Hay indicios de que el secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, y Aerolíneas Argentinas, hoy en manos del hispano grupo Marsans, no tienen una relación demasiado amigable. Valga de ejemplo que la empresa privatizada acusó penalmente al funcionario por haber autorizado a un Boeing de Southern Winds a cubrir la ruta Buenos Aires-Miami, en la que AA también opera. Luego de que Estados Unidos degradara a los aeropuertos argentinos por la falta de seguridad, no se podía aumentar la frecuencia de vuelos a ese país. Pero SW encontró una fórmula, que fue convalidada por Transporte: se asoció para cubrir el tramo a una compañía nórdica, de modo tal que aterriza en territorio norteamericano con una bandera que no es argentina. Ante la irrupción del nuevo competidor, Aerolíneas denunció ante el juzgado de Jorge Urso los términos de aquella asociación y acusó a Del Punta así como a su jefa de gabinete, Alba Thomas Hatti, de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según argumentan los apoderados de Aerolíneas (ex funcionarios menemistas), el Código Aeronáutico Argentino inhibe al gobierno de avalar aquella operatoria, denominada wet lease y por el cual se habría escindido el control operacional (Air Atlantic) del explotador comercial (SW). Transporte asegura que Urso falló a su favor, dictamen que Aerolíneas habría apelado. Pero ni en esto hay acuerdo. Anoche, la empresa aérea negó ante este diario conocer, siquiera, un pronunciamiento del juez.