De ahora en más, quien viaje desde o hacia Salta o Río Gallegos tendría la posibilidad de tomar un vuelo por un precio sustancialmente inferior: presumiblemente, la mitad del actual. Según aseguró ayer a Página/12 el secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, está lista una resolución por la cual las aerolíneas deben reservar el 20 por ciento de los asientos de cada avión que cubre destinos de cabotaje alejados de Buenos Aires a tickets que se venderán con la tarifa reducida. La medida afecta básicamente a Aerolíneas Argentinas, que explota monopólicamente la mayor parte de esos puntos distantes y con quien la aludida secretaría tiene una enemistad manifiesta.
Será una especie de “tarifa social aérea”, explicaba ayer el secretario. El mecanismo obliga a vender al precio más bajo aquella porción de los vuelos que llegan a lejanos destinos como Ushuauaia, Calafate, Bariloche, Iguazú, Posadas y otros. Eso sí: el usuario que quiera acceder a este beneficio tendrá que acreditar, DNI mediante, que es residente de ese lugar y al que, generalmente, no llega más de una compañía aérea.
El criterio está supuestamente inspirado en la pesada carga que significa para un viajero del interior llegar a la Capital Federal oblando, por ejemplo, alrededor de 600 pesos para venir desde y volver hacia Salta o Jujuy. La duda, hasta anoche, es qué ocurriría con los capitalinos que quisieran ir desde Buenos Aires hasta esos mismos lugares.
La inminente resolución tiende a forzar una modificación de la estructura tarifaria aérea, fundada en el régimen de “bandas” que regula el Estado. Según ese sistema, el Gobierno fija los límites de los precios y cada compañía aérea resuelve luego su política comercial moviéndose entre esos topes. El problema, según Del Punta, es que en los destinos donde hay competencia, los precios se mantienen “sólo” entre un 20 y un 30 por ciento por encima de la tarifa mínima. Pero donde no existe tal disputa de mercado, los pasajes quedan próximos al techo.
A través del decreto de necesidad y urgencia número 1654, el conjunto de ministros autorizó a principios de septiembre una suba del 35 por ciento en los valores de aquella bandas. De acuerdo al nuevo cuadro, un pasaje a Ushuauaia no puede costar menos de 158 pesos (un solo tramo) ni más de 300, al tiempo que viajar hasta Jujuy fuerza desembolsar por lo menos 168 pesos, pero no más de 319, por citar dos ejemplos.
Según especulan los colaboradores del ministro de la Producción, Aníbal Fernández, el nivel de ocupación promedio de los vuelos hoy es del 60 por ciento. Esto significa que mediante la nueva resolución, un tercio de los pasajes tendrán que venderse en el precio menor, en muchos casos muy por debajo de los precios actuales.
La prerrogativa de conseguir esas seudoofertas no incluye los principales destinos del país, donde se concentra la mayor proporción de viajeros frecuentes y de buen poder adquisitivo: Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata, por ejemplo, no estarán alcanzados por la garantía de tarifa mínima. Sistema que, por otra parte, requerirá un estricto control del Estado para cumplir su propósito. Pero la denominada tarifa aérea social involucra, en particular, a destinos que cubre Aerolíneas Argentinas y en los que tiene poca o ninguna competencia.
Originalmente, Del Punta y Fernández abrazaron la idea de favorecer a todos los usuarios del país con el nuevo régimen. Pero el proyecto entraba en colisión con aquel decreto en el que hasta el propio Eduardo Duhalde consideró que el sector estaba en una situación crítica y quería recomponer ingresos.
Transporte promete también instrumentar un régimen de bandas horarias que impediría superponer vuelos. De concretarse esta idea, los viajes al mismo destino deberían tener entre sí una distancia supuestamente no menor a una hora. La cuestión, tal vez, es de qué manera y a qué compañía aéreael Gobierno forzará a desplazarse del horario más atractivo hacia otro que, por razones comerciales, puede resultar menos favorable.