Página/12 tuvo acceso al borrador del proyecto en que trabajó en los últimos días el equipo que encabeza Ricardo Echegaray en la AFIP, que provocó la airada reacción de las organizaciones empresarias del campo al trascender una versión distorsionada de su contenido. El escrito está redactado en base a proyectos presentados por los diputados Alberto Cantero Gutiérrez y Eduardo Macaluse, para crear un nuevo organismo estatal de regulación del mercado agropecuario. Según los impulsores, el objetivo de esa agencia sería “estabilizar precios, evitar distorsiones en la distribución de la renta entre los distintos sectores de la cadena favoreciendo a los productores y garantizar la seguridad alimentaria para el conjunto de la población”. La idea, aseguran, no es que el nuevo ente sea una recreación de la Junta Nacional de Granos, tal como se difundió en distintos medios en los últimos días, desatando la airada reacción de los empresarios del agro, sino que el proyecto, de prosperar, apuntaría a que el Estado sea un jugador importante no monopólico del mercado, que podría evitar intermediarios y asegurarle al productor un precio sostén mayor al que recibe en la actualidad.

El sistema de comercialización de granos se conforma de un consignatario –que le compra la cosecha al productor–, un acopiador, en algunos casos un segundo acopiador, y las cerealeras. Estos intermediarios se quedan con una parte importante de las utilidades, en detrimento del productor. “En el mercado existen oligopolios, que concentran la venta, y monopsonios, que concentran la compra. La idea del proyecto es terminar con esa situación”, confió a Página/12 uno de sus principales impulsores.

La idea, en definitiva, es regular el mercado. El Estado compraría, a través de esa nueva agencia, una parte importante de la producción, se aseguraría el abastecimiento local a precios razonables y exportaría el resto. Otro objetivo es intentar vender la mayor porción posible de la producción a empresas aceiteras y molineras, para dar mayor valor agregado a las exportaciones argentinas.

En la reunión del martes pasado, la ministra Débora Giorgi les advirtió a los miembros de la Mesa de Enlace que “no se preocupen tanto por las retenciones, sino por otro tipo de intervención que puede tener el Estado en el futuro”. En charla con empresarios, el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, les manifestó la intención del Ejecutivo de mejorar los ingresos de los productores interviniendo en el mercado. La respuesta de los popes de las cámaras del campo fue difundir en los medios que el Gobierno se preparaba para recrear la vieja Junta Nacional de Granos, a la que calificaron como un “ente socialista”.

Además, sin conocer el contenido del proyecto, la Bolsa de Cereales en conjunto con otras bolsas y varias entidades agropecuarias respondieron con una solicitada que se publica hoy en algunos diarios. Afirman que esa iniciativa “provocará una grave disminución de la producción, con un fuerte impacto económico y social, sobre todo en el interior, y paralizará la comercialización”. Alertaron también que ese esquema “sólo generará perjuicios para consumidores y productores, aun cuando venga acompañado de anuncios de supuestos beneficios para ambos, como garantías de precios, de abastecimiento o rebajas en las retenciones”.

Ernesto Ambrosetti, economista de la Rural, fue un poco más preciso al señalar que “el objetivo podría ser romper relaciones con el campo o generar alguna salida al conflicto, teniendo en cuenta que esto se puede lanzar como una eliminación en las retenciones”, aunque aclaró que sería “para confundir a la población”.

En realidad, organismos como el que propone el Gobierno existen en varios de los más importantes países productores de alimentos. En Canadá funciona para el mercado de granos; en Australia, para granos y carnes, y en Nueva Zelandia y Estados Unidos, para la leche.

Además de intervenir en forma directa en el mercado, el proyecto en el que trabaja la gente de Echegaray prevé que la nueva agencia pueda crear una base de datos precisa de stocks de granos y de ganado; realizar un seguimiento pormenorizado de la cadena de comercialización y sancionar las malas prácticas comerciales que derivan en una injusta distribución de la renta agraria al interior del sector. En el proyecto se afirma que la función fundamental sería “garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad y accesibilidad de alimentos a precios razonables para la población argentina en un marco de transparencia comercial”.

El punto destinado a generar las mayores controversias entre los protagonistas del negocio agroexportador se refiere a que ese organismo podría “comprar, vender, almacenar y distribuir productos agropecuarios y alimentos, por sí o por terceros, para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria de la población”. A diferencia de la Junta Nacional de Granos, que compraba y revendía toda la producción agropecuaria, la intención de los autores del proyecto es intervenir en los mercados que generen importantes distorsiones en la distribución de la renta o que generen injustificados aumentos de precios al público.

Uno de los responsables de la iniciativa explicó a Página/12 que la intención es crear “un ente que cuente con el marco legal adecuado para intervenir en el mercado agropecuario y con la dimensión y capacidad técnica para afrontar tamaña empresa. Será una agencia del siglo XXI”, aseguró. Según el funcionario, el nuevo organismo beneficiaría a la enorme mayoría de los actores del mercado, principalmente a los productores. Por eso afirmó que “la intención es conseguir el mayor consenso posible para impulsar el proyecto”. El organismo prevé un consejo asesor que entre sus componentes debería contara con integrantes de la cadena agroalimentaria. Más precisamente, se propone que en el consejo haya dos representantes de los productores, dos de la industria de la alimentación y dos de la cadena de distribución.

En busca de un mayor consenso, la iniciativa tomó varios puntos que integran un proyecto presentado por el diputado del SI Eduardo Macaluse. Entre ellos, que el organismo tenga el poder legal de sancionar las situaciones de abuso de poder dominante en el mercado, promover un precio sostén en beneficio de los productores y la financiación del Banco Nación para la compra de los granos. Se señala que el ente “organizará y mantendrá actualizada una base de datos sobre la producción agropecuaria con el fin de detectar anticipadamente los posibles conflictos entre la provisión de alimentos a la población y el cumplimiento de los compromisos internacionales”. Para eso se debería proveer de sistemas satelitales modernos que puedan detectar el nivel de siembra, rendimientos y cosecha.