Con beneplácito de las principales petroleras, el Gobierno le daría luz verde en los próximos días a la liberación parcial del precio del gas en boca de pozo –el que recibe el productor–, que se mantiene pesificado “uno a uno” y congelado a sus valores de diciembre. El texto del decreto respectivo, elaborado por los cuerpos técnicos de Presidencia y actualmente en estudio en la Secretaría de Energía, establece que el precio del gas que reciban las industrias exportadoras “será fijado libremente entre las partes”, es decir que deberán negociarlo con las petroleras que se lo suministren. En cambio, no se modificará el valor del gas que se destina al consumo domiciliario, en comercios y en el resto de la actividad manufacturera. La industria aceitera, química, petroquímica, la producción de fertilizantes, la siderurgia y la de aluminio serían las afectadas por el mayor precio del insumo –que en algunos casos es directamente una materia prima–. Algunas de ellas prometen dar pelea si la medida se cristaliza, prenunciando un conflicto que se prolongará antes de encontrar un cauce.
El precio del gas al productor se congeló a principios de año en un valor promedio –es diferente según la cuenca productora– de 1,30 peso (o dólar) por millón de BTU (unidad calórica de comparación). A la cotización actual, dicho precio equivale a 36 centavos de dólar. Las petroleras pretenden llevarlo al doble, en torno a 70 centavos, según las manifestaciones públicas hechas recientemente por un representante de Repsol YPF, Rubén Patriti, y por el ex Pérez Companc Oscar Vicente, titular además del Club del Petróleo, “en un plazo razonable”. Aunque la aspiración que no ocultan los petroleros es equiparar el precio del producto al que rige para el gas boliviano, entre 90 centavos y 1,10 dólar por millón de BTU.
Durante la negociación con las autoridades, hubo consenso en las dificultades políticas que existirían para imponer, en este momento, un ajuste en el precio del fluido que afectara la tarifa final que pagan los usuarios residenciales de gas. Pero los empresarios lograron a la vez convencer a los funcionarios de Economía de que, sin mover la retribución de los productores, en los próximos meses aparecerán problemas en el abastecimiento, por falta de inversiones en los yacimientos. Como conclusión, se consensuó practicar un primer ajuste sobre aquellos que se beneficiaron con la devaluación “y no tendrían razón para beneficiarse con la pesificación y congelamiento del precio de un insumo”. Esto es, la industria que exporta más del 40 por ciento de su producción.
El decreto, de llegar a promulgarse, crearía una situación curiosa. Hasta el presente, los grandes consumidores de gas –las empresas que demandan más de 10 mil metros cúbicos– pueden comprar el fluido directamente al productor y pagarle al transportista, por el uso de sus instalaciones, una suerte de peaje. Obviamente, pagando más barato. A partir del decreto, en cambio, con el descongelamiento del precio que pagarán los exportadores industriales y el congelamiento sobre el precio de base para las tarifas domiciliarias, a los industriales les convendría más comprarles el gas a las distribuidoras a tarifa normal en vez de comprar directamente a las petroleras.
En fuentes oficiales, admiten que ese cuadro de situación dará lugar a conflictos. Por otra parte, desde el frente industrial ya se preparan a dar pelea. Algunos contactos iniciales entre empresas petroleras y grupos industriales exportadores para acordar un ajuste en el precio del gas en boca de pozo dejó en claro que no será fácil arribar a un acuerdo. Diversas fuentes coincidieron en la referencia a un encuentro entre directivos de Repsol y del grupo Techint (por sus empresas siderúrgicas) que no finalizó en los mejores términos. Las petroleras tampoco encontrarán signos de flexibilidad de parte de las aceiteras.
Por otra parte, no son pocos los especialistas que anticipan opiniones que arrimarán argumentos en favor de la industria exportadora. “El decretoes una locura, va a generar un sistema de precios múltiples y subsidios cruzados que no puede terminar de otra forma que en un montón de conflictos”, señaló un consultor a este diario. El decreto podría ser firmado esta semana, pero seguramente no será el último capítulo de esta historia que recién empieza.