Si quienes celebraron la sanción de la ley que habilita la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral imaginaron que ello clausuraría una etapa de controversias con el operador privado, permitiendo un pase automático de las compañías a manos públicas, concibió una fantasía. Marsans va a resistir el traspaso voluntario de acciones por la módica suma de un peso, lo que obligará al Estado argentino a acudir a la Justicia para conseguir el comando real de la empresa. Mientras el procurador General del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, se prepara para ese trámite, el gerente general designado por el Ministerio de Planificación, Julio Alak, afronta la incómoda tarea de negociar salarios con los gremios que aplaudieron el pase de las empresas a manos públicas.

Nada más lejos de un trámite automático. El primer paso es la promulgación de aquella ley, algo que tuvo lugar anteayer. Recién ahora es factible plantear el proceso llamado de advenimiento, por el cual Marsans debería ceder las acciones a cambio del pago simbólico de un peso. Desde la gerencia pública descuentan acertadamente que esto no ocurrirá: fuentes de la empresa española aseguraron a este diario que están dispuestos a resistir la entrega con todos los recursos disponibles.

Al Estado le quedaría entonces el camino de reclamar los títulos de propiedad a través de un trámite judicial, cuya suerte es más previsible que su duración: bajo el amparo de la ley, previsiblemente habrá expropiación, aunque no se sabe cuándo. Para conseguir ese final feliz, el procurador Guglielmino tiene que pedir a un juez del fuero contencioso administrativo que ordene el traspaso, previendo, al mismo tiempo, que el Tribunal de Tasación fije un valor para ese rescate de acciones.

Este organismo oficial ya hizo sus estimaciones según distintos métodos de valuación, que en todos los casos arrojaron millonarios valores negativos. Es esto lo que funda la idea de que las empresas deberían transferirse por el valor simbólico de un peso. Pero ese organismo oficial debería ahora avalar aquel cálculo o, eventualmente, ratificarlo.

Para la actual gestión estatal esa demora es un drama, ya que mientras el proceso no culmine, Marsans sigue conservando amplias potestades sobre el grupo privatizado, en particular a través de la mayoría en el directorio. Con esa preeminencia podría bloquear, por ejemplo, las renegociaciones de deuda que el Estado encaró oficiosamente con algunos proveedores u obturar los avances en la incorporación de aviones a la diezmada flota, frustrando las expectativas de Ricardo Jaime de instrumentar rápido los pactos amasados con la brasileña Embraer y la norteamericana Boeing.

Aunque haya un veedor impuesto por la Justicia, que cuida que Alak no sea sobrepasado por los manejos privados, la actual cogestión de socios que están judicializando su vínculo no es sustentable. La posible intromisión de los españoles en decisiones administrativas hace que el Estado contemple demorar cualquier plan operativo que, entre otras cuestiones urgentes, incluye el intento de reincorporar Aerolíneas y Austral al clearing. Esa exclusión haría perder una facturación equivalente a 10 millones de dólares mensuales.

Otro capítulo urticante ya se abrió con los reclamos salariales que están llegando a la gerencia general. Ya hubo algunos roces con los pilotos, núcleo clave para asegurar la operatividad de las compañías. Pero difícilmente las desavenencias se hagan públicas y se traduzcan en una medida de fuerza en esta fecha crítica para el turismo de fin de año, ya que los trabajadores apoyan la vuelta de las empresas al Estado y su combatitividad está atenuada por este aval. Sin embargo, la puja esbozada tampoco podrá contenerse demasiado tiempo.

Los accionistas privados descuentan que hay un atajo para que el Estado se haga cargo del comando efectivo como es la “ocupación provisoria”, figura que permitiría suspender al directorio actual reemplazándolo por uno nuevo. Pero en los despachos oficiales se quiere ir con pie de plomo para no alimentar con un posible error los fundamentos que pudiera tener Marsans para reclamar una indemnización ante el Ciadi. Por ahora, el grupo pidió ante el tribunal arbitral del Banco Mundial la designación de mediadores –instancia previa al juicio propiamente dicho– por un monto de 1600 millones de dólares. El estudio contratado para esta embestida es King y Spalding, el mismo que asistió a la francesa Thales en el reclamo contra la Argentina, que acaba de ser desestimado por el tribunal del Banco Mundial.