¿Cuándo valen Aerolíneas Argentinas y Austral? A meses de sancionada la ley de expropiación, y luego de dos valuaciones realizadas por el Tribunal de Tasación de la Nación, el monto definitivo aún es una incógnita a despejar, posiblemente con un tercer trabajo a interpretar por la Justicia. Este, sin embargo, se realizaría según las pautas que acaba de fijar ese organismo oficial, que descarta el método del flujo de fondos o el lucro cesante del negocio, tal como pretendía Marsans.

El juicio de expropiación está en marcha y sólo podría frenarlo un acuerdo entre el Estado y los españoles, si el primero se aviene a heredar un contrato de compra de aviones a Airbus, en las condiciones de transferencia que pretende el grupo español. Pero por ahora el “expropiante” no tiene ni siquiera las acciones en su poder.

El punto de la discordia que amaga prolongar esta discusión es el precio. Según la primera cotización del Tribunal de Tasación, realizada antes de que se sancionara la ley de expropiación de las líneas aéreas, éstas tenían en conjunto un valor negativo de 832 millones de dólares. Pero el 24 de diciembre, a poco de ese pronunciamiento parlamentario, el Tribunal ajustó el valor, que llegó a 895 millones de dólares negativos.

Así se inició el denominado “proceso de avenimiento”, que hubiese podido clausurar toda discusión si Marsans accedía a aceptar como toda retribución el peso que el Estado depositó. Nada más lejos del ánimo de los españoles, que parecen dispuestos a seguir presionando hasta conseguir algún beneficio económico adicional al de haberle transferido al Estado un pasivo que roza los 1000 millones de dólares.

Como parte de esas tensiones, Marsans impugnó a la jueza Rita Ailén, que entiende en el trámite expropiatorio. Esto resulta de hecho en una chicana que dilata el eventual pronunciamiento a favor del Estado, que le posibilitaría a éste tomar posesión de las acciones. Hoy administra y cubre el voluminoso rojo de su caja sin tener aún esos títulos de propiedad en su poder.

Sin embargo, la discusión por el precio y el pago que el Estado tenga que hacerle al concedente continuará aun después de que se haya hecho la transferencia accionaria y se zanjará con una tercera tasación. Para esa eventualidad, cada parte de la disputa elegirá un perito, cuyos trabajos se confrontarán y obligarán a un dictamen judicial. Pero la tarea de ambos estará condicionada por una reciente norma del Tribunal de Tasación, que indica cómo valuar aviones, repuestos y otros activos clave.

El criterio general de la resolución número 25 es que el valor reconocible de esos bienes es el “de mercado”. Esto está en consonancia con la regla marco de que el precio final de las compañías aéreas surge de restar los pasivos a los activos y que en ningún momento talla el beneficio que se podría haber obtenido de la explotación del negocio en el futuro, tal como pretendía Marsans, con la expectativa de tornar azul un número que para el Estado es nítidamente en rojo.

Si las negociaciones con Airbus llegan a buen puerto –tal vez incluyendo algún dinero para Marsans–, esa tercera cotización puede ser omitida. Caso contrario, la puja continuará, aunque condicionada por el cerco técnico que levantó el tribunal de Tasación, único organismo reconocido por la ley para definir el monto en cuestión.