Mientras las distribuidoras de luz y gas esperan instrucciones escritas sobre cómo dar marcha atrás con los ajustes tarifarios, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió ayer a defender la decisión oficial. “Es un traspié positivo para que se sepa cuánto invierten todos los argentinos para que las tarifas tengan el valor que tienen”, interpretó el funcionario, aludiendo al costo fiscal de esa marcha atrás: 493 millones de pesos, según indicó. Los usuarios que aún no pagaron sus facturas con incrementos pueden pedir que se las recalculen. Anoche, las distribuidoras gasíferas estaba reunidas con funcionarios del Ministerio de Planificación analizando la cuestión.

Hasta media tarde de ayer aún no estaban las instrucciones por escrito que esperaban las empresas para iniciar la refacturación sobre la base de los criterios anunciados el miércoles por Julio De Vido. Según esas pautas, se suprimió el cargo del gas y los nuevos valores de las tarifas eléctricas íntegramente durante lo meses de junio y julio y parcialmente para agosto y septiembre, cuando sólo tendrá vigencia un 30 por ciento de esos conceptos.

Esto obliga a refacturar y a devolver los importes que hubiesen sido cobrados como “excedentes”, al aplicar el cargo y los cuadros tarifarios por ahora suspendidos. Los usuarios que tuvieran las boletas en su poder y aún no las hubiesen abonado pueden acudir a las oficinas comerciales de las distribuidoras de luz y gas para pedir que recalculen el importe. O bien pagarlas y esperar luego la devolución, que se hará efectiva bajo la forma de un crédito a cuenta de los futuros consumos: el usuario no recibirá el efectivo.

Para el bimestre en curso regirán sólo parcialmente los conceptos que fundan los ajustes. Sobre la base que agosto puede ser un mes de mucha demanda de combustible porque todavía se extienden las bajas temperaturas, es factible que los clientes reciban facturas con aumentos notorios, pero nunca tanto como los que se consignaron en las que ahora deben recalcularse.

“El Estado hizo el estudio (del impacto tarifario). Pero a veces hay situaciones no deseadas que afectan de manera distinta, y entonces resulta mejor frenar la situación”, sostuvo el jefe de Gabinete, tratando de explicar el porqué de la marcha atrás. El Estado aporta lo que se exime de pagar a los usuarios de mayores consumos. Esta, sin embargo, es una medida provisoria, ya que a partir del primero de octubre vuelve a regir en forma plena tanto el cargo como los aumentos en las tarifas eléctricas, que tienen por finalidad recaudar fondos con destino a las productoras de gas y a las generadoras.

También sobrevivió el reciente acuerdo suscripto entre la Nación, Neuquén y Río Negro y el sindicato de petroleros de esas jurisdicciones. Este acuerdo desvió a las productoras de gas el 50 por ciento de lo que se recaudase con el cargo, condición para que éstas reintegraran a varios centenares de despedidos y dieran marcha atrás con otros telegramas ya alistados. El diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino José Brillo celebró que este pacto esté vigente, a pesar de la suspensión de aquellos conceptos.

La decisión de suspender por los meses fríos la vigencia de las subas implica alivianar la carga de los usuarios que consumen más de 1000 metros cúbicos anuales en promedio o más de 1000 kilowatt/hora en el bimestre. Como contrapartida, el Estado aporta los fondos para compensar al sector mayorista, evitando el traslado a las tarifas finales.