Reformas importantes que alteran el funcionamiento de la economía provocan en muchos analistas interpretaciones erróneas en una primera aproximación. Se produce como un bache de comprensión debido a que esos expertos quedan anclados en la experiencia reciente pasada cuando la realidad empieza a transitar por otros carriles. En muchos casos ese comportamiento es fruto de esa debilidad de adaptación en entender nuevas reglas de juego, mientras que en otros se trata simplemente de buscar la confusión con objetivos variados. Esa incapacidad se observó en el comienzo de la convertibilidad, régimen de tipo de cambio fijo que provocó un freno brusco en la indexación de precios. Sin embargo, la traumática hiperinflación de Alfonsín y de Menem derivó en que se siguiera evaluando el curso de la economía y, en especial, la cuestión fiscal y de los precios con la resaca de esos pasados meses turbulentos. Pero el rígido sistema cambiario del 1 a 1 constituyó una reforma que transformó el funcionamiento de la economía, etapa que se tardó en entender. Lo mismo sucedió con el estallido de la convertibilidad, que liberó a la economía de un corset asfixiante que había provocado la destrucción de gran parte de la industria, la devastación del sistema financiero y una crisis social de proporciones. Pese a la megadevaluación y pesificación, en años posteriores al fin de la convertibilidad se siguió analizando la cobertura del circulante monetario con reservas del Banco Central como un indicador relevante. En realidad, aún lo siguen haciendo ciertos amantes de una ortodoxia del fracaso. Se trata de una relación no tan importante teniendo en cuenta la posibilidad que brinda un régimen de tipo de cambio flexible y la recuperación de la emisión como un instrumento de política monetaria. Ahora, el gap (bache) de entendimiento, en algunos por furia y ceguera ideológica y en otros por pereza, se concentra en la reforma estructural más importante del período postconvertibilidad: la recuperación de un único sistema previsional, estatal y de reparto, con la Anses como un organismo público clave en ese proceso.

El fin del negocio con el dinero previsional de los trabajadores realizado por las AFJP provoca transformaciones fundamentales para los actuales y futuros jubilados, y también implica cambios significativos en el funcionamiento de la economía. Además de los impactos favorables para la reconstrucción de un integrado sistema previsional, el manejo de la deuda y su horizonte de vencimiento se vuelve más amigable, pese a que esa carga igual sigue siendo una pesada mochila, a partir de que la Anses absorbiera una porción importante de bonos que antes estaban en manos de las AFJP. Los desembolsos se aligeran en forma notable al pasar a manos del Estado las tenencias de deuda pública de las AFJP. Este año vencen capital e intereses por unos 2350 millones de dólares de bonos que ahora están en manos de la Anses. Este beneficio de la reforma fue reconocido por la consultora Econométrica, que mantiene una posición muy crítica del actual proceso económico, al señalar que “es evidente que la estatización de las AFJP mejora la situación financiera y patrimonial del Estado nacional, tanto por incrementar la recaudación como también por reducir el stock de deuda y consecuentemente los pagos de intereses y capital los años venideros”.

Otro impacto favorable es que las cuentas previsionales recuperan solvencia por el dinero que antes era girado para el lucro de bancos y compañías de seguros asociados en el mercado de AFJP. La Anses asumirá a la vez un rol destacado en la economía como orientador del crédito. En esa instancia aparece la debilidad interpretativa de esta reforma por parte de ciertos especialistas. Para analizar el actual proceso mantienen el esquema anterior de rentabilidad de las cuentas individuales manejadas por las administradoras. Apuntan que la Anses obtendrá una menor “ganancia” por sus inversiones que las que conseguirían las AFJP. Esa crítica revela que no entienden cómo funciona un sistema previsional de reparto. El mensaje de esos consultores es que las AFJP contabilizarían más rentabilidad que las que ofrecerán las colocaciones de la Anses al 11 por ciento anual en plazos fijos a un año, que además estiman será en términos negativos en relación a la inflación. Se trata de un potente argumento para distraídos señalar que la tasa es baja, que el dinero invertido podría rendir más y, por lo tanto, el beneficio jubilatorio será menor. Pero un sistema de reparto no funciona así. Tiene un círculo virtuoso más consistente que el de capitalización privada y está atado al desarrollo de la economía más que a la especulación financiera. Para evitar caer en esa trampa de confusión, que durante este año probablemente será colocada en más de una ocasión en el camino, vale precisar:

- El haber inicial de los jubilados no depende de la rentabilidad obtenida por los fondos administrados por la Anses, sino de su salario durante un período determinado.

- El aumento de la jubilación depende de otros factores que no tienen nada que ver con la tasa de interés, más ahora con la vigencia del esquema de movilidad jubilatoria. La jubilación depende de la evolución de los salarios en general, del crecimiento de los recursos tributarios que financian el sistema previsional, de la evolución demográfica y de la registración laboral.

- Más relevante que la rentabilidad directa de las inversiones, el dinero excedente de la Anses colocado en diferentes proyectos productivos o activos financieros debe tener como objetivo primordial sostener un ciclo de crecimiento del PBI. En algunos momentos actuando como un fondo anticíclico ante shocks externos, como en la actual crisis internacional, y en otros acompañando el avance de la economía. De esa forma, la generación de condiciones para mantener el aumento del Producto deriva en mayores recursos tributarios y la posibilidad de mejorar el salario real y de impulsar un mayor empleo registrado.

Este cambio estructural en el funcionamiento de la economía requiere su entendimiento para no caer en errores de interpretaciones. Pero esto no implica que la Anses, en el actual y en los próximos gobiernos, no necesite de un equipo de técnicos capacitados y responsables para el manejo de esos fondos, además de un estricto control y de transparencia en la asignación de los recursos por parte de los trabajadores para consolidar un sólido sistema previsional de reparto.

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