Por si algo faltaba para complicar la gestión de Aerolíneas Argentinas y Austral, los técnicos nucleados en APTA acusaron a los pilotos, congregados en APLA, de “sabotear” el servicio. La imputación fue en respuesta a una carta del gremio de los comandantes, que habían denunciado fallas de mantenimiento que comprometían la seguridad de los vuelos. Este cruce entre los dos sindicatos con más peso dentro de la empresa tiene como marco una reciente iniciativa del nuevo presidente, Mariano Recalde, que prevé medidas disciplinarias para los trabajadores que no colaboren con la política de evitar cancelaciones y de mejorar la puntualidad.

Los acontecimientos que reavivaron la histórica rivalidad entre los sindicatos liderados por el ex subsecretario de Política Aerocomercial, Ricardo Cirielli (APTA), y Jorge Pérez Tamayo (APTA) tuvieron lugar los tres primeros días de mayo. Entonces se acumuló una cantidad inédita de cancelaciones de viajes por fallas técnicas, reportadas por los pilotos desde distintos lugares del país y del exterior.

Sobre esta base, Pérez Tamayo despachó una carta dirigida al ex titular de Aerolíneas, Julio Alak, para denunciarle su preocupación por la proliferación de desperfectos, que consideró de “suma relevancia, ya que afectan seriamente la seguridad de vuelo”. Del mismo modo, hizo responsable al directorio de la compañía por las consecuencias de no tomar medidas para solucionar el problema a su juicio originado en el área de mantenimiento.

Alak ordenó entonces una investigación. Según sintetiza APTA en un comunicado, ese informe consigna que “de los 48 reportajes que se presentaron entre los días 1, 2, y 3 de mayo se pudieron confirmar las fallas en sólo 4 casos, lo que equivale a un 8 por ciento” de las fallas reportadas. Este resumen alimentó la sospecha de Apta de que las fallas acusadas en los equipos sólo fueron simuladas por los pilotos con el presunto objetivo de presionar a la empresa por alguna cuestión puntual.

Abonando esta teoría, está el hecho de que los problemas fueron reportados siempre desde terminales lejanas a Ezeiza, con la consiguiente dificultad en su resolución. “Los graves trastornos fueron adrede por parte de APLA para mantener el control de todas las áreas de la compañía”, dice un reciente texto de los técnicos.

Cirielli es más elíptico a la hora de conjeturar sobre el móvil que llevaría a los pilotos a encarar ese presunto sabotaje. Pero no tiene dudas de que Tamayo anhela acrecentar el predicamento que tiene desde hace tiempo sobre la conducción de la compañía y que ahora estaría comprometido por los nuevos vientos que soplan con la llegada de Recalde. “No cuestionamos que hagan asambleas o medidas gremiales. Pero no es posible que nos responsabilicen a nosotros por problemas que ellos generan”, se defendió ayer el titular de APTA ante Página/12.

El presidente de Aerolíneas tomó al menos un par de decisiones polémicas para los dos gremios en pugna, en particular para APLA. No sólo pretende instrumentar sanciones para aquellos trabajadores que muestren falta de colaboración para mejorar la puntualidad, sino que decidió suspender la capacitación de los pilotos en el exterior. Algo que tiene implicancia directa sobre las remuneraciones de éstos. Estas medidas forman parte de un programa para dotar de transparencia a la administración de la empresa llena de rincones opacos, tal como reconoce el propio funcionario.

Para encarar esa depuración y diseñar un diagrama de negocios factible y conveniente, la conducción de Aerolíneas acaba de celebrar un acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, conocida por sus siglas en inglés, IATA. Esta entidad internacional, integrada por las principales líneas aéreas del mundo, asesoraría al directorio estatal acerca de cómo administrar un negocio delicado en tiempos de crisis. Pero difícilmente pueda brindar apoyo para resolver internas entre gremios que se acusan mutuamente de boicotear el servicio.