De pronto los deudores hipotecarios se convirtieron en un nudo en la discusión con el FMI. Y el Gobierno decidió cortarlo. Su determinación de no prorrogar la suspensión de las ejecuciones por 30 días dejará, a partir del próximo jueves, a 54.000 deudores en posición de perderlo todo. Ese día vence el último plazo por el que fueron amparados. El Poder Ejecutivo y el Congreso habían acordado estirar la protección por otro mes, pero Roberto Lavagna terminó imponiendo su posición de cancelar el beneficio. Lo hizo en respuesta a una exigencia del organismo de crédito. Pasado mañana se reu-nirá con los banqueros de ABA y Abappra para acordar que no haya ejecuciones compulsivas.
Si bien no hay datos precisos de cuántas personas están en mora, una estimación que circula en el Parlamento sitúa a las deudas bancarias y no bancarias exigibles por arriba de los 10.000 millones de pesos. De ese total, los trámites judiciales avanzaron hasta poner al borde de la ejecución a 54.000 viviendas, locaciones de pymes y campos.
Lavagna mencionó anoche que “el último obstáculo” en la negociación con el FMI era la prórroga de la suspensión de las ejecuciones y que por eso se resolvió no aplicarla. En Economía resaltaron que Eduardo Duhalde respaldó al ministro. Esa precisión intentó ser un escudo contra el enojo del ala política del Gobierno y del Congreso. En el primer caso, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, había confirmado anteayer que la prórroga seguiría por lo menos hasta el 14 de diciembre. Ayer tuvo que desdecirse.
También tuvo que bajar el acuerdo al que había llegado con la bancada justicialista de Diputados a mediados de esta semana, consistente en mantener la protección por otro mes mientras se discutía un proyecto de ley para resolver el problema. El ministro del Interior, Jorge Matzkin, había sido otro de los funcionarios que participaron de esa negociación y que ahora se ve en un aprieto.
El enojo es todavía mayor en el Congreso. La idea original de los diputados era aprobar una prórroga por 180 días, pero terminaron concediendo que fuera por 30. Al encontrarse que se quedaron sin nada, ayer varios legisladores pidieron insistir con su propuesta inicial. Así lo hizo el diputado Julio Solanas, uno de los autores del proyecto, quien acusó al FMI de estar “representando los intereses del sistema financiero”.
La mayor cantidad de deudores morosos son los que tomaron créditos hipotecarios. En segundo lugar se ubican los productores rurales y, en tercero, empresarios pymes del comercio y la industria. Los bancos con mayor porcentaje de cartera irregular son el Nación y el Provincia, y del sector privado, el Galicia, Río, BBVA Francés y Citi.
La conducción del bloque de diputados del PJ negociará durante el fin de semana con el Gobierno para buscar una solución al tema. Existe una fuerte presión de varios legisladores de esa bancada para avanzar con la prórroga por 180 días, y en el Senado también hay quienes consideran que debería aprobarse esa propuesta. Una solución intermedia que propone el Ejecutivo es un proyecto que imponga la mediación obligatoria. Esto quiere decir que deudores y acreedores deberían sentarse en una mesa para establecer una reestructuración de los pasivos. En caso de no llegarse a un acuerdo, el Estado intervendría como mediador y ordenaría una solución que satisfaga a las dos partes. Sin embargo, desde Economía no están convencidos con esta idea y dicen que cualquier solución debe contemplar mecanismos de mercado.