El Gobierno prorrogó el sistema de incentivo a la producción de bienes de capital un año más, bajo la condición de que mantengan en ese período la plantilla actual de trabajadores. También se dispuso la exigencia de digitalizar las facturas (ver recuadro) para transparentar el beneficio que se otorga sobre las ventas. El anuncio lo hizo la ministra de Producción, Débora Giorgi, acompañada por el flamante titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, y el secretario de Industria, Fernando Fraguío. El programa consta de un reintegro de 14 por ciento a productores locales mediante un bono fiscal que podrá usarse para el pago de impuestos.

El lockout rural frenó el año pasado la venta de bienes de capital agrícola y, con el recrudecimiento de la crisis internacional y la caída en los precios de los commodities, la recuperación se hizo dificultosa. Es por eso que el Gobierno aprovechó una nueva prórroga sobre los beneficios que existen sobre la inversión en bienes de capital para asegurar las fuentes de trabajo y la recaudación por aportes previsionales en el sector de maquinaria.

El régimen nació a mediados de 2001 y, prorrogado sucesivamente, alcanzó a 2000 empresas, en un 90 por ciento pymes. El programa consiste en abaratar la maquinaria mediante una reducción de los aranceles a la importación de bienes provenientes de la zona extra Mercosur, al tiempo que se compensa mediante un bono de 14 por ciento a las empresas locales. De esta manera se incentiva también la demanda de bienes de capital local. “No es una baja de aranceles unilateral que dejaría desprotegida a la industria nacional, sino que se la compensa con un crédito fiscal equivalente a ese arancel que es del 14 por ciento”, afirmó Giorgi durante el anuncio en Casa de Gobierno. El bono puede aplicarse al pago de impuestos, tales como IVA, Ganancias, ganancia mínima presunta e impuestos internos.

La ministra explicó que la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de prorrogar el beneficio hasta diciembre próximo incluye nuevas exigencias que permitirán capear el impacto de la crisis internacional en el sector. La más importante se refiere al mantenimiento de la relación laboral. Las empresas no podrán llevar a cabo despidos ni modificaciones en la plantilla, como tampoco suspensiones sin goce de haberes. “Si el empleador no cumple con estas disposiciones, tanto el Ministerio de Trabajo como el de la Producción pueden llegar a rescindir el beneficio”, advirtió la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.

Además de la exigencia en materia de estabilidad laboral, se adelantó que en un plazo de 60 días se realizará la digitalización de la factura utilizada para calcular el beneficio y del bono fiscal. El encargado de dar ese anuncio fue Echegaray.

Hasta el momento los productores locales de bienes de capital recibieron un incentivo fiscal de 3967 millones de pesos, de los cuales 2000 millones se otorgaron sólo en los últimos dos años. En 2007 los beneficios totalizaron los 987 millones de pesos y en 2008 llegaron a 1004 millones. La ministra de Producción detalló que los sectores más beneficiados fueron los de carrocerías, remolques, semirremolques y cabinas.

El programa permitió, en consecuencia, que las ventas de maquinarias agrícolas se incrementaran en casi cinco veces (390 por ciento) entre los primeros nueve meses del año pasado e igual lapso de 2002. Las exportaciones se triplicaron en ese período, mientras que la cantidad de puestos de trabajo se incrementó a 40 mil. La inversión en equipo durable “subió 236 por ciento, en un sector donde trabajan 65 mil personas”, según estimó Giorgi.