El discurso económico tradicional que dominó el escenario durante las últimas décadas está desorientado. Frente a las crisis, sus predicadores trazaron con fe mística la estrategia del ajuste del sector público, con la reducción del gasto y el aumento de impuestos. En cada uno de los episodios traumáticos de la historia económica reciente, la propuesta era la contracción de la demanda en búsqueda de equilibrios fiscales para estimular la inversión del sector privado. De esa forma se diseñaba un círculo vicioso de deterioro, con conocidas consecuencias laborales y sociales. Las experiencias más próximas de la década pasada son ilustrativas de esas políticas, siendo sus principales responsables economistas que ahora se dedican a dar cátedra sobre lo que se debe hacer ante la actual crisis internacional. José Luis Machinea subió impuestos con su famosa tablita cuando la economía ya mostraba signos de recesión. Ricardo López Murphy anunció un plan de recorte al gasto público en educación y subsidios a sectores sensibles en medio de la tormenta económica del gobierno de Fernando de la Rúa. Domingo Cavallo fue más contundente: dispuso la rebaja del 13 por ciento de las jubilaciones y de los salarios de los empleados estatales. El sector público, que impulsaba así el ajuste, era un potente acelerador de la crisis.

En esta oportunidad, ante un extraordinario shock externo que encuentra a la Argentina y, en general, a la región con mejores defensas (flexibilidad del tipo de cambio, superávit comercial y fiscal, abundantes reservas en divisas), el factor de ajuste de la economía viene por el lado del sector privado. La tendencia contractiva a nivel doméstico reconoce varias vertientes, entre las que se destaca la menor demanda externa en determinados sectores industriales (insumos difundidos, como acero y aluminio, y autos), el menor dinamismo de la demanda local por el aumento de los precios y de la tasa de interés, que disminuye el ingreso disponible, y la difusión de expectativas negativas por un combo de mezquinos intereses políticos, de fallidos pronósticos de catástrofes de economistas de la city, de la incertidumbre sobre la economía mundial y de la erosión de la credibilidad oficial a partir de la crisis del Indec. En ese complejo panorama, a diferencia del sendero que se transitó en la década pasada, el sector público intenta actuar como amortiguador de esa propensión recesiva, tratando de poner un freno a la lógica del ajuste por el lado del sector privado. Como se sabe, los trabajadores son los primeros que sufren el impacto de un escenario de achicamiento.

Ahora bien, que las actuales políticas públicas no sean un elemento contractivo, aspecto relevante en las presentes circunstancias, no implica necesariamente que sean de por sí dinamizadoras de la actividad económica. Por el momento, las iniciativas vinculadas a ofrecer facilidades financieras para adquirir autos, electrodomésticos y paquetes turísticos son limitadas y de escasa profundidad. Pueden tener importancia en la lógica de formación de expectativas, que es un elemento importante para el manejo de las variables económicas, pero no terminará definiendo el rumbo la actividad. Sólo intenta poner un piso a los impactos externos, crisis que todavía tiene un desarrollo futuro incierto. El sistema bancario no se ha caracterizado por influir positivamente en el ciclo de recuperación y en las reversiones no ha demostrado diligencia para atender al sector privado. Además, la escasa bancarización y la aún elevada informalidad en el mercado laboral actúan como límites para la expansión vía tradicionales créditos bancarios. En los últimos años, más efectivas e inmediatas se mostraron las compras con tarjeta de crédito en cuotas a tasas fijas como factor dinamizador del consumo. Acuerdos con las empresas para bajar precios sumado a un plan de cuotas sin interés con el dinero plástico se presenta como un mecanismo más ágil que los créditos bancarios.

Esa estrategia de la Anses de licitar la colocación de depósitos al 11 por ciento anual dependiendo de la tasa que cobrarán los bancos para esos préstamos resultaría más útil para financiar el capital de trabajo de las pymes. Los bancos están cobrando tasas usurarias por el descuento de documentos y por el adelanto de cuenta corriente, política contractiva de la actividad que, a la vez, constituye un factor de excitación de expectativas negativas. El Estado tiene la posibilidad de intervenir en esa dinámica de ajuste a través del nuevo papel que asumirá la Anses. Ese organismo ha empezado a recibir críticas de economistas del establishment por ese tipo de intervención convocando fantasmas sobre el manejo del dinero de los jubilados, como si esos fondos debieran guardarse en una caja de zapatos para en algún momento pagar los haberes.

Las medidas anunciadas hasta ahora apuntan a mejorar el estado de ánimo del consumidor de la clase media y a frenar la reacción desaprensiva de empresas de despedir y suspender personal en forma preventiva. También a mejorar el ingreso de los asalariados formales de ingresos medios y altos con la eliminación de la tablita de Machinea. En esta semana se avanzará además en el plan de obras públicas plurianual, que servirá como señal sobre la orientación de la economía y permitirá mejorar las perspectivas de las constructoras. Pero su efectividad para enfrentar la desaceleración del ritmo de crecimiento económico estará determinada por la rapidez en la ejecución y en el monto del programa que se anunciará, de muchas pequeñas y dispersas obras en todo el territorio nacional. De esa forma, el sector público empezaría a actuar en forma consistente para debilitar las esquirlas que llegan de la explosión de las economías centrales.

El tradicional conservadurismo en materia fiscal de la administración kirchnerista, que ha provocado extrañas críticas de la ortodoxia a una política de mantener elevados superávit de las cuentas públicas, se pondrá a prueba en estos meses. Si bien la sanción de la movilidad jubilatoria ha sido un avance, el primer ajuste por esa vía recién se cobrará en marzo del año próximo, demasiados meses de espera para mejorar los haberes jubilatorios en un contexto que requiere de una urgente demanda sostenida. Más aún cuando las cuentas de la Anses muestran excedentes y un horizonte de flujos de fondos crecientes luego de haberse sepultado el negocio financiero con dineros previsionales de las AFJP. Otro desafío será el salarial, que encuentra a los trabajadores del sector privado a la defensiva bajo la amenaza extorsiva de despidos por parte de las empresas. De ese modo se busca disciplinar la intención de avanzar con reclamos de aumentos de sueldos, instancia donde no habría que esperar el acuerdo con los camioneros del gremio del titular de la CGT, Hugo Moyano, para romper ese pretendido corset, sino que el Estado a través del alza salarial para los empleados públicos debería actuar como referencia para el resto de la economía.

Mantener las defensas, como el superávit fiscal, frente a la crisis internacional se presenta como una buena alternativa dentro de un plan de medidas prudenciales frente al escenario de elevada turbulencia internacional. Exagerar con esas defensas puede convertirse en una sobredosis que puede acompañar en lugar de aliviar los golpes que vienen por la caída de los ladrillos del Muro de Wall Street.

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