En Santa Fe la crisis está golpeando con fuerza. La provincia ya registra 600 despidos y calculan que otros 1400 trabajadores han sido afectados de diferentes formas. La viceministra de Trabajo santafesina, Alicia Ciciliani, advirtió que “se triplicó la cantidad de empresas que presentan el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio”.

Un informe oficial indica que por la crisis fueron afectados 2000 trabajadores en esa provincia. El 30 por ciento se traduce en despidos y el resto corresponde a suspensiones, adelanto de vacaciones, reducción de jornadas, retraso en los pagos de haberes o reducción de salarios. Según afirman desde el gobierno provincial, del total de conflictos laborales se logró suspender o minimizar el impacto de las medidas en un 80 por ciento de los casos.

La viceministra afirmó que “las ramas que tienen más problemas son la metalúrgica, el comercio y la automotriz, que son las más afectadas por la crisis internacional”. La semana pasada la cartera laboral de esa provincia firmó un acuerdo con el sector metalúrgico de Villa Constitución para evitar despidos por 180 días. De ese convenio participaron autoridades de Acindar, la Unión Obrera Metalúrgica y representantes de distintas empresas contratistas que prestan servicios a la fabricante de tubos sin costura. Según el titular de la cartera provincial, Carlos Rodríguez, “se trata de un buen acuerdo que permitirá preservar las fuentes de trabajo”.

Además, para evitar despidos masivos injustificados, la provincia sancionó el mes pasado una ley que prohíbe a las empresas echar empleados por 180 días. De todas formas, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, aclaró que esa ley no introduce nada que no sea el Procedimiento Preventivo de Crisis que su cartera aplica a nivel nacional.

Mientras tanto, la automotriz General Motors y el sindicato de mecánicos (Smata) continúan sin poder avanzar en las negociaciones. Para la viceministra, “éste es un problema de difícil solución. La falta de confianza entre las partes lleva al fracaso cualquier acuerdo. El clima es muy complicado”. El conflicto comenzó en octubre, cuando la empresa resolvió despedir a 435 operarios. Para evitar esta situación, el sindicato reclama que se realicen suspensiones rotativas entre los 2000 empleados de la planta.

Por otro lado, Ciciliani advirtió que “hay una gran cantidad de trabajadores, que ahora están de vacaciones adelantadas, que deberán regresar el 31 de enero a puestos que no están garantizados”. Según indicó la funcionaria, “si no se toman medidas de fondo, esto no es una solución. Enviamos una especie de alerta a los sectores y les decimos que nosotros sí estamos en condiciones de tomar medidas que puedan superar la crisis”.

La cartera de Trabajo provincial intervino en unas 50 negociaciones y conversaciones con 40 empresas, de las que participaron 15 gremios y sindicatos. Ciciliani apuntó que el gobierno santafesino está “realizando numerosas entrevistas con empresarios que vienen para dialogar sobre los problemas que están teniendo”. Además, destacó el incremento registrado en la cantidad de procedimientos de crisis, “hace unos meses teníamos 6 procedimientos iniciados, ahora llegamos a 22”.