Los aspectos centrales del proyecto en estudio y los objetivos del nuevo organismo pueden resumirse de la siguiente forma:

- Compra, venta, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y alimentos por sí o por terceros para estabilizar precios y garantizar la seguridad alimentaria a la población.

- Sanción de las prácticas desleales, monopólicas, monopsónicas, oligopólicas u oligopsónicas realizadas en producción, industrialización, distribución de alimentos.

- Implementación de promociones, estímulos, apoyos económicos y beneficios fiscales, para garantizar la seguridad alimentaria de la población, transparencia y competitividad en la cadena agroalimentaria y equidad en la distribución de la renta de la misma.

- Aumentar la oferta y disponibilidad de trigo, maíz, carne y leche, cuidando beneficiar preferentemente a pequeños y medianos productores.

- Garantizar la accesibilidad al consumo de productos o subproductos alimenticios a la población más vulnerable, cuidando beneficiar preferentemente los hogares pobres e indigentes.

- Organización y mantenimiento actualizado de una base de datos y sistema de información sobre la producción agropecuaria, su industrialización, comercialización y distribución de alimentos que permitan detectar anticipadamente los posibles conflictos entre la provisión de alimentos a la población nacional a precios razonables y el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales.

- Proveer información actualizada de los actores y operadores, precios, costos asociados, cadena de valor, volumen de industrialización, comercialización, distribución, exportaciones e importaciones de alimentos y sus productos derivados en los sistemas agroalimentarios.

- Establecer los mecanismos que posibiliten evaluar el comportamiento integrado de las cadenas agroalimentarias que incluyen la producción agropecuaria, las industrias de transformación de los alimentos, las cadenas de distribución de los alimentos y a los consumidores.

- Sanciones: apercibimiento, multa, suspensión de la inscripción, cancelación definitiva de la inscripción, clausura del establecimiento.

- Multas: El monto de la multa no podrá superar la suma de un millón de pesos cuando las infracciones no muestren beneficios ilícitos. En los casos que existan beneficio obtenido ilícitamente, la multa puede elevarse hasta diez veces del importe del mencionado beneficio.

- Organización: El organismo que se propone crear estará a cargo de un presidente y un vicepresidente, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y un directorio integrado por cinco vocales designados a través de concurso publico. El presidente y vicepresidente son miembros naturales del directorio, ejercen su presidencia y lo integran como vocales. Se propone un Consejo Técnico Asesor de apoyo integrado por representantes de la SAGPyA, del sistema agroalimentario e instituciones profesionales.