Si se frustran las audiencias, las tarifas de servicios públicos aumentarán a través de un decreto de necesidad y urgencia. La decisión oficial fue admitida ayer por Roberto Lavagna ante los empresarios congregados aquí por el coloquio de IDEA, quienes también escucharon de boca del ministro de Economía otro anuncio auspicioso, esta vez, para las petroleras, básicamente para Repsol-YPF: las empresas que exportan tendrán que comprar el gas a precio libre, es decir, a valor dólar. En el mismo escenario, sintetizó cuál es el gran punto de la discordia con el FMI: con las actuales previsiones presupuestarias, Argentina no podrá comenzar el repago de su deuda, aunque a ésta le apliquen una fuerte quita.
Luego de hacer un tedioso repaso de los logros de gestión –esos que habrían generado el “veranito” a conservar– el ministro respondió una extensa lista de preguntas de buen ánimo. Quizás a sabiendas de que si bien el empresariado no le profesa especial simpatía, en general lo respeta como un técnico lúcido y bienintencionado.
La decisión de sacar por decreto el aumento de tarifas no sorprendió a las privatizadas. Las empresas ya especulan con esta alternativa que, sin embargo, tampoco las conforma del todo. “No nos gusta vernos involucrados en un decreto”, se quejaba ayer el vocero de Edenor, de las únicas empresas que no presentaron pedido de ajuste para esta segunda ronda de audiencias públicas con riesgo de abortar por orden judicial.
Minutos antes, Lavagna había desmenuzado el criterio de su cartera para resolver el tema. Uno: todas las privatizadas cubren costos operativos y algunas tienen ingresos suficientes para pagar hasta una porción de su deuda. Dos: por eso no es un tema urgente ni es factible otorgar un aumento generalizado y alto. Tres: el ajuste sí es necesario, aunque no factible en la envergadura que aspira el Fondo.
“Lo que no está dispuesto el Gobierno es a cubrir un exceso de endeudamiento en que incurrieron algunos accionistas para comprar la empresa”, sentenció Lavagna. Ningún adjudicatario se atrevería a contrariar una regla de sentido común. Pero a muchas prestadoras –con representantes en el coloquio marplatense– les incomodó sentirse aludidas en una maniobra ajena. “No somos nosotros”, se defendía ayer ante Página/12 el molesto director de una privatizada.
Aunque el ministro no lo precisó, de llegar al decreto, éste admitiría ajustes muy por debajo de la aspiración empresaria plasmada en los pedidos escritos. Tanto una como otra parte saben que frente al actual derrumbe de ingresos y con la creciente morosidad es inaplicable cualquier suba pronunciada. “Las telefónicas perdieron este año un millón de usuarios: eso marca un límite”, razonó el hombre de Economía.
Ante otra pregunta que ofició de disparador, Lavagna también admitió que está a la firma del Presidente un decreto que libera el precio de gas en yacimiento para exportadoras y así les permitirá a las productoras vender a valor dólar a sus grandes clientes que tengan ingresos en divisas. La norma atiende un reclamo que formularon con fuerza los directivos de Repsol-YPF tanto como los de Pérez Companc y suscribe de hecho la filosofía sustentada por todas las empresas gasíferas de tener una política de precios que diferencia a clientes “pudientes” de los que no lo son.
Más difícil es complacer al FMI y cerrar un acuerdo que parece imposible. El quid de la cuestión, sintetizado por el propio ministro, es que el plan presupuestario para el año 2003 no deja espacio para repago de la deuda a renegociar, aun en el caso de que ésta sea reducida con una quita importante. En el terreno técnico, un punto de la discordia serían unos 3500 millones de pesos que el duhaldismo pretende dejar en una cuentacontingente como reserva para el próximo gobierno –presuntamente de su mismo signo– y los técnicos fondomonetaristas aspiran sean destinados a honrar compromisos. La propia dureza oficial, confesó, también traba el acuerdo. “No vamos a firmar nada incumplible.”
Sus anfitriones soñaban con escuchar el anuncio de un acuerdo que dé algo de certidumbre al horizonte económico y político del país. Con menos ansiedad, un alto directivo de Moody’s descontaba ayer que ese pacto finalmente se cerrará. Para ello, especulaba ayer el calificador, sólo basta que la administración de George Bush ordene la firma.