título Regularización de Tributos y Recursos de la Seguridad Social. El segundo establece un Régimen Especial de Regularización del Empleo No Registrado con Prioridad en Pymes. El tercer capítulo fue el de la polémica: está dedicado a la repatriación de capitales. En la votación general, el paquete fue aprobado por una amplia diferencia. El oficialismo logró 131 votos positivos, la oposición sumó 75 votos en contra y hubo nueve abstenciones. “A mí me parece que fue un triunfo contundente”, festejó el kirchnerista Rossi. Ante los periodistas, el jefe del bloque oficialista restó importancia a la postura de los bloques opositores. “Es una interpretación tomada absolutamente de los pelos que no tiene ningún sentido ni ninguna justificación”, consideró.

La determinación de los bloques del PRO y la Coalición Cívica de plantear un recurso ante la Corte podría extenderse a otras bancadas de la oposición. Tanto el radicalismo como el bloque Unión Peronistas, que encabeza el mendocino Enrique Thomas, consultaron a especialistas y están evaluando hacer su propia presentación. “Para noso-tros, los 129 votos necesarios no se cumplieron para sancionar este tipo de ley”, aseguró Thomas. La postura de los bloques opositores se resume en que una moratoria impositiva afectaría ingresos de impuestos coparticipables como el IVA y Ganancias. Para el oficialismo, el proyecto prevé que el Estado cobre una tasa de entre 1 y el 8 por ciento sobre el capital repatriado. Como esos ingresos se distribuirían según el sistema vigente de coparticipación, no sería necesaria una mayoría especial.

El debate jurídico abrió distintos posicionamientos entre los constitucionalistas. Mientras que Loñ aseguró que el planteo opositor es inviable, su colega Daniel Sabsay manifestó sus dudas de que el proyecto haya sido bien aprobado. “Si se están blanqueando impuestos que tienen las características del inciso tercero (del artículo 75 de la Constitución, donde se establece que para modificar la asignación de los fondos coparticipables se requiere mayoría especial) sería necesaria una ley con la mayoría de la Cámara, aunque no se modifique la coparticipación”, argumentó. Sin embargo, Loñ insistió en que el proyecto había sido bien aprobado. “Si los impuestos al blanqueo de capitales no tienen asignación específica, entran al régimen común de coparticipación y no hace falta la mayoría absoluta.”