Ante las dificultades para sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno está empeñado en demostrar que puede trabajar por el largo plazo y alentar la reactivación sin desvelarse por el riesgo de extender el default a los organismos multilaterales. En el marco de esta estrategia, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, firmó ayer frente a las cámaras de televisión un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo por el que esta entidad se compromete a prestarle a la Argentina 200 millones de dólares para obras viales y mejoras de pasos fronterizos. El anuncio, reforzado por la presencia del titular del BID, Enrique Iglesias, parece apenas el primer punto de la agenda reactivadora. El otro podría ser el plan de obras públicas, con eje en la construcción de viviendas. Todo, a espaldas de la suerte que corra el acuerdo con el FMI.
En otro momento estaría lejos de ser un gran anuncio. Pero ahora, ante la perspectiva cierta de ampliar la cesación de pagos, es difícil no interpretar este compromiso del BID como un virtual aval a la gestión duhaldista. “Estamos muy absorbidos por la coyuntura, pero es muy importante no perder de vista el largo plazo”, recomendó ayer Iglesias, en sintonía con lo que minutos después subrayaba Lavagna. El máximo responsable del BID rehusó conjeturar sobre cuál sería la posición de la entidad si, llegado el 14 de noviembre, la Argentina no hubiera cerrado un acuerdo con el Fondo ni pagado el impostergable vencimiento que ese día tiene por un préstamo del Banco Mundial. Pero aclaró expresamente que los proyectos de inversión como el alumbrado ayer “no están sujetos a ninguna negociación con el FMI”.
El acuerdo de cooperación rubricado ayer en el Salón de Cuadros del Ministerio de Economía no es un préstamo condicionado a la aplicación de determinadas políticas o al cumplimiento de ninguna meta macroeconómica. Exige, simplemente, una contrapartida local: para que el BID desembolse en el curso de los próximos seis años 200 millones de dólares, el Tesoro nacional deberá aportar otro tanto, equivalentes a alrededor de 700 millones de pesos al cambio actual.
El dinero será utilizado para el mantenimiento de 1000 kilómetros del Sistema Vial Nacional, infraestructura en puestos fronterizos y, además, para “mejorar la gestión operativa de Vialidad Nacional”, según el comunicado difundido ayer por el propio BID. De esta manera, el Gobierno encontró una vía para reforzar parte del presupuesto destinado a obra pública, sin que esto vaya en detrimento de otros sectores que también dependen del presupuesto nacional.
Economía hoy dispone del 60 por ciento del Fondo Fiduciario de Infraestructura que, con un impuesto sobre el gasoil, recauda entre 80 y 100 millones de pesos por mes. Con bastante discrecionalidad, el administrador de esos recursos destina una porción minoritaria al mantenimiento rutero y el grueso a subsidiar a los concesionarios de peaje de rutas nacionales. Estos, en el último año, cobraron más de 400 millones de pesos por subvenciones, lo que deja un margen relativamente magro para instrumentar ya un plan vial ambicioso.
Lavagna, el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, y el propio Eduardo Duhalde saben que la construcción tiene un efecto multiplicador e impulsa rápidamente a otros sectores ligados. Con la misma celeridad genera puestos de trabajo, aunque sean precarios. También tienen presente que se trata de uno de los rubros más castigados por la recesión que lleva cuatro años y por eso hay un genuino empeño oficial de motorizarlo.
Quizás alguien pueda considerar que las proyectadas inversiones en infraestructura son parte del Plan B, alternativo a la negativa del FMI a admitir, siquiera, una postergación de vencimientos. Pero se trata, apenas, de otra medida de emergencia.