El estallido de la crisis puso a las calificadoras de riesgo en el centro de la tormenta, pero inversores y banqueros continúan confiando en esas agencias para decidir dónde poner su dinero. El bochornoso desempeño de la tríada compuesta por Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch fue denunciado en diciembre del año pasado por la SEC, el ente regulador del mercado bursátil de Estados Unidos, pero su propuesta de reforma fue cajoneada. En la próxima reunión del G-20, los países miembro buscarán mejorar la regulación de las calificadoras. La Unión Europea se adelantó y acordó a principios de mes una normativa para limitar el margen de maniobra de esas empresas.

Los argumentos contra estas poderosas empresas van más allá de haber sido las encargadas de haber hecho atractivos y potables los instrumentos financieros estructurados con las hipotecas de alto riesgo. Las empresas calificaron a Lehman Brothers con una A un mes antes de que anuncie la quiebra. Hace quince días, seis bancas centrales del centro y este de Europa criticaron los reportes de las agencias que señalaban la inminencia de una explosión económica y política en la región y las acusaron de desestabilizadoras. “¿Por qué después de más de un año de crisis los inversores y reguladores siguen confiando en las calificaciones de riesgo? Nadie se equivocó más que ellas”, se preguntan Jerome Fons y Frank Partnoy en su columna de The New York Times. Fons es un antiguo directivo de Moody’s y Partnoy trabajó en la división de productos derivados de Morgan Stanley que diseñaba activos muy riesgosos que, sin embargo, obtenían notas excelentes.

El poder e influencia de las agencias fueron creciendo a pasos agigantados en las últimas décadas. Los fondos soberanos sólo pueden invertir en activos que tengan una nota alta; las desaparecidas AFJP (y ahora la Anses) no podían comprar ningún activo que no tuviera una calificación. Los requerimientos de capital de los bancos son menores cuanto más alta sea la nota de los títulos que compren. “Con el tiempo las calificaciones se volvieron relevantes no por su precisión, sino porque ‘abren’ mercados, son una especie de licencia regulatoria que permite que el dinero fluya”, sostienen Fons y Partnoy.

La nueva regulación que intentará impulsar el G-20 buscará poner fin al conflicto de intereses entre las agencias y los emisores. “Las calificadoras obtienen fortunas de las corporaciones a las que evalúan y naturalmente no quieren morder la mano que los alimenta.” Una posibilidad es que el pago del análisis lo haga quien vaya a comprar el título y no el emisor. En Europa la nueva legislación requerirá a las compañías que demuestren que comprenden el riesgo de las deudas que examinan. Las empresas podrán ser sancionadas con la prohibición de calificar en toda la UE y no estarán habilitadas a cobrar por asesorar en la estructuración de deuda que emitan los mismos gobiernos o empresas que califican.

El gobierno de Estados Unidos no está tan dispuesto a realizar modificaciones en el funcionamiento de las agencias. Fons y Partnoy advierten que “no es casualidad que cuando los funcionarios del gobierno debatían el cuarto rescate para AIG este mes, silenciosamente llamaron a las calificadoras para asegurarse de que no le bajarían la nota a la aseguradora. En una crisis, la baja en la calificación sobre la deuda puede ser como disparar un arma en el corazón de la compañía”. Para los ex analistas la única forma de salir de esta trampa es reduciendo la confianza en las calificaciones: “Inversores y reguladores deberían volver a la herramienta que usaban antes para identificar el riesgo crediticio antes que empezaran a delegar la responsabilidad en las calificadoras. Esa herramienta se llama juicio”.